Loretta Ortiz Ahlf

06/11/2026

¿Puede una adulta mayor indígena obtener justicia después de estar en prisión preventiva? ¿Qué pasa cuando su género, edad, origen y lengua se convierten en barreras? 🗣️💬👵🚨

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvimos el Amparo Directo 44/2026, un asunto que analiza la importancia de que las autoridades adopten medidas para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Aquí les explico. 👇

📄 El caso.

👵🚔 Una mujer adulta mayor, integrante de una comunidad indígena chinanteca y monolingüe de su lengua originaria, fue sometida a prisión preventiva durante 78 días por una denuncia relacionada con el presunto uso indebido de recursos de un programa social.

Tras recuperar su libertad, solicitó una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, al considerar que había sido privada de su libertad injustificadamente. Sin embargo, después de diversas impugnaciones, la autoridad negó su solicitud y esa decisión fue confirmada por un tribunal.

La mujer promovió un amparo al considerar que las autoridades no habían tomado en cuenta su condición de mujer, indígena, adulta mayor y hablante únicamente de su lengua materna. También señaló que no se habían valorado adecuadamente las pruebas ni las posibles barreras que enfrentó para comprender su participación en el programa social y el proceso en su contra.

🏛️ ¿Qué resolvimos?

Por unanimidad, amparamos a la mujer indígena y ordenamos a la Sala Regional emitir una nueva sentencia que analice el asunto con perspectiva de género, intercultural e interseccional, y tomando en cuenta la edad de la mujer.

1️⃣ Determinamos que la autoridad no cumplió adecuadamente con sus obligaciones probatorias ni valoró las condiciones de vulnerabilidad de la promovente. En particular, omitió considerar las desigualdades y barreras que enfrentaba por ser mujer, indígena, adulta mayor y monolingüe.

2️⃣ También reiteramos que, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado, corresponde a la autoridad demostrar que el daño reclamado no fue consecuencia de una actividad administrativa irregular. Esta obligación debe analizarse con especial cuidado cuando están involucradas personas en situación de vulnerabilidad.

3️⃣ La nueva resolución deberá valorar las pruebas y las cargas procesales sin perder de vista las condiciones particulares de la mujer, así como las medidas necesarias para garantizar su acceso efectivo a la justicia.

𝐋𝐚𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐮𝐫𝐠𝐢𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐫𝐚𝐳𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐞́𝐧𝐞𝐫𝐨, 𝐞𝐝𝐚𝐝, 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧, 𝐥𝐞𝐧𝐠𝐮𝐚, 𝐲 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐚𝐫 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐮𝐚𝐥𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐨𝐛𝐬𝐭𝐚́𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬.

05/11/2026

05/11/2026

¿Pueden los estados decidir cómo se tipifica y sanciona el delito de extorsión? ¿O es facultad exclusiva de la Federación? 🚨🚔💰

Presenté en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de la Acción de Inconstitucionalidad 73/2026 y su acumulada 76/2026, en la que analizamos los límites de las facultades de los congresos estatales frente a la nueva legislación general en materia de extorsión. Aquí les explico. 👇

📄 El caso.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado ante este delito, en octubre de 2025 se reformó la Constitución a fin de facultar de forma expresa al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia. En consecuencia, un mes después se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual tipificó esta conducta y sus sanciones.

Por su parte, el Congreso del Estado de Morelos aprobó una ley estatal en materia de extorsión. Con esta iniciativa, la entidad buscó adecuar su propio marco normativo.

La Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnaron diversas disposiciones de la ley estatal de Morelos, al considerar que el Congreso local había regulado materias que corresponden exclusivamente al Congreso de la Unión.

🏛️ ¿Qué resolvimos?

El Pleno votó a favor de mi proyecto: Determinamos que el Congreso de Morelos invadió facultades exclusivas del Congreso de la Unión e invalidamos las disposiciones impugnadas.

Consideramos que varios artículos de la ley estatal de Morelos regulaban aspectos que ya corresponden a la legislación general, entre ellos:

1️⃣ La definición del delito y sus sanciones: los artículos 7, 13 y 14 abordaban cuestiones relacionadas con la tipificación y sanción de la extorsión.
2️⃣ Las reglas del procedimiento penal y la ejecución de penas: los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 regulaban materias que corresponden a la legislación única en esos ámbitos.
3️⃣ La aplicación supletoria de otras leyes: el artículo 5 establecía un régimen de supletoriedad que los estados no pueden establecer en esta materia.

𝐅𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐨𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧, 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞. 𝐋𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐨́ 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐥í𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐬𝐞𝐚 𝐣𝐮𝐳𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬, 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐭𝐚.

04/11/2026

04/11/2026

La Suprema Corte abre camino a más mujeres al frente de los municipios en Querétaro. 👩🗳️

Hoy, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presenté el proyecto de la Acción de Inconstitucionalidad 104/2026, en la cual analizamos la constitucionalidad de una medida aprobada en Querétaro para impulsar la participación política de las mujeres y abrirles espacios en las presidencias municipales. Aquí les explico.

📄 El caso.

🗳️👩 Un partido político impugnó diversas disposiciones de la legislación electoral de Querétaro que regulan, entre otras cosas, la obligación de los partidos políticos de garantizar la postulación de mujeres para encabezar las planillas de ayuntamientos en al menos dos municipios donde históricamente nunca haya sido electa una presidenta municipal por voto popular.

El partido argumentó que estas reglas afectaban su libertad de organización y la posibilidad de definir sus estrategias para elegir candidaturas.

🏛️ ¿Qué resolvimos?

Por mayoría, el Pleno respaldó mi proyecto: declaramos infundada la acción de inconstitucionalidad del partido político y validamos las disposiciones impugnadas.

