Agrupación LGBTI 1969 - Tendencia Santa Fe Capital

CRIMEN DE BARRACAS: EL JUEZ NO DECIDE AÚN SI EL AS*****TO DE TRES MUJERES LESBIANAS FUE FEMICIDIO Y CRIMEN DE ODIO

Escribe Olga Cristóbal

El domingo a la madrugada murió Andrea Amarante (42), la tercera víctima del incendio intencional con el que Justo Fernando Barrientos se propuso matar a las cuatro mujeres que vivían en el mismo conventillo que él, en Barracas, porque eran lesbianas.

Durante meses, Barrientos las había hostilizado -"engendros", "tortas”, “gordas sucias"- y amenazado de muerte. Cumplió. Cuando provocó el incendio, trabó la puerta para que no escaparan. Extrañamente, han trascendido pocos datos sobre Barrientos. Sabemos que es capaz de matar a alguien porque lo incomoda su opción sexual. Pero su nombre tampoco aparece en condenas de primera o segunda instancia del fuero correccional de la última década.

Es llamativo que el juez del caso, Edmundo Rabbione, que subroga el Juzgado N°14, todavía no haya citado al asesino ni haya definido el agravante del crimen de odio en la carátula. Esto significa que tres muertes fueron femicidios agravados por el odio al género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.

Algunos medios dicen que intentará determinar si Barrientos es imputable.

Andrea Amarante estuvo internada en el Hospital Penna con el 75 % del cuerpo quemado. Había sido una de las sobrevivientes del incendio del boliche República Cromañón, en 2004. Sin embargo, nunca recibió atención para su salud mental ni tuvo una reparación económica, ya que no era "parte del padrón de víctimas que el Gobierno de la Ciudad elaboró en 2005", según denunció la Coordinadora Cromañón al conocer lo ocurrido en Barracas (Infobae 12/5).

Antes de Andrea habían mu**to Pamela Cobas (52) y Roxana Figueroa (52). La cuarta víctima, Sofía Castro Riglos (49) ya declaró ante la Policía de la Ciudad. Los contenidos de la declaración de Sofía, así como el resultado de la pericia de la habitación, se mantienen en estricta reserva. La Policía de la Ciudad, por su parte, descartó el uso de una bomba tipo Molotov en el ataque. Esta masacre, sin embargo, no mereció la tapa de los diarios más grandes de circulación nacional.

Los as*****tos han encendido al movimiento de la diversidad sexual y a las organizaciones de mujeres. Esa misma noche, se realizó un memorial en la vereda de la calle Olavarría a donde acudieron vecinos, activistas, asambleas populares.

El viernes pasado, varios miles de personas reclamaron justicia en la Plaza Congreso. Organizaciones de la diversidad sexual, la campaña por el derecho al ab**to, partidos de izquierda, asambleas populares, organizaciones de desocupados, La Poderosa, Movimiento Evita, los sindicatos Sipreba, AGD, Ademys y muchos jóvenes. Trabajadoras despedidas del INADI dijeron que en las últimas semanas el organismo recibía decenas de denuncias de agresiones físicas e insultos a personas GLTTB y en estado de prostitución. Responsabilizaron al Gobierno de fogonear los ataques.

La protesta también llegó a la Feria del Libro. Cuatro días antes de los crímenes, el ultraderechista Nicolás Márquez, amigo y biógrafo de Javier Milei, en una larga entrevista radial había definido a la homosexualidad como una conducta “insana y autodestructiva” entre otras falsedades. La presentación de su libro fue respondida por un escrache al grito de “no es libertad, es un crimen de odio”.

Este lunes hay otro acto y corte de calles en la Plaza Colombia (Av. Montes de Oca 841). “Los discursos de odio por parte del gobierno nacional, apoyados y viralizados por los medios de comunicación afines a su ideología, se materializan en acciones de violencia concretas en la sociedad”, dice la convocatoria.

Mujeres lesbianas, pobres, sin vivienda, con trabajo precarios. Nunca habían tenido un trabajo registrado. Vivían hacinadas y atemorizadas. Fueron muertas por un violento que ejecutó el último tramo de una lista infinita de agravios.

La lucha por justicia para las compañeras es parte de la lucha contra todos los agravios que sufren las explotadas.

