06/11/2026
FRENTE AMPLIO DE ACCIÓN SOCIAL (FAAS)
Puntos de oposición al Proyecto del Senado 1062
Ley de Equidad Educativa para Estudiantes Inmigrantes en Puerto Rico
El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) expresa su total oposición al Proyecto del Senado 1062, según está redactado, particularmente por contemplar intervenciones de agentes federales de inmigración (ICE y CBP) en los planteles escolares.
Aunque reconocemos sus disposiciones dirigidas a proteger el derecho a la educación y prevenir la discriminación, identificamos las siguientes razones fundamentales de oposición:
1. Presencia de ICE en las escuelas: El proyecto contempla intervenciones de autoridades migratorias dentro de los planteles escolares, sujetas a determinados requisitos. El FAAS rechaza que las escuelas puedan utilizarse como escenarios de detenciones, interrogatorios o procedimientos de ejecución migratoria.
2. Riesgo de trauma psicológico: La sola presencia de agentes migratorios en el entorno escolar puede generar miedo, ansiedad, angustia, inseguridad y respuestas de estrés traumático en niños, niñas y adolescentes.
3. Afectación de toda la comunidad escolar: Las consecuencias emocionales no se limitan a la niñez migrante. También pueden afectar a compañeros, amistades y otros estudiantes que presencien intervenciones o teman la separación de sus familias.
4. Amenaza al desarrollo integral de la niñez: La exposición a experiencias intimidantes puede afectar el desarrollo emocional, social, cognitivo y conductual, particularmente durante etapas críticas del desarrollo.
5. Riesgo de estrés tóxico: La amenaza persistente de detención o separación familiar puede contribuir a respuestas prolongadas de estrés, con consecuencias para la salud física y psicológica infantil.
6. Violación del principio de seguridad emocional escolar: Las escuelas deben ser espacios de protección, confianza, convivencia y aprendizaje, no lugares asociados con persecución, vigilancia o temor.
7. Ningún protocolo elimina el riesgo de trauma: La existencia de órdenes judiciales, notificaciones, acompañamiento legal o restricciones de horario no garantiza la prevención de las consecuencias psicológicas de una intervención migratoria.
8. Amenaza de separación familiar: La posibilidad de detención o deportación de padres, madres o cuidadores puede provocar ansiedad de separación, inseguridad afectiva y alteraciones en los vínculos de apego.
9. Impacto sobre el aprendizaje y el aprovechamiento académico: El miedo y la incertidumbre pueden afectar la concentración, la memoria, la atención, la motivación y el rendimiento escolar.
10. Aumento del ausentismo y la exclusión educativa: Las familias pueden optar por no enviar a sus hijos a la escuela ante el temor de intervenciones migratorias, afectando la continuidad educativa y el acceso a servicios esenciales.
11. Deterioro de la confianza en las instituciones educativas: La presencia de agentes migratorios puede debilitar la relación de confianza entre estudiantes, familias, maestros, profesionales de apoyo y autoridades escolares.
12. Riesgo de discriminación y xenofobia: Las intervenciones migratorias pueden reforzar prejuicios, estigmatización, acoso y exclusión hacia estudiantes por su nacionalidad, idioma, acento, origen familiar o estatus migratorio real o percibido.
13. Mayor vulnerabilidad de estudiantes con diversidad funcional: Los menores con autismo, discapacidad intelectual, condiciones emocionales o dificultades de comunicación pueden experimentar mayores dificultades para comprender, procesar y afrontar situaciones intimidantes.
14. Normalización de prácticas de vigilancia y control en espacios educativos: Establecer procedimientos para intervenciones migratorias dentro de las escuelas puede contribuir a normalizar prácticas incompatibles con un ambiente educativo protector.
15. Contradicción con el interés superior de la niñez: Las decisiones relacionadas con la ejecución migratoria no deben prevalecer sobre la obligación de proteger el bienestar, la dignidad, la seguridad emocional y el desarrollo integral de los menores.
16. Insuficiente protección del entorno escolar: El proyecto no establece una prohibición absoluta de intervenciones migratorias y deja preocupaciones sobre la protección de entradas, salidas, estacionamientos, transportación y actividades extracurriculares.
17. Posible revictimización de estudiantes y familias: Los procedimientos de intervención pueden exponer a menores a experiencias de humillación, miedo, estigmatización y pérdida de privacidad.
18. Consecuencias sobre la convivencia y cohesión social: La presencia de autoridades migratorias puede generar divisiones, desconfianza y temor entre familias y comunidades escolares de diversos orígenes culturales.
19. Insuficiencia de las medidas preventivas de salud mental: El proyecto contempla apoyos psicosociales, pero no garantiza que puedan prevenir los efectos emocionales de las intervenciones migratorias sobre toda la comunidad educativa.
20. Incompatibilidad entre la protección educativa y la ejecución migratoria: Reconocer el derecho universal a la educación resulta insuficiente si simultáneamente se contempla la posibilidad de intervenciones migratorias dentro del mismo espacio que debe garantizar ese derecho.
Posición institucional del FAAS
El Frente Amplio de Acción Social sostiene que ninguna política pública dirigida a proteger a la niñez debe contemplar las escuelas como escenarios de ejecución migratoria.
Reafirmamos nuestra oposición a la presencia de ICE y CBP en los espacios educativos para fines de detención, interrogatorio o deportación, y reclamamos las máximas protecciones legalmente posibles para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes puedan educarse en ambientes seguros, inclusivos y libres de intimidación.
Las escuelas son espacios para educar, cuidar y proteger a la niñez, no para perseguir ni deportar.
Frente Amplio de Acción Social (FAAS)
Puerto Rico | Noviembre de 2026
