Diversidad Sexual PRD

Inicia junio, el mes de la diversidad sexual *

Es tiempo de honrar a quienes iniciaron nuestro moviminto en los años 70, cuando no habían leyes ni políticas públicas ni nada que diera seguridad a quienes eran homosexuales, lesbianas o travestis.

Fueron años de represión gubernamental y de una doble moral conservadora que expulsaba a LGBT a la calle o a huir de sus pueblos, ciudades o del país.

Con los años, esos y esas avtivistas se fueron empoderando. La indignación y la razón se convirtieron en una visibilidad que exigía avanzar en un país que se resistía a la democracia.

Los cambios democráticos en México se fueron gestando junto con las propuestas libertarias de nuestros compañeros y compañeras LGBT. Sí, ellos y ellas contribuyeron a la construción de un país que anhelaba la libertad y la democracia.

Han pasado ya 47 años de la primer Marcha del Orgullo de 1979 y hoy gozamos de algunas leyes y politicas públicas incluyentes, además de una presencia pública relevante en medios y redes sociales.

Y no es que hoy todo sea perfecto, al contrario, pero lo que tenemos, con todo y las resistencias desde el poder o en los medios de comunicación, es mucho mejor a la ausencia total que existía en los años en que inició nuestro movimiento.

Las luchas no han sido fáciles y menos nos han sido "regaladas" por el poder politico, donde siempre ha habido resistencias aunque se digan "progres" o de "izquierda".

De hecho, han regateado avances a nuestro movimiento y a todas sus poblaciones, aún con los logros, el acceso a la justicia, a la salud, y a los Derechos Humanos siguen siendo una deuda. Y ya ni hablar de los juanitos y juanitas LGBT o de la usurpación de espacios ganados gracias a las Acciones Afirmativas

A esto hay que agregar que de hace algunos años a la fecha, el activismo (no todo) ha sido cooptado y se ha convertido en clientela de la monedita de oro en el poder. Degradante papel han jugado esos activismos orgánicos.

Por desgracia, muchos activismos han caído en la trampa de la demagogia gubernamental y se han convertido en entes dóciles del poder mayoritario. No obstante, hay quienes se sostienen indepedientes y éticos frente a la seducción corruptora del gobierno, aunque sean los, las y les menos.

Hoy la lucha no puede ceder al discurso complaciente del gobierno y sus activistas que lo avalan, no solo en las mentiras, sino en la destrucción de leyes y estructuras gobernamentales de justicia que permitieron hasta antes del 2018, logros extraordinarios a favor de la diversidad sexual.

Hoy la lucha debe girar en torno a garantizar que los avances en leyes se materialicen en politicas públicas que permitan el acceso a derechos, sin que medie la condición de pasar de ser activista a clientela.

Este mes es de celebración de la diversidad sexual, pero también de protesta por los retrocesos en derechos y libertades ganadas.

Previo a la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Mexico, se debe lograr que el gobierno de la capital del país no venda el espacio público del Zócalo capitalino a la FIFA y nos quite el gusto de llegar con nuestra Marcha y TODOS sus contingentes a la plancha del Zócalo.

Ceder ese espacio simbólico al (muy neoliberal y capitalista) evento de la FIFA, a cambio de quitar a LGBT y mandarnos a otro lugar con nuestra Marcha, contradice el discurso del gobierno de la Ciudad de México a favor de la diversidad sexual.

Ojalá que más allá de olas milticolor o banderas monumentales LGBT para ganar premios Ginnes, se garantizara que TODOS los colectivos y personas LGBT entren al Zócalo para llevar a cabo su evento político y cultural, sin censuras y sin privilegiar a activistas orgánicos.

Junio, el mes de la diversidad sexual 2026, sin duda se visualiza como un mes pletórico de actividades, algunas institucionales u oficialistas, y muchas otras, desde sociedad civil, independientes, lúdicas y contestatarias.

El fin de las primeras veces

Por fin tenemos en pantalla esa Guadalajara que sí viven los g**s tapatíos: la del tren ligero, la del antro, la de las borracheras en las noches locas y los besos que no piden permiso.