13/05/2024

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Declaración de Política Obrera
POR UN 8 DE MARZO CONTRA EL GOBIERNO GOLPISTA Y CONTRA LA GUERRA Y LA BARBARIE DEL IMPERIALISMO MUNDIAL

Escribe Política Obrera

Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos encuentra enfrentando un ataque brutal del gobierno nacional y los provinciales contra nuestras condiciones de vida y la de nuestras familias. Los tarifazos, la hiperinflación y la pulverización del valor de los salarios, las jubilaciones y los ingresos obreros; la quita de los alimentos a los comedores y merenderos populares, han hundido a más del 60% de la población en la pobreza.

Esta situación golpea más duramente a las mujeres trabajadoras, expuestas no solo a conseguir los recursos el trabajo exterior y en el domiciliario, sino también a administrarlos en la mesa. Hay 10 millones de niños y adolescentes bajo la línea de pobreza, un tercio de los cuales, en 2023, comía solo una vez al día.

Más de 800 mil trabajadores dejarán de cobrar salario familiar, prenatal, ayuda escolar; los índices de consumo de carne, leche y pan por habitante son los más bajos en la historia.

El derrumbe del sistema de salud expone nuestras vidas y las de nuestros hijos. Los hospitales y centros de salud estan vaciados, sin profesionales y sin insumos; la salud privada ha alcanzado niveles inaccesibles. Se desplomó la compra de medicamentos (36,7 millones de unidades menos), segun los datos oficiales. Se eliminó la entrega de medicamentos oncológicos.

A todo esto, se suma una ofensiva estratégica contra la mujer: la declarada intención de Milei y su vice de arrasar con nuestros derechos, bajo la cobertura de una ‘lucha’ contra la ‘ideología’ de género. No es, como se presenta, “una guerra cultural”, es una guerra social, para que la mujer quede sometida al despotismo patronal y al despotismo en el hogar. Es uno de los pilares históricos del ‘ajuste’: una mayor desvalorización de la fuerza de trabajo femenina y la liquidación de su independencia personal, para restar fuerza y dividir a la clase obrera y a los trabajadores.

Milei se atreve a proceder con la ‘motosierra’ social contra la mujer por la complicidad de las burocracias sindicales y sociales, históricamente integradas al Estado. En el propio movimiento de la mujer está presente una corriente política amplia asociada a estas burocracias y a los partidos patronales que se encubre con el adjetivo ‘nacional y popular’. Es necesario un movimiento de la mujer trabajadora independiente del estado y los partidos patronales, que ofician de “patriarcado” en el campo político.

Llamamos a movilizarnos este Día Internacional de la Mujer Trabajadora contra el gobierno reaccionario de Milei, golpista y anti-feminista, con la consigna de la huelga general. No hay sector de la clase obrera que no cuente con nuestra presencia; debemos ser la vanguardia que impulse, mediante la agitación y la organización, una huelga general.

Desde Política Obrera, nuestro partido, impulsamos la defensa del derecho al ab**to, al matrimonio igualitario y a la educación sexual, junto al reclamo de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el reparto de las horas de trabajo y la defensa irrestricta del derecho de huelga. ¡Tiremos abajo el DNU/70!

El 8 de Marzo es una jornada de carácter internacional para las trabajadoras; sólo la unidad internacional de las trabajadoras y trabajadores nos puede llevar a victorias duraderas y definitivas.

En la actualidad nos encontramos bajo el fuego de la guerra y la barbarie capitalista. En Palestina y Medio Oriente está masacrando en nombre de la libertad y la democracia. Mujeres y niños por miles son masacrados y ejecutados a diario y miles más han sido heridos de gravedad. En Gaza, están suministrando pastillas para evitar que las mujeres menstrúen, debido a la ausencia de condiciones sanitarias. El genocidio no sólo es contra los vivos, se perpetúa contra las futuras generaciones. La situación en Gaza es una escalada bélica mundial junto con la guerra de la OTAN y Rusia, en Ucrania y África. Las migraciones en masa que producen las guerras imperialistas, habilitan no sólo condiciones de vida infrahumanas, sino, sobre todo, la trata de mujeres y niños.