1️⃣ Consideramos que la obligación de postular mujeres en al menos dos municipios sin antecedentes de presidentas municipales constituye una acción afirmativa razonable y proporcional, dirigida a revertir la discriminación histórica que ha limitado su acceso a los espacios de representación política.

2️⃣ Esta medida busca alcanzar la igualdad sustantiva y es compatible con la libertad de organización de los partidos, pues esta debe armonizarse con el principio constitucional de paridad de género.

3️⃣ Además, no excluye de manera general a los hombres de las candidaturas ni impone de antemano municipios específicos. Los partidos conservan un margen para decidir dónde implementar la medida, de acuerdo con sus estrategias y niveles de competitividad electoral.

4️⃣ También aclaramos que la obligación no significa sumar automáticamente dos candidaturas adicionales para mujeres ni restringir por anticipado la postulación de hombres. Primero deben revisarse la competitividad y la paridad en los distintos bloques; después, corresponde verificar que se cumpla la postulación de mujeres en al menos dos municipios que nunca han elegido a una presidenta municipal.

5️⃣ De esta manera, la medida permite que los partidos ajusten sus estrategias electorales, sin perder de vista el objetivo de abrir oportunidades reales para las mujeres.

𝐋𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐫 𝐲 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞𝐫 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐡𝐚𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐢𝐝𝐚𝐬. 𝐋𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐥𝐞𝐠í𝐭𝐢𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐮𝐚𝐥𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐫 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐥í𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚.

03/11/2026

30/10/2026

“Los derechos humanos frente al tráfico de armas”.

En mi columna de esta semana para El Universal Online reflexiono sobre la importancia de prevenir el tráfico ilícito de armas y las obligaciones de los Estados para evitar que lleguen a manos de quienes las utilizan para ejercer violencia.

En el marco de la Semana del Desarme de las Naciones Unidas, destaco las iniciativas en México para combatir este problema y la urgencia de fortalecer los mecanismos internacionales de control. Prevenir la violencia armada también es una obligación de derechos humanos.

📰 Les invito a leer la columna completa.

29/10/2026

29/10/2026

¿Las celebraciones justifican el uso de pirotecnia? ¿Qué pasa cuando pone en riesgo la salud de niñas y niños con autismo? 🎆👧🚨

Hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación presenté el proyecto del Amparo en Revisión 73/2026, en el que analizamos la constitucionalidad de la Ley contra el Ruido en Veracruz y los límites que deben existir entre el uso de pirotecnia en las celebraciones tradicionales y la obligación de proteger los derechos a la salud, la integridad y la inclusión de la infancia con discapacidad. Aquí les explico. 👇

📄 El caso.

👧🎇 Una madre solicitó al Ayuntamiento de su municipio, en Veracruz, medidas para limitar el uso de pirotecnia, pues las detonaciones provocaban graves afectaciones a la salud de su hija, una niña con Condición del Espectro Autista (CEA) e hiperacusia, una alteración que genera una sensibilidad extrema a ciertos sonidos.

La madre explicó que los estruendos podían desencadenar crisis sensoriales, conocidos médicamente como crisis de meltdown y shutdown, que afectaban el bienestar físico y emocional de la niña. Sin embargo, el Ayuntamiento se limitó a recomendar que los cohetes se utilizaran dentro del horario previsto en el artículo 10 de la Ley contra el Ruido del estado, que permite su uso durante festividades tradicionales entre las 6:00 y las 23:00 horas, y bajo previa licencia municipal.

Ante la falta de medidas suficientes para proteger a su hija, la madre promovió un juicio de amparo donde cuestionó tanto los actos de las autoridades municipales como la constitucionalidad de esa disposición.

🏛️ ¿Qué resolvimos?

Por unanimidad, el Pleno aprobó mi proyecto: concedimos el amparo a la madre y a su hija, pero mantuvimos la validez constitucional de la Ley contra el Ruido de Veracruz, bajo una interpretación que establece obligaciones concretas para las autoridades.

1️⃣ 🎇 Determinamos que los ayuntamientos no pueden autorizar automáticamente el uso de pirotecnia. Antes de conceder una licencia, deben evaluar las circunstancias de cada caso y determinar si las detonaciones pueden afectar la salud de niñas, niños y adolescentes con autismo e hiperacusia que se encuentren en la zona de impacto sonoro.

2️⃣ 👧 Si existe un riesgo para la salud de niña, niños y adolescentes que no puede evitarse mediante medidas técnicas, la autoridad está obligada a negar el permiso de pirotecnia.

3️⃣ ⚖️ Para hacer efectiva esta protección, las solicitudes de autorización deben permitir que el municipio valore, entre otros aspectos:

⚫ Qué material se utilizará: cantidad, características y potencia sonora de los artefactos.
⚫ Cómo y cuándo se realizará la quema: secuencia de las detonaciones, horario y duración.
⚫ Dónde ocurrirá el evento: ubicación y posibles efectos del ruido en la zona.
⚫ Si existe una festividad tradicional: la autorización debe responder a una celebración o acontecimiento por costumbre.
⚫ Qué impacto tendrá en la infancia con autismo: la autoridad debe identificar los riesgos para la salud y determinar si es posible prevenirlos.

Estas evaluaciones forman parte del deber reforzado de las autoridades de proteger los derechos de la niñez y de actuar conforme al modelo social de la discapacidad.

𝗟𝗮𝘀 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗿𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗮𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀. 𝗟𝗮𝘀 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻 𝘀𝗶𝗻 𝗽𝗼𝗻𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱 𝘆 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱. 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗮𝗻 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱, 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻.

28/10/2026