04/10/2026
La policía que reprime no es la ciudad que prometieron
Por Antonio Medina Trejo*
Hoy, en el Segundo Informe de la jefa de Gobierno Clara Brugada, vale preguntar no solo cuántas obras se hicieron, sino qué tipo de policía estamos construyendo.
El 2 de octubre, a 58 años de la matanza de Tlatelolco, policías capitalinos encapsularon a estudiantes en el Metro Tlatelolco, les quitaron celulares y mochilas —a uno con su laptop—, rociaron gas lacrimógeno durante el trayecto de la marcha y, según denunció el periodista , golpearon y robaron a quien cubría la marcha.
No fue un exceso aislado. Es la misma lógica que vemos todos los días: mercancía arrebatada a niños y madres comerciantes, golpes a mujeres trans trabajadoras sexuales, despojo de artesanías a indígenas, y levantones a personas en situación de calle para "limpiar la postal" turística, o movilización desmedida de la fuerza pública contra estudiantes del IPN o personal médico de instituciones de salud que protestan por las malas condiciones en las que trabajan.
¿Este es el gobierno por el que votó "la mayoría" en la Ciudad de México?
Lo ocurrido el parado 2 de octubre viola la ley vigente:
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, reformada el 24 de enero de 2024, es clara: toda actuación policial debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. El uso de la fuerza es el último recurso y solo procede ante peligro inminente real. Tiene cinco niveles escalonados: presencia, persuasión verbal, reducción física, armas incapacitantes no letales y, solo en alto riesgo, armas de fuego. El artículo 21 obliga a evaluar la situación, informar el motivo de la detención y poner inmediatamente a disposición de la autoridad.
En tanto, el Protocolo de Actuación Policial de la CDMX para manifestaciones, construido con el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y con recomendaciones de la CDHCDMX, establece lo contrario a lo que vimos:
- Se abandona el objetivo de "controlar multitudes" por el de "proteger derechos".
- Prohíbe ordenar y ejecutar técnicas tendientes a encapsular a participantes. La Relatora de la ONU para la Libertad de Asociación recordó que el encapsulamiento solo puede usarse cuando sea necesario y proporcionado, y su uso indiscriminado o punitivo viola el derecho de reunión pacífica.
- Prohíbe a los policías usar celulares para grabar a manifestantes y desapoderar a periodistas o defensores de su material de trabajo, y prohíbe destruir o desaparecer notas o material audiovisual.
- Prohíbe redadas con captura indiscriminada y el uso de cascos, escudos, gas o toletes como armas para agredir.
- Ordena que, ante conflicto, se privilegien medios no violentos: comunicación, negociación y diálogo, y que los actos ilícitos de una persona no pueden atribuirse a todo el contingente.
El protocolo actualizado que el propio gobierno presentó en julio de 2025 dice que si se detecta un objeto riesgoso, se debe abrir diálogo para que sea entregado y, si se niega, canalizar a esa persona a una zona de menor riesgo, no encapsular a todo el contingente.
En Tlatelolco nada de eso ocurrió. Hubo encapsulamiento, gas lacrimógeno constatado por la Brigada Marabunta y la Red Rompe el Miedo, y robo de celulares a quienes documentaban, lo que contraviene las normas vigentes.
La SSC informó que abriría carpetas por la agresión a un reportero, atribuyéndola a "civiles encapuchados", sin explicar por qué sus agentes retiraron mochilas y teléfonos.
No es solo un tema de protocolos. Es un retroceso histórico. El Cuerpo de Granaderos, cuya desaparición pidió el Consejo Nacional de Huelga en 1968, fue declarado extinto en 2018. Hoy regresa con otro nombre, con las mismas prácticas y sus mismas armas represivas.
La Constitución de la Ciudad y la Ley de Seguridad Ciudadana dicen que la policía está para proteger a las personas, no para violentarlas y robarlas. Proteger la protesta, no sofocarla. Cuidar a la niña que vende dulces en el Metro, a la mujer trans, a la artesana mazateca, al joven LGBT, no despojarlos.
, tú eres la responsable política de esa policía. Poner orden no es más encapsulamientos. Es cumplir la ley que ya existe. Es sancionar a quien roba celulares con uniforme, es garantizar que un joven pueda marchar el 2 de octubre sin perder su mochila, y que un periodista pueda cubrir sin ser golpeado.
La memoria del 68 exige que nunca más el Estado use la fuerza para acallar. Si el gobierno presume obras, que empiece por reconstruir la confianza entre ciudadanía y policía. De lo contrario, la ciudad amigable será solo discurso, y la postal bonita, un montaje sobre la represión.
* Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad.