Lalo, el protagonista, no es víctima ni culpable de nada, mas que de su íntimo deseo y la súbita libertad de permanecer en la ciudad donde vive sus primeras veces.

¿Él sabía eso? ¡Claro que no!

Esta película es ver la primera vez de un muchacho reflejada sin el filtro de la culpa heteronormada. No suaviza nada, muestra lo crudo, lo tierno y lo sexual tal cual, para recordarnos que también se vale ser gay en esa efímera y cachonda felicidad.

Ve a verla porque hacía falta una peli que diga “esto somos” sin pedir disculpas.

Tal vez esta filme es un abrazo para el joven gay de 18 que fuiste, o para el que apenas va saliendo del clóset en su pueblo donde se dan los machos, y a montón, aunque nadie se dé cuenta.

Estrena mañana jueves 28 de mayo.

Ve con tus amigos, con tu ligue, con tu primera vez.

Mauricio Kuri y el pánico moral anti-trans

Por Antonio Medina Trejo *

El gobernador de Querétaro, Mauricio kuri González, subió un video a sus redes sociales el pasado 25 de mayo en el que anunció que va a vetar la Ley de Identidad de Género que aprobó el Congreso de su estado el pasado mes de abril. La razón, dijo con determinación, porque “permite que niñas, niños y adolescentes puedan cambiar de s**o en su acta de nacimiento según su autopercepción” y “va en contra de los valores, la educación y la integridad de las familias queretanas”.

Su mensaje lo cerró con la frase que ya se volvió slogan para la derecha y ultraderecha internacional: “Con nuestras niñas y niños no se metan”.

El problema es que el gobernador no leyó la ley aprobada por una mayoría de 14 legisladores y legisladoras del Congreso de Querétaro, pues ésta solo contempla el trámite para personas mayores de edad y se detalla que es un procedimiento administrativo ante el Registro Civil, sin juicios, sin hormonas, sin quirófanos, sin intervenir los cuerpos de nadie, sólo busca que las personas trans mayores de edad tengan una nueva acta de nacimiento en la que su identidad de género concuerde con su autopercepción.

Ante las mentiras del gobernador, cabe preguntarse ¿por qué Mauricio kuri insiste en que es para infancias trans esa ley? ¿Acaso es porque el pánico moral vende? ¿O será porque es año preelectoral, y este tema de moralina retardataria polariza y atrae votos conservadores?

Kuri debe saber que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya falló cuando menos en cinco ocasiones a favor de los Derechos de las infancias trans, aunque es preciso subrayar que en el caso de Querétaro el tema de infancias no entró a la ley.

La mismas Corte ha tumbado desde 2023 uno por uno los candados de edad para el reconocimiento de la identidad de género, como en Jalisco, Oaxaca y Estado de México, invalidando fragmentos de la ley que exigían “ser mayor de edad” para rectificar el acta.

Esos requisitos violan los derechos a la "igualdad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género autopercibida", sostuvo la Corte en su momento, al tiempo que explicó que "los procedimientos para niñas, niños y adolescentes deben incluir ciertas salvaguardias, pero no prohibiciones".

El criterio es claro: "condicionar el reconocimiento de identidad de género a la edad viola los artículos 1° y 4° constitucionales". La propia Corte reiteró que sus sentencias “son obligatorias para todas las autoridades del país y su cumplimiento no puede quedar sujeto a criterios políticos o legislativos locales”.

Si la ley de Querétaro efectivamente incluía a menores, Kuri estaría vetando una norma que busca armonizar al estado con la Constitución. Si la ley era solo para mayores de 18 años, como ha ratificado el Congreso, entonces el gobernador miente para justificar el veto y, de paso, bloquea un derecho que la Corte ya protege para personas adultas trans desde la acción de inconstitucionalidad 131/2017.

En cualquiera de los dos escenarios, el veto incurre en falta, ya que desacata la jurisprudencia de la SCJN y desinforma para frenar un derecho ya reconocido. Ambas, a todas luces, son formas de violencia institucional contra un sector históricamente excluido.

