24/10/2026
CÓDIGO 29: La doble moral de quienes piden mano dura
Por
Robert Estepan
Ceo ContraparT Digital
En septiembre, 55 presuntos delincuentes cayeron abatidos por la Policía Nacional. En apenas los primeros 11 días de octubre, la cifra ya sumaba 22. Detrás de esos números hay una expresión que se ha vuelto parte del lenguaje cotidiano: el "Código 29".
¿Qué quiere decir "Código 29"? Proviene de la clave radial interna de la Policía Nacional para indicar la presencia de una persona fallecida o un cadáver en la escena. En el argot popular y en los debates actuales sobre seguridad ciudadana, "ponerlo en 29" se ha convertido en sinónimo de delincuentes que caen abatidos en presuntos enfrentamientos con patrullas policiales, particularmente del DICRIM.
Pero este análisis no se queda en las cifras compiladas por los medios de comunicación, que no son oficiales. Vamos a contrastarlas con los últimos sondeos sobre cuál es la principal problemática de la República Dominicana. A partir de ahí mediremos qué tan cerca o qué tan lejos está la percepción ciudadana de la realidad que registran las autoridades.
LO QUE DICEN LAS ENCUESTAS
Durante 2026, al menos cinco mediciones nacionales han tomado el pulso a la población. En todas, la inseguridad ocupa el primer o el segundo lugar entre las preocupaciones.
En mayo, la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, aplicada a 1,200 personas, colocó el alto costo de la vida en la cima con 42.3 %. Le siguió la delincuencia e inseguridad con 24.4 %. En julio, la misma firma permitió mencionar hasta tres problemas. El costo de la vida subió a 62 % y la inseguridad a 42.8 %. Es una señal de que casi la mitad de los encuestados la tiene presente en su día a día, aunque no siempre sea lo primero que menciona.
La encuesta Gallup RD de finales de abril e inicios de mayo aportó otro ángulo: no solo qué preocupa, sino cómo se evalúa la respuesta del Estado. Un 55 % consideró que el Gobierno ha hecho un mal trabajo en seguridad ciudadana y apenas un 39 % lo valoró de forma positiva. Esto ocurría mientras la aprobación general del presidente Luis Abinader rondaba el 52 %. La seguridad era, entonces, uno de los puntos más débiles de su gestión.
Para octubre, el orden de las prioridades cambió. La encuesta de Markestrategia, levantada del 2 al 4 de ese mes, ubicó por primera vez en el año a la delincuencia e inseguridad como el problema número uno, con 30.2 %. Quedó por encima de la economía (22.6 %), los precios de la canasta familiar (17.8 %) y el desempleo (11.8 %). Sin embargo, si se suman economía y precios, lo económico todavía alcanza 40.4 %, así que ambas preocupaciones conviven muy de cerca.
Esa misma medición registró un repunte en la valoración oficial. El 74.8 % calificó como buena o muy buena la actuación del Gobierno frente a la delincuencia. El llamado presidencial a que los delincuentes "se entreguen o los buscan" fue aprobado por el 88.6 %.
La institución encargada de ejecutar esa política, la Policía Nacional, no sale tan bien parada. En el sondeo de ACD Media del 9 al 11 de octubre, el 50 % de la población expresó una opinión buena o muy buena de la uniformada. Un 46.7 % la percibe de forma negativa. El país está prácticamente partido en dos.
CIFRAS QUE BAJAN, MIEDO QUE PERSISTE
Al contrastar estas percepciones con las cifras oficiales, la brecha es evidente. Según la Policía Nacional, entre enero y febrero de 2026 se registraron 6,838 robos, frente a 9,213 en el mismo período de 2025. La tasa de homicidios bajó a 7.47 por cada 100,000 habitantes. La propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, admitió que la percepción de inseguridad persiste a pesar de esa reducción. Lo atribuyó a que la sensación de seguridad depende de la experiencia cotidiana de cada ciudadano en las calles.
Esa distancia entre lo que se registra y lo que se siente tiene explicaciones concretas. Delitos como los atracos y los arrebatos en la vía pública generan más miedo que su peso real en las estadísticas. Además, muchas víctimas no denuncian, por desconfianza o por considerar que no vale la pena. Y el temor modifica la conducta: un estudio de la UASD basado en datos de ENHOGAR encontró que el 64.5 % de la población evitaba salir de noche por miedo a la delincuencia.