El 8 de Marzo estamos obligadas a marchar por el retiro incondicional del sionismo de Gaza y Cisjordania y por el sometimiento a juicio a los jefes sionistas y al gobierno imperialista norteamericano por crímenes de lesa humanidad.

Este 8 de Marzo reclamemos el fin de la guerra en Ucrania mediante la movilización internacional de la clase obrera contra el imperialismo mundial y el imperialismo territorial de la oligarquía capitalista del Kremlin. Guerra a la guerra imperialista, cuyo propósito último es el aplastamiento político de los trabajadores de todos los países. Javier Milei ha alineado a Argentina con la guerra imperialista de la OTAN.

Hacia esta jornada internacional, las compañeras de Política Obrera convocamos a poner en pie asambleas en nuestros trabajos y barrios, para organizar las acciones necesarias para imponer nuestras necesidades reivindicaciones y el fin del gobierno del ajuste criminal. Rebelarnos y derrotar el plan de guerra de Milei y los gobernadores contra la clase obrera en Argentina, será un golpe fundamental contra la política criminal del imperialismo en todo el mundo.

¡Mujeres trabajadoras de todos los países, uníos!

03/03/2024

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Ante el tratamiento de la Ley Ómnibus
TODOS AL CACEROLAZO

Abajo el gobierno golpista, el DNU y la Ley Ómnibus. Abajo el protocolo represivo. 100% de aumento para salarios, jubilaciones y asignaciones sociales.
Huelga General.

Miércoles 31/1 - 20HS,
Boulevard Gálvez y Pedro Vittori

Política Obrera
Santa Fe

IGLESIA CATÓLICA: LA "RENUNCIA A LOS FONDOS ESTATALES" ES UNA FARSA

Escribe Olga Cristóbal

Los obispos dejarán de percibir uno de los sueldos que les paga el Estado, un total de 200 millones de pesos anuales. Pero nada dicen de los fondos para la educación católica, que rondarían los mil millones de dólares anuales.

El último día de diciembre, la Iglesia anunció con gran bambolla que dejaba de percibir uno de los aportes económico del Estado, que desde la dictadura militar reciben mensualmente los obispos. La “renuncia progresiva” fue acordada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. (LN 2/1).

Para atenuar sus efectos, antes de irse, mientras bajaba planes sociales y cancelaba hasta la vianda de Navidad de los comedores populares, el gobierno de Alberto Fernández -un besamanos consuetudinario del Papa- “habilitó a arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez a solicitar de manera particular la asignación prevista en la ley”, según informó la Conferencia Episcopal.

Es importante prestar atención a la frase “que se asignaba mensualmente a los obispos” porque la Iglesia seguirá recibiendo enormes recursos del Estado, disimulados detrás de una maraña de leyes, decretos y beneficios impositivos que vuelve casi imposible calcularlos. En el año 2018 -en medio de las escaramuzas por el debate sobre el ab**to- el gobierno de Macri informó que llegaban a 3,5 millones de dólares anuales.

La “renuncia” fue presentada como un avance en la separación entre la Iglesia y el Estado. Patrañas. En principio, el clero ha renunciado solo al decreto 21.950 de Videla, el que paga el sueldo a los obispos y que no representa más de 190 millones de pesos.

Siguen vigentes el 21.540, que dispone que los obispos eméritos -retirados- cobren el equivalente al 70% del sueldo de un juez nacional de primera instancia. El 22.162, por el cual los curas de parroquias de frontera o “zona desfavorable” cobran un sueldo de la categoría 16 de la administración pública nacional. Y el 22.430, que establece que los curas que ejercieron al menos cinco años** reciban una asignación mensual vitalicia **equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia. Todos firmados por Videla.

También se mantiene el decreto 22.552, de Galtieri, por el cual los sacerdotes que cubren vacantes en arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados también cobran el 80% del sueldo de un juez. Y el 22.950, de Bignone, por el cual la Iglesia Católica recibe por cada seminarista el equivalente al sueldo de la categoría 10 de la administración pública nacional. Ya durante el gobierno de Alfonsín, la ley 22.950, de octubre de 1983, ordena que el Gobierno contribuya “a la formación del clero diocesano”.