El trasfondo: pánico moral

Sin duda, detrás de esa decisión del gobernador hay un conservadurismo que no se atreve a decir su nombre, pues Kuri dice que es un “tema ideológico" que se quiere imponer por la “izquierda radical” a quienes defienden el derecho a la identidad de género y habla desde una superioridad moral de “destruir vidas” y “trastocar familias”.

Ese discurso es el que ha sido usado por grupos de extrema derecha en varios países del mundo y aún en México por feministas conservadoras, que han construido una narrativa más cercana al conservadurismo que a la visión liberal o de izquierda progresista, pues han sostenido que las mujeres trans quieren “borrar” a mujeres heterosexuales y “arrebatarles sus derechos”.

Es común que el conservadurismo, y aún en la “izquierda progre”, conviertan un tema de derechos humanos y libertades en amenazas, recurriendo al pánico moral, en este caso, usando a las infancias trans como víctimas de lo que las TERFs (Acrónimo en inglés de Trans-Exclusionary Radical Feminist-feminista radical transexcluyente) llaman "lobby trans" y las iglesias, junto a la extrema derecha, "ideología de genero".

Esta incongruencia del gobernador Kuri sorprendió a algunos activistas de Querétaro que se fueron con la finta de que (a pesar de ser panista) era "abierto" a los temas de la diversidad sexual, pues en junio de 2022 iluminó Palacio de Gobierno con los colores del arcoíris por el Mes del Orgullo. También firmó en 2024 un convenio con la Defensoría de Derechos Humanos del estado para capacitar a funcionarios en temas LGBT+. En 2025 posó en una colorida y alegre foto en la Marcha del Orgullo de Querétaro.

Esta maniobra del gobernador panista le resta a su partido puntos positivos que en últimas fechas ha ganado con una progresiva apertura en el tema de la diversidad sexual, integrando a funcionarios LGBT en algunos gobiernos, además de asumir la Agenda Libertaria del PRD en las elecciones del 2024, cuando menos con Santiago Taboada en la Ciudad de México y Xóchitl Gálvez a nivel federal, sin olvidar que gracias a esa alianza con la izquierda perredista, surgieron algunos liderazgos abiertamente LGBT como Mike Peñaflor y Erika Bailón, junto a un centenar de panistas de la diversidad sexual, que han abierto poco a poco, con convicción y entereza, la ruta en el PAN para integrar la Agenda LGBTIQ+ a pesar de algunas resistencias.

* Activista gay y Periodista Independiente. Director de la Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad (AMCI).

17 de mayo: la igualdad que no llega

Por Antonio Medina Trejo *

El 17 de mayo no es un día de arcoíris y discursos institucionales. Es un día de memoria y denuncia ciudadana. Ese día de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Hasta entonces, la ciencia sirvió para electroshocks, encierro psiquiátrico, expulsión escolar y despidos laborales “por el bien del enfermo homosexual”.

La OMS corrigió su error y el activismo s**o-diverso tuvo una herramienta para fortalecer su lucha por derechos. El inicio del Siglo XXI trajo nuevos bríos y la comunidad LGBT hizo suyo el 17 de mayo, no como un acto celebrativo sino como una fecha para protestar por la homofobia insertada en espacios de justicia, educación o salud, teniendo a los medios de comunicación como amplificadores del odio y el estigma social.

El 17 de mayo se volvió trinchera desde 2004 en Ciudad de México, y a partir de 2006 el poder legislativo lo propuso para que el Estado mexicano lo sumara al calendario cívico y generar reflexión sobre los derechos y libertades de una población históricamente excluida.

Es así que se fortaleció la lucha colectiva para lograr las uniones entre personas del mismo s**o durante la primera década del Siglo XX. El amor que no osaba decir su nombre se garantizó en las leyes con los mismos derechos de las parejas heterosexuales, al tiempo que en 2008 se lograron la Ley de Identidad de Género y la Tipificación de los Crímenes de Odios por Homofobia.