Estos datos no son números fríos. Son la realidad que viven los ciudadanos de a pie. Y esa misma inseguridad ya tocó las puertas de la clase media y la clase media alta, que dentro de sus burbujas también empezaron a sentirla. Basta recordar el violento asalto con arma blanca contra el joven de 23 años Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, la madrugada del 12 de septiembre, en el exclusivo sector Serrallés de Santo Domingo. O el asalto a la residencia del merenguero Julián Oro Duro, donde fue asesinada su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y él resultó gravemente herido. O el más reciente robo en la vivienda del actor y comediante Kenny Grullón, cuyo presunto autor fue capturado al día siguiente y enviado a tres meses de prisión preventiva. Son solo algunos de los casos que la prensa recogió y que causaron conmoción en la ciudadanía.
LA CIUDADANÍA PIDE FIRMEZA
Los números, entonces, hablan con claridad. La ciudadanía no solo teme a la delincuencia; también reclama firmeza. Cuando el presidente Abinader advirtió a quienes tienen órdenes de arresto que "o se entregan o se buscan", el 88.6 % de los dominicanos respaldó ese planteamiento. Tres de cada cuatro aprobaron la actuación del Gobierno frente al crimen.
Y el llamado tuvo efecto. Entre el 17 de agosto y el 21 de octubre, 318 personas buscadas por robos, asaltos y homicidios se presentaron voluntariamente ante la Policía Nacional. Es la primera vez en el año que la inseguridad encabeza las preocupaciones nacionales y que, al mismo tiempo, la población siente que alguien está respondiendo.
Sin embargo, justo cuando el Estado parece recuperar la iniciativa y el ciudadano honrado empieza a creer que las calles pueden volver a ser suyas, emerge un discurso que invierte los papeles. En ese discurso, el perseguido es la víctima y la autoridad es el victimario.
¿QUIÉN DEFIENDE A LA VÍCTIMA?
¿Por qué ahora se levantan voces en defensa de quienes viven al margen de la ley, cuando nunca las hemos escuchado alzarse por los cientos y miles de víctimas que ha dejado la delincuencia? ¿Dónde estaban esas voces ante la madre que perdió a su hijo por un celular? ¿Ante el motoconchista asesinado por su motor, o el comerciante que cerró su negocio cansado de trabajar con miedo?
Hablamos de individuos que se exhiben desafiantes y arrogantes en las redes sociales, armas en mano. En el argot popular, andan "sin freno" ante la autoridad y ante las buenas costumbres.
Sin embargo, hoy leemos en los titulares cómo prestantes jurisconsultos han elevado querellas y denuncias contra la Policía Nacional y contra su propio director general, el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García. Uno de esos grupos lo acusa ante la Fiscalía del Distrito Nacional por la muerte de 87 personas en alegados intercambios de disparos. Otro lo denunció ante la Procuraduría por supuestamente inducir a los agentes a matar mediante la "clave 29".
Lo hacen por las acciones de fuerza letal contra antisociales que, según los registros policiales, acumulan en su corta existencia un amplio prontuario delictivo y múltiples órdenes de arresto. Esos mismos abogados los presentan hoy como víctimas del sistema, y no como lo que son: víctimas de sus propias decisiones. La pregunta es inevitable: ¿quién defiende a la víctima que no tuvo abogado, ni rueda de prensa, ni querella con constitución en parte civil?
EL PRECIO DE LA DOBLE MORAL
Vivimos en una sociedad marcada por la doble moral. Cuando el crimen nos toca la puerta, exigimos mano dura al Estado y al Gobierno. Pero cuando esas políticas se aplican para devolver la paz y la sana convivencia, las mismas voces gritan "abuso" y evocan el fantasma de Trujillo. Hablan entonces de pérdida de libertades y de opresión de los derechos civiles. No se puede reclamar orden en la mañana y condenarlo en la tarde.
Nosotros somos de los que entendemos que la paz de la mayoría no puede seguir rehén de unos pocos. Quienes riñen con la ley de manera reiterada, y han hecho del delito su forma de vida, no pueden seguir conviviendo libremente con la gente buena de este país. Su lugar no es la esquina del barrio ni la vitrina de las redes sociales, sino frente a la autoridad, respondiendo por sus actos.
Defender a la víctima no es un exceso. Es, en definitiva, la primera obligación de un Estado que se respete.
¿Y tú, qué opinas? ¿Mano dura o garantías? Déjanos tu comentario.
Fuentes: ACD Media, Gallup RD/Diario Libre, Markestrategia/De Último Minuto, Policía Nacional, El Día, El Nacional, Listín Diario, El Caribe.