Solo en salarios cobran del Estado, según las Organizaciones Laicistas Argentinas, 153 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas, por un total de 202.072.246 pesos estipulados en el Presupuesto 2023.

Pero el grueso de los aportes no está en los “salarios”. Una rigurosa investigación de Eduardo Blaustein sobre cómo se financia la Iglesia Católica reveló que “lo abrumadoramente sustancial de lo que el Estado invierte en el sostenimiento de la Iglesia no pasa por los millones derivados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sino por los miles de millones que van a escuelas confesionales”.

Según Horacio Verbitsky, “aunque la Iglesia Católica oculta los detalles como si se tratara de un secreto de confesión, esa suma está entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales. De allí se derivan fondos en forma clandestina para sufragar el funcionamiento eclesiástico, algo que ya denunció Perón hace ocho décadas” (Cohete a la Luna 7/1).

Esta transferencia carece de control porque “desde que en los ’90 se descentralizaron los recursos, el Ministerio de Educación de la Nación no destina recursos con eventuales destinos a privada o pública. Los fondos van a las provincias y éstas deciden su distribución”.

A los salarios y la transferencia vía Educación se deben sumar las exenciones fiscales -que llegan hasta los centros deportivos y salas culturales de la Iglesia e incluyen el no pago de ingresos brutos y ganancias-, otros subsidios educativos y diversas ayudas de carácter nacional, provincial y municipal que perciben la Iglesia católica y sus instituciones.

Por ejemplo: el financiamiento para la faraónica remodelación de sus propiedades en concepto de “obras públicas”: la costosísima restauración de la Basílica de Luján, que inauguró Néstor Kirchner, o la de la Iglesia de San Francisco en la ciudad de Buenos Aires.

El Estado también ha cedido numerosos terrenos, edificios públicos y otros inmuebles que engrosan el inmenso patrimonio inmobiliario con el que cuenta la Iglesia, sin pagar ningún impuesto.

La extraordinaria transferencia de recursos del Estado a la Iglesia durante la dictadura debe leerse como una devolución de favores de las Fuerzas Armadas a su socia privilegiada durante el terrorismo de Estado. La Iglesia no solo distribuyó bebés nacidos en cautiverio sino que ofreció apoyo espiritual en los propios campos de exterminio a los torturadores y a quienes arrojaban desde los aviones a los desaparecidos. No era una alianza local sino avalada desde el Vaticano. Pio Laghi, el nuncio apostólico, era asiduo visitante de los campos de concentración y solía jugar al tenis con Massera.

Los gobiernos democráticos mantuvieron y ampliaron este andamiaje, y lo extendieron a las iglesias evangélicas. E hicieron la vista gorda ante las denuncias de abusos y violaciones en las instituciones educativas clericales. En octubre, la Justicia mendocina absolvió a 9 acusadas de participar en actos de violencia física, psicológica y sexual contra 36 niños, niñas y adolescentes sordos internados en el Instituto Provolo en Mendoza.

La participación de agentes del clero y pastores evangélicos es creciente en el aparato del Estado y transversal a los bloques patronales en el Congreso. La prédica de sometimiento y resignación ante las desgracias de la “vida terrenal” en las barriadas, la injerencia clerical en las direcciones de los movimientos de desocupados y sindicales -desde la CGT a la CTA- son sólo otras de las muchas áreas donde la Iglesia funciona como escudera eficaz del régimen social.

El gobierno de Milei también lo sabe. Por eso el Ministerio de Capital Humano y de Salud están controlado por agentes del Vaticano y de las iglesias evangélicas.

7/1/2024

Iglesia Católica: la “renuncia a los fondos estatales” es una farsa - Política Obrera Los obispos dejarán de percibir uno de los sueldos que les paga el Estado, un total de 200 millones de pesos anuales. Pero nada dicen de los fondos para la educación católica, que rondarían los mil millones de dólares anuales. - Política Obrera

UN DNU CONTRA LAS TRABAJADORAS
Escribe Olga Cristóbal

Elimina la doble indemnización por despido de las mujeres embarazadas y de las trabajadoras de casas particulares no registradas.