Estos avances fueron la base para que la lucha de la diversidad sexual continuara su camino a la siguiente década y se expandiera en el resto del país, enfrentando la guerra histórica que sostuvieron sectores del poder político y religioso, además de grupos conservadores, que desde los años 70, ante la visibilidad de las diversidades sexuales, les señalaron desde su doble moral con el dedo flamígero.

La respuesta del activismo LGBT fue “no hay libertad política si no hay libertad sexual”. En ese sentido, la despatologización de 1990 fue fundamental para presionar al gobierno para que actuara bajo los preceptos de la laicidad del Estado mexicano, y no en función de dogmas derivados de visiones retrógradas y excluyentes.

El activismo convirtió en derechos lo que antes fue considerado patológico. El amor entre LGBTIQ+ se fue liberando del asfixiante clóset de todo el siglo XX. Y hoy, cuando el gobierno presume y usufructúa leyes progresistas, es de sorprender que al mismo tiempo regatea al activismo no orgánico el acceso a espacios políticos y merma derechos como el acceso a la salud y la justicia, que siguen siendo una deuda que precariza aún a muchas personas de la diversidad sexual en México.

El 17 de mayo no es para apapachar demagógicamente clientelas. Es un día para emprender acciones gubernamentales reales, con presupuestos que garanticen derechos y libertades de todas las ciudadanías de la diversidad sexual.

*
** Texto publicado en la sección Resuena/Opinión en El Sol de México el 26 de mayo, 2026.

Derechos LGBT+, entre la simulación política y la deuda del Estado mexicano

Por Antonio Medina Trejo *

México ha construido, particularmente desde la Ciudad de México, una narrativa de modernidad democrática y reconocimiento de derechos para las poblaciones LGBT+. Sociedades de Convivencia, Matrimonio Civil Igualitario, Ley de Identidad de Género, Tipificación de Crímenes de Odio y la ley contra todas las formas de discriminación nacieron en la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal a inicios del siglo XX.
Estos logros se han replicado prácticamente en todo el país en lo que va de este milenio.

Por ello, la capital ha colocado al país como un referente regional en materia de diversidad sexual, donde además se ha declarado a la ciudad como GayFriendly a nivel internacional, lo que le ha dado un carácter cosmopolita e incluyente.

Sin embargo, detrás de esa imagen progresista persiste una realidad profundamente desigual, ya que miles de disidentes sexuales siguen viviendo en contextos de violencia social e institucional, discriminación en espacios gubernamentales y de convivencia social, además de exclusión de las políticas públicas.

“Los nadie” LGBT no figuran en foros ni templetes con banderitas arcoíris ni salen tomándose selfies muy sonrientes con funcionarias públicas ni con diputados g**s, mucho menos reciben apoyos clientelares o van a talleres para conocer sus derechos.
Esos y esa “nadie” de la diversidad sexual son indigentes, trabajadoras o trabajadores sexuales, diableros de la Central de Abastos, obreros o LGBT menores de edad que son expulsados de su casa por el odio familiar y deambulan en las calles de la ciudad intentando sobrevivir a la cruel realidad del México conservador y criminal.

Los avances alcanzados durante las últimas dos décadas y media no han alcanzado a un amplio espectro del las poblaciones s**o diversas que no se dedican al activismo y no gozan de las mieles del poder político en turno.
Los logros legislativos y las política públicas que muy a regañadientes emprenden algunos gobiernos, no han sido concesiones espontáneas del poder político.

Fueron producto de años de lucha activista, movilización social e incidencia legislativa en que el activismo fue denunciante y también propositivo. En ese proceso, la llegada de la izquierda al entonces Gobierno del Distrito Federal en 1997, encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), abrió un momento político decisivo para el movimiento de la diversidad sexual que duró hasta antes del 2018.

La apertura de espacios institucionales permitió que organizaciones y activistas comenzaran a dialogar directamente con legisladores y autoridades.

El Primer Foro de la Diversidad Sexual realizado en 1998 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal marcó el inicio de una nueva etapa en la construcción de políticas públicas para las poblaciones LGBTI+. A partir de ahí se impulsaron las reformas históricas mencionadas y otras que han hecho de nuestra ciudad una suerte de laboratorio político de derechos humanos, que hoy muestra rezagos y en algunos casos, retrocesos.

