Plataforma Cívica por la Independencia Judicial

e al día de hoy España ocupa en el ranking mundial (según el Word Economic Forum on Judicial Independence) el puesto numero 57, detrás incluso de países situados en la órbita del tercer mundo. Un decadente proceso que hace tiempo rebasó los límites de lo democráticamente tolerable y en el que han participado todas las sucesivas mayorías políticas que se han alternado en el Gobierno durante estos lustros guiadas por su común afán de debilitar y reducir a la minima expresión ese contrapoder al que nuestra Constitución encomienda velar por la igualdad de todos en la aplicación de la Ley y por el efectivo respeto a los derechos fundamentales y libertades publicas en ella proclamados. Para denunciar y poner freno a esta situación impropia de un Estado de Derecho y para que la opinión pública tomase plena conciencia de su gravedad, en los primeros meses del año 2010 casi 1500 Jueces y Magistrados de todas las tendencias ideológicas y asociativas decidieron suscribir un extenso documento denominado “MANIFIESTO POR LA DESPOLITIZACIÓN Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL” (fechado a 13-01-2010 y publicado en la red telemática) en el que, tras hacerse un análisis de los principales factores y circunstancias desencadenantes de ese proceso de contaminación política y degradación de la independencia de la Justicia, se proponían 7 objetivos básicos que se consideraban indispensables para restituir al Poder judicial y a cada uno de sus depositarios la independencia y la dignidad exigidas no sólo por nuestra Constitución sino también por numerosos textos europeos e internacionales, el más reciente de los cuales es la Carta Magna de los Jueces-Principios Fundamentales de 17-11-2010 adoptada por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa. Pero esta firme denuncia cívica de los jueces no sólo ha sido ignorada por todas las instancias gubernamentales y fuerzas políticas parlamentarias (la ciudadanía apenas se ha enterado) sino que, peor aún, su reacción ha sido incrementar aún más la intensidad y celeridad del proceso de politización articulando múltiples iniciativas normativas encaminadas a hacerlo irreversible. Por eso, para evitar que este hostigamiento acabe definitivamente con la independencia del tercer Poder del Estado, se hace imprescindible la unión de de toda la ciudadanía, para que no solo LOS JUECES sino TODA LA SOCIEDAD CIVIL se impliquen juntos en este noble objetivo de regeneración democrática. Porque, como dice el propio Preámbulo del Manifiesto, lo que está en juego en nuestro país es nada menos que “la democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en nuestra Constitución”

Porque, como señala la reciente Recomendación (2010) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, “la independencia de los jueces no constituye una prerrogativa o un privilegio establecido en su interés personal sino una garantía de la libertad, del respeto de los derechos humanos y de la aplicación imparcial del derecho”. Porque, como recuerda también esa misma Recomendación (Capítulo 2º.13) “todas las medidas necesarias deben ser tomadas a fin de respetar, proteger y promover la independencia y la imparcialidad de los jueces”. Y porque, como ciudadanos demócratas, no podemos dejar solos en su lucha a esos cientos de jueces y magistrados que tras muchos años de confundir las palabras “silencio” y “prudencia” se atrevieron un día a decir “basta ya” y, siguiendo los dictados de su conciencia, optaron por dar un valiente paso al frente. Porque, como posteriormente ha venido a reconocerles la Declaración de Londres de 4-07-2010 de la Red Europea de Consejos de Justicia, el deber de restricción del juez respecto a su participación en la vida pública cesa “cuando la democracia y las libertades fundamentales estén en peligro”. Y en nuestro país, el derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial que consagra el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos está mucho mas que en peligro. Por todo ello, los firmantes de esta declaración, jueces, juristas y otros profesionales de muy plurales signos ideológicos pero plenamente coincidentes en nuestra común preocupación por la crítica situación en que se encuentra el Poder Judicial en nuestro país, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos en aras a promover un amplio y plural movimiento cívico abierto a todos los sectores de nuestra sociedad que, dotado de una sólida organización, sea capaz de impulsar y conseguir por todos los medios constitucionales y legales a nuestro alcance que nuestra Justicia recupere el PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE que exige nuestro Estado de Derecho, eliminando para siempre de su seno el mas leve atisbo de politización. A tal efecto, en calidad de Promotores y al amparo de la LO 1/2002 de 22 marzo reguladora del derecho de asociación que desarrolla el artículo 22 de la Constitución Española, hemos acordado constituir la asociación denominada “PLATAFORMA CIVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL.” Una asociación de carácter transversal y no profesional, plural, democrática y absolutamente independiente de los poderes públicos y organizaciones políticas, sindicales, empresariales o de cualquier otra índole cuya actividad vaya estrictamente encaminada a esa finalidad mediante la consecución de los siete objetivos básicos proclamados en el Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial y de cualesquiera otros que sirvan o coadyuven a esa misma meta.