Cualquier trabajadora sabe que pocas cosas ponen en mayor riesgo el puesto de trabajo de una mujer que el embarazo. Los patrones odian la maternidad que “distrae” la contracción al trabajo y muchas veces los obliga a bancarse licencia por enfermedad del hijo, para los actos escolares, etc. Es una inquina confesa: los exámenes preocupacionales incluyen la famosa prueba para verificar que la aspirante no espera un hijo. En algunos países está prohibido.

Con la lucha de muchos años, la clase obrera consiguió que la Ley de Contrato de Trabajo estableciera una serie de medidas de protección del embarazo y la maternidad (art. 177 y siguientes).

A pesar de estar infestado de tragacirios y evangélicos provida, el gobierno de Javier Milei se valió del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 para arrasar con todas esas medidas, empezando por la “indemnización duplicada” que encarece el despido de las embarazadas.

Según la LCT, cuando el despido se produce desde los siete meses y medio anteriores o posteriores a la fecha del parto se presume -salvo prueba en contrario- que la patronal decidió deshacerse de la trabajadora porque va a ser madre.

En ese caso, el empleador debe abonar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumula a la indemnización que establece el convenio. Esta indemnización “especial” comprende 13 sueldos -12 sueldos más el SAC. En algunos convenios, abarca hasta el segundo año del hijo.

Es tan habitual el despido de las embarazadas que la LCT ni siquiera exige que se haya enviado el telegrama que informa de forma “fehaciente” el embarazo, una vasta jurisprudencia dice que alcanza con probar que la patronal estaba al tanto.

El artículo 78 del DNU elimina el título “Despido por causa del embarazo” y borra el siguiente párrafo que aseguraba la “indemnización duplicada”.

“La mujer que fuere despedida durante los plazos previstos en este artículo tendrá derecho a percibir una indemnización duplicada a la prevista en el artículo 198 de esta ley. Se presume, en tales casos, que el despido obedece al estado de embarazo de la trabajadora, sin admitirse prueba en contrario”, dice el artículo 193 de la LCT, que desaparece en la nueva versión.

Los supuestos defensores del feto y de la maternidad derogaron la indemnización especial y obligan a la “información fehaciente,” dejando vía libre para que la patronal arroje a la calle a las futuras madres.

Por otra parte, en relación con la licencia por maternidad, el DNU mantiene la prohibición de trabajar durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 después del mismo. Pero permite reducir la licencia previa a una cantidad “no inferior a diez días” y acumular el resto después del nacimiento. Un pase libre a los aprietes para que la trabajadora tome la licencia cuando le convenga a su patrón. Antes el mínimo era 30 días.

El DNU 70 elimina también la doble indemnización para las trabajadoras de casas particulares que no estuvieran debidamente registradas. Es un golpe contra las más pobres de las pobres. El trabajo doméstico es el primer empleo de las mujeres en la Argentina: una de cada ocho trabajadoras es empleada doméstica, más de un millón. De ellas, un 80 por ciento o más, trabaja en negro, fuera de toda legalidad, y vive bajo la línea de la pobreza. El DNU elimina una de sus pocas defensas contra el despido.

Otra perlita de la Ley Ómnibus son los cambios a la “Ley de los Mil días”, que Alberto Fernández mandó en 2020 junto con la de la Interrupción Voluntaria del Embarazo para calmar a la Iglesia y los evangélicos.

La Ley de los Mil días otorga a partir de la 12 semana de gestación un subsidio de $20.000 denominado Asignación Universal por Embarazo (AUE) hasta que el niño cumple tres años. La Ley Ómnibus anticipa el subsidio “a la concepción”, traficando un concepto que convierte en criminales a las mujeres que abortan y a los profesionales que las acompañan.
Los defensores de “la vida desde la concepción” son los mismos que despojan de la indemnización a las embarazadas y a las empleadas domésticas, los que pretenden que trabajen con un embarazo de 43 semanas. La hipocresía de la burguesía clerical no tiene límite.

Desde las últimas décadas del siglo XIX, cuando se conformaron los primeros sindicatos anarquistas y socialistas, las trabajadoras hemos salido una y otra vez en defensa de nuestros derechos y en defensa de la familia obrera. Esta vez no será la excepción.