A pesar de ello, casi tres décadas después, la realidad en la capital del país y en la gran mayoría de los estados demuestra que la igualdad jurídica no necesariamente se tradujo en igualdad social, ya que en 2026, México continúa siendo un país profundamente desigual, excluyente y discriminador hacia las personas LGBTI+.

Mientras algunas entidades cuentan con marcos legales relativamente avanzados, otras mantienen resistencias políticas, vacíos legislativos y estructuras institucionales incapaces de garantizar derechos básicos.

El acceso a la justicia, a la salud, a la educación o al empleo digno sigue dependiendo, en muchos casos, del código postal de la persona, del nivel socioeconómico o la identidad de género, pues los datos oficiales sobre discriminación muestran con claridad esa contradicción.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del INEGI, alrededor de cinco millones de personas de 15 años y más se reconocen como parte de la diversidad sexual y de género en México.

Sin embargo, las condiciones de discriminación siguen siendo estructurales. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 documenta que las poblaciones de diversidad sexual y de género continúan enfrentando prejuicios y obstáculos sistemáticos en distintos ámbitos de la vida pública y privada.
La violencia extrema tampoco ha disminuido.

El registro de la organización civil Letra S documentó al menos 60 as*****tos de personas LGBT+ en México durante 2025. Ese dato puede llegar a 180 personas asesinadas por su orientación sexual e identidad de género si se considera el subregistro que siempre ha calculado esa organización.

La mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres trans, el sector históricamente más precarizado y violentado dentro de la diversidad sexual. A ello se suma el incremento de agresiones y desapariciones documentadas por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+, que registró en 2024 cuando menos a 46 personas.

Frente a este panorama, resulta inevitable cuestionar el papel del actual partido gobernante. Morena ha construido buena parte de su discurso público alrededor de la inclusión, los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad sexual. Sin embargo, en la práctica, una parte importante del activismo LGBT+ ha denunciado la manera en que las llamadas Acciones Afirmativas han sido utilizadas políticamente para colocar candidaturas sin trayectoria comunitaria real, o incluso, perfiles ajenos a las luchas históricas del movimiento. El ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, que usufructúa una curul en nombre de la diversidad sexual, es el ejemplo más visible.

La usurpación de espacios destinados a poblaciones LGBT+ no sólo vacía de contenido las acciones afirmativas, también reproduce la exclusión política de quienes durante años construyeron las bases de estos derechos desde el activismo y la sociedad civil. En muchos casos, las candidaturas “representativas” terminaron respondiendo más a intereses partidistas que a las agendas comunitarias genuinas.

La contradicción es evidente: mientras el discurso oficial presume inclusión, muchas personas LGBT+ que han construido los logros que hoy se tienen continúan fuera de los espacios reales de toma de decisiones.

Existe, además, una creciente sensación de utilización clientelar del activismo.

Por un lado, gobiernos incorporan símbolos de la diversidad sexual en eventos públicos, campañas institucionales y actos de relumbrón durante el Mes del Orgullo. Por otro, persisten enormes deudas estructurales en materia de salud pública, prevención del VIH, educación inclusiva, acceso a la justicia, atención a víctimas de violencia y generación de condiciones laborales dignas para poblaciones históricamente discriminadas.

La inclusión convertida únicamente en espectáculo institucional corre el riesgo de transformarse en una simulación política. Así lo demuestra la venta del espacio público del Zócalo a la FIFA, que expulsará la llegada de la tradicional Marcha del Orgullo a ese espacio simbólico que conquistó la diversidad sexual en 1999.

Porque la igualdad no se construye solamente colocando banderas multicolor en edificios gubernamentales ni organizando eventos simbólicos con clientelas seleccionadas previa cooptación. La igualdad se construye garantizando derechos efectivos, fortaleciendo instituciones y permitiendo que las propias poblaciones LGBT+ participen realmente en las decisiones públicas que afectan sus vidas.

México avanzó en el reconocimiento legal de los derechos LGBT+, pero sigue sin resolver las profundas desigualdades sociales que atraviesan a estas poblaciones. El desafío pendiente no es únicamente legislar más, sino garantizar que esas leyes se traduzcan políticas públicas que garanticen vidas más seguras, más dignas y menos precarizadas.

Mientras eso no ocurra, la deuda del Estado mexicano con la diversidad sexual seguirá abierta.

* Periodista independiente y activista LGBT. Director de la Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad (AMCI).

Violencia LGBTfóbica no cede en México

* 60 personas LGBT+ fueron asesinadas en México durante 2025

• Mujeres trans y hombres gay concentran la mayoría de los crímenes

• Activistas denuncian impunidad, omisiones institucionales y falta de políticas públicas eficaces

Ciudad de México, a 13 de mayo, 2026. (AMCI*).- Al menos 60 personas LGBT+ fueron asesinadas en México durante 2025 por el odio LGBTfóbico o el prejuicio relacionado con la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, de acuerdo con el más reciente informe de crímenes de odio por LGBTfobia que lleva a cabo la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, A. C.

De esta cifra, como siempre lo ha planteado esta ONG, puede elevarse a 180 personas debido al subregistro que se da por la falta de información de las instancias de justicia o porque los crímenes no son registrados en su totalidad en los medios de comunicación, que es de donde el voluntariado que hace dicho seguimiento hemerográfico extrae la información.

La cifra de 60 se eleva a 206 cuando se suman los últimos tres años que ha registrado Letra S, que refleja un panorama que activistas y organizaciones consideran alarmante debido a la persistencia de la impunidad y la ausencia de políticas públicas integrales para prevenir estos crímenes de odio LGBTfóbico.

El informe que dio a conocer la organización civil a través de Samuel Jair Martínez Cruz** , advierte que “detrás de cada número existen historias truncadas, familias devastadas y vidas marcadas por la violencia”.

Además, subraya que “muchas víctimas enfrentan un doble obstáculo: la agresión criminal y la indiferencia institucional, pues las autoridades frecuentemente se niegan a investigar la orientación sexual o identidad de género como posibles móviles de los as*****tos”.

De las 60 personas asesinadas en 2025, 35 eran mujeres trans, lo que representa el 58.3 por ciento del total de casos documentados. Con base en datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa estimada de homicidios para mujeres trans alcanzó 23.7 por cada 100 mil habitantes.

En segundo lugar se ubicaron los hombres gay, con 19 as*****tos, equivalentes al 31.6 por ciento de los casos. La tasa calculada para esta población fue de 1.5 homicidios por cada 100 mil personas homosexuales o g**s.

El reporte también registró el as*****to de una mujer lesbiana, un hombre bisexual, una persona muxe, una víctima identificada únicamente como LGBT+, un hombre heterosexual pareja de una mujer trans y otra persona cuya identidad s**ogenérica continúa bajo confirmación.

De acuerdo con los registras hemerográfico del informe, junio fue identificado como el periodo más letal para la diversidad sexual en México, con al menos 12 as*****tos registrados. Entre las víctimas se encontraban siete mujeres trans y cuatro hombres gay.

Además, seis de los casos correspondieron a personas defensoras de derechos humanos y activistas LGBT+, un fenómeno que en los últimos años se ha incrementado, pues la visibilidad del activismo y su capacidad de difusión en medios de comunicación convencionales y redes sociales, ha molestado mucho tanto al gobierno federal como a gobiernos estatales y locales, lo que ha repercutido en violencia criminal contra esta comunidad.

Entre ellos destacan Jesús Laiza e Isaí López, pareja abiertamente gay y reconocida por su activismo en defensa de los derechos de la diversidad sexual en Tizayuca, Hidalgo, quienes fueron asesinados el 29 de junio de 2025 después de asistir a la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México. Sus cuerpos fueron hallados baleados dentro de un vehículo abandonado entre los límites de Hueypoxtla y Tizayuca.

Personas cercanas a la pareja denunciaron que habían recibido amenazas previas relacionadas con su activismo y participación política local, por lo que exigieron investigar el caso como un posible crimen motivado por intolerancia y prejuicio.