02/01/2024

Un DNU contra las trabajadoras - Política Obrera Elimina la doble indemnización por despido de las mujeres embarazadas y de las trabajadoras de casas particulares no registradas. - Política Obrera

EL CIERRE DE AÑO, UNA TRANSICIÓN POLÍTICA EXPLOSIVA

Escribe Marcelo Ramal

Javier Milei le dio al mensaje de fin de año por cadena nacional el carácter de un ultimátum: intimó a los legisladores a “aprobar la ley ómnibus o rechazarla”, sin margen para modificaciones. Federico Sturzenegger señaló que “más allá de las reformas mismas, [el proyecto de ley] es una reconfiguración en la estructura del poder económico”. El eje de esa “reconfiguración” es la liquidación del derecho del trabajo. La ley es un guante a medida de ciertos lobbyes capitalistas. La ley ´libertaria´ coloca a la clase obrera ante la mayor regimentación estatal (la eliminación del derecho de huelga), pero reserva las libertades para el capital. En favor de esta orientación, Milei ha colocado al Congreso ante un “tome o deje”.

Ante la variante de un eventual rechazo del Congreso, el presidente volvió a agitar el fantasma de la “catástrofe económica” y la “hiperinflación”. Pero la apelación de Milei al abismo comienza a cansar, y no sólo por la reiteración. Ocurre que la “hiper” se instala ahora como resultado de la política oficial, en primer lugar, de devaluación y tarifazos. Luego, por el estallido de la deuda en pesos, a partir del propio salto devaluatorio e inflacionario, y de la fabulosa emisión de moneda dirigida a pagar sus intereses. La inflación resultante ha vuelto a “abaratar” el dólar y las especulaciones sobre una nueva devaluación asoman. Santiago Fioriti, editorialista de Clarín, abre la posibilidad de una situación “dramática” para “marzo o abril” si la inflación persiste, con “salarios rezagados” y “la calle tornándose una pesadilla” (Clarín, 31.12). Milei asocia al inmovilismo con un colapso económico y una rebelión popular, las cuales, sin embargo, asoman como la consecuencia de su golpe de estado económico. El gobierno se sobrepone a su debilidad política -y a la caída de su ascendente popular- con los métodos de un jugador o un especulador bursátil: redoblando la apuesta, o sea, la iniciativa. Al DNU y a la ley ómnibus se sumará ahora un nuevo paquete de reformas para atosigar al Congreso y a la oposición parlamentaria.

La entrega
Mientras los constitucionalistas y los políticos opositores fatigan los canales de televisión con las “inconstitucionalidades” e “irracionalidades” de las iniciativas oficiales, el DNU ya entró en vigencia por defol -el Congreso ni siquiera constituyó la comisión bicameral que debería dictaminar sobre su pertinencia. El decretazo en vigor implica la potencial derogación de los convenios por industria (ultraactividad), la desregulación de alquileres y la puerta abierta para el remate de tierras y la desforestación por la vía de desmontes e incendios, entre otras disposiciones. La veintena de recursos judiciales presentados contra el DNU duermen el sueño de los juzgados. La Corte no abrió la feria para tratarlo; o sea que, de pronunciarse, lo hará después de que el Congreso se expida o incluso vote el DNU (la ley ómnibus prevé su aprobación en uno de los artículos).

La oposición se ha parado frente a la escalada del gobierno en una perfecta pose de impotencia: sabe que la ley ómnibus comporta la anulación política del Congreso, pero marcha inexorablemente a “entregar los puntos”. Milei, en definitiva, no actúa por capricho, sino a cuenta de un planteo estratégico del gran capital nacional y extranjero. Al mismo tiempo, la Corte y la oposición temen que un derrape temprano del gobierno, en condiciones de un Congreso anulado, le abra paso a una lucha de clases abierta y sin la mediación de los aparatos de contención. A esta preocupación, obedece, por ejemplo, la formación en Diputados de un interbloque de ajustadores “republicanos”, donde revistan desde Pichetto hasta López Murphy. El radicalismo ofrece, en términos generales, una variante de ese planteo. En el debate parlamentario que se viene, esa oposición le ofrecerá a Milei habilitarle las reformas reaccionarias de fondo -régimen laboral, deuda externa y una parte de las privatizaciones- a cambio de que el gobierno resigne otras y admita la sobrevivencia del Congreso. En este tome y daca, ingresan las divergencias que abre la ley ómnibus entre diferentes clanes capitalistas, por caso, en torno de las retenciones a la exportación y la administración de las concesiones petroleras y mineras, que Milei-Caputo quieren disputarle a las provincias.

Un compromiso entre Milei y el parlamento, sin embargo, tiene pronóstico reservado: Milei sabe que llegó al gobierno sobre el enorme vacío político dejado por aparatos políticos en ruinas, y no quiere asociarse a ellos. Por eso, explotará hasta las últimas consecuencias la carta de la extorsión plebiscitaria. Para completar el panorama, el mismo Fioriti nos informa de una impensada contribución a la gobernabilidad libertaria -la de Cristina Kirchner, quien desalentó la concurrencia de los dirigentes políticos camporistas a la manifestación de la CGT. El kirchnerismo-pejotismo ha exhumado la consigna “hay 2025”. Sabe que no podría capitalizar un derrumbe prematuro de Milei, porque la experiencia ruinosa de los Fernández y Massa se encuentra demasiado cercana. La “preparación electoral” para 2025 es el pretexto para no hacer olas en medio del golpe de estado económico.

CGT
La decisión de la burocracia sindical de convocar a un paro a un mes vista se inscribe por entero en la política de esta oposición con “tobillera electrónica”. Por sobre todas las cosas, la CGT ha querido tomarse todo el tiempo necesario para negociar el paro -y su eventual levantamiento- con el gobierno, algo que ya está ocurriendo. Las “razones” del aparato sindical no son la de los trabajadores. Es que el DNU liquida la legislación laboral y el derecho de huelga, pero no toca la ley de Asociación profesionales, es decir, al unicato que asegura el dominio de la “casta” al interior de los sindicatos. La cuestión se puso a prueba, de un modo práctico, en la negociación que condujo a que Cavalieri, el secretario vitalicio del sindicato de Comercio, adoptara el “fondo del cese laboral” a expensas de la indemnización por despido. Previamente, el burócrata le arrancó al gobierno una importante precisión: en el nuevo convenio, el ´aporte solidario´ de los trabajadores al gremio, no requiere el “consentimiento explícito” del trabajador, según parecía indicarlo el DNU (Clarín, 31.12). Si esta concesión a Cavalieri se extiende a todos los sindicatos, la burocracia habrá logrado una cuestión fundamental -resta negociar el otro punto que afecta su caja, el de las obras sociales.

La CGT, además, buscará eludir el camino del paro por una razón elemental: carga con la mochila irremontable de su desprestigio. Los trabajadores recelan mortalmente de la burocracia y de sus convocatorias a un punto mu**to. Los compromisos que ya se están tejiendo entre la burocracia y el gobierno acentuarán esa desconfianza. El FIT-U transita las primeras semanas de Milei en el “apoyo crítico” a la CGT y sus anuncios de un semi-paro aislado hacia la nada.

Lo que nos muestra el escenario político, considerado en su conjunto, es una transición histórica de proyección explosiva. Milei ensaya un gobierno de poder personal, no sobre una fuerza política y social propia, sino sobre las ruinas del régimen existente y sus partidos. Los trabajadores, sin embargo, no recorrerán esa transición bajo el encuadre de los aparatos políticos y sindicales en descomposición. En esas condiciones, nuestra política apunta, en primer lugar, a clarificar el carácter explosivo del plan oficial para las masas. A partir de allí, necesitamos colocar las reivindicaciones cruciales: 100% de aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales; adelantamiento de todas las paritarias, abajo el DNU y la ley ómnibus, defensa del derecho de huelga y de movilización. En tercer lugar, promover la constitución de autoconvocatorias, plenarios y coordinadoras, para la preparación de una lucha de conjunto y de huelgas parciales o regionales que la preparen. Al gobierno de Milei y sus camarillas capitalistas, opongámosle la lucha por un gobierno de trabajadores.

31/12/2023

El cierre del año, una transición política explosiva - Política Obrera Javier Milei le dio al mensaje de fin de año por cadena nacional el carácter de un ultimátum: intimó a los legisladores a “aprobar la ley… - Política Obrera