Letra S, que ha documentado con el apoyo de jóvenes de servicio social y voluntarios sus reportes desde 1998, identificó as*****tos de personas LGBT+ en al menos 17 entidades del país, siendo Puebla la entidad que encabezó la lista con siete casos, seguida de Veracruz y Guanajuato, con seis as*****tos cada una. Posteriormente se ubicaron Baja California y Jalisco, con cinco casos respectivamente.

El informe también documentó patrones diferenciados de violencia según la identidad de las víctimas. En al menos seis casos de mujeres trans, los cuerpos fueron encontrados en vías públicas y otros seis dentro de los lugares donde trabajaban. En contraste, nueve hombres gay fueron hallados asesinados dentro de sus domicilios.

Las armas de fuego fueron utilizadas en al menos 20 as*****tos, principalmente contra mujeres trans, mientras que las armas blancas aparecieron en 11 casos, mayoritariamente relacionados con hombres gay.

La organización también identificó niveles severos de crueldad: agresiones cometidas por grupos de tres o cuatro personas, víctimas con más de 30 lesiones, cuerpos atados de pies y manos, además de casos donde hay indicios de violencia sexual.

Uno de los casos más impactantes fue el as*****to de Luis M, ocurrido en noviembre de 2025 en un motel de Oluta, Veracruz. Su cuerpo fue hallado con múltiples impactos de bala y en la escena del crimen apareció un mensaje escrito con sangre sobre un espejo. Hasta ahora no existe una persona detenida ni claridad sobre el móvil del homicidio.

Aunque el informe destaca que las autoridades comenzaron a abandonar la narrativa del “crimen pasional” como explicación automática de estos as*****tos, la organización alertó sobre el bajo número de investigaciones formales, pues de los 60 casos documentados, sólo en 14 se identificó una línea oficial de investigación. Ocho fueron clasificados como homicidio calificado, uno relacionado con delitos contra la salud y apenas cinco como crímenes de odio.

La situación es particularmente grave en los as*****tos de mujeres trans. Mientras en 2024 al menos seis casos fueron investigados como feminicidios, pero el gobierno actual y sus procuradurías o fiscalías en 2025 únicamente consideraron que un caso tuviera ese tratamiento con perspectiva de género y diversidad sexual. Un retroceso, sin duda, a la lucha del activismo trans de no ser borrado.

El informe advierte que el debilitamiento de protocolos de transfeminicidio podría estar relacionado con el crecimiento de discursos conservadores y movimientos antitrans (desde dentro de los gobiernos e instancias judiciales) que han presionado para frenar enfoques institucionales basados en género y diversidad sexual.

La persistencia de estos as*****tos evidencia que México continúa sin construir una política pública integral y efectiva para prevenir la violencia contra las personas LGBT+, y que a pesar de tener un Protocolo de Actuación para atender casos de Diversidad Sexual, pareciera que se retrocede en lugar de avanzar, y aunque en los últimos años han existido avances legislativos en materia de derechos y reconocimiento jurídico, éstos no se han traducido en garantías reales de seguridad y acceso a la justicia para miles de personas de la diversidad sexual.

A ese respeto, la Coalición Mexicana LGBTIQNBN+ (que agremia a más de 200 organizaciones civiles de todo México) ha denunciado reiteradamente la ausencia de registros oficiales nacionales sobre crímenes de odio, la falta de fiscalías especializadas con capacidad suficiente, la escasa capacitación de ministerios públicos y policías, así como la inexistencia de campañas permanentes de prevención de la violencia y combate a la discriminación.

A ello se suma que muchas investigaciones continúan realizándose sin perspectiva de género ni diversidad sexual, lo que invisibiliza el componente de prejuicio detrás de numerosos as*****tos.

Mientras el Estado mexicano no consolide mecanismos efectivos de prevención, protección y justicia, los crímenes LGBTfóbicos seguirán arrebatando vidas y profundizando una violencia estructural que persiste, incluso en medio de discursos oficiales de inclusión y diversidad.

* Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad.
** Letra S No. 358 del 7 de mayo, 2026.

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