27/08/2024
INFORME A LAS BASES
Agosto 2024
Chile vive momentos difíciles. En tribunales vemos las instituciones carcomidas por la corrupción de un sector político específico, que ha bloqueado todas las iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población civil (Reforma Tributaria, Reforma Previsional) y que ha logrado subordinar al Gobierno en su defensa de las ISAPRES, AFP y de la agenda ultraderechista de “la seguridad”.
El negacionismo rampante ha logrado además sepultar la agenda de Derechos Humanos, que originalmente levantaba el gobierno del Presidente Boric.
En un contexto de incertidumbre social, con la ciudadanía mirando impotente como el empresariado tira de los hilos de sus parlamentarios, medios de comunicación e instituciones; a los sobrevivientes de prisión política solo nos queda presionar porque las autoridades elegidas con nuestros votos, cumplan los compromisos asumidos.
NECESIDAD DE PRESIÓN INTERNACIONAL
En esta lógica el Comando Unitario decidió impulsar una estrategia que contempla una ronda de conversaciones con autoridades nacionales y con organismos internacionales para señalar los temas pendientes que tiene el Estado de Chile, en lo que a Reparación a víctimas de graves violaciones a derecho humanitario internacional se refiere.
Es por ello que, a las reuniones sostenidas en julio con el IPS, con el Ministerio de Defensa y con Bienes Nacionales en el mes de julio, este mes reactivamos con fuerza el trabajo en torno a la denuncia interpuesta en el 2017 contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH.
Definido este contexto nos reunimos el 8 de agosto con el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jan Jarab y su equipo asesor. Revisamos con ellos los temas pendientes, los compromisos establecidos con cada autoridad de turno durante gobiernos anteriores y hasta la fecha (2008-2024) –sin que aun se verifique cumplimiento alguno; y como lo estableciera el anterior Representante del ACNUDH, Amérigo Incalcaterra en carta a la presidenta Michele Bachelet en septiembre de 2017, no solo, no se ha escuchado a las víctimas, sino que se han desoído las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, del Comité Contra la Tortura, de diversos Relatores Especiales, que destacan el daño que causan los 50 años de secreto impuesto, la no calificación de personas que sufrieron torturas y confinamientos, -lo que amerita establecer una instancia de calificación permanente-, a lo que se suman las inaceptables presiones a las que son sometidas por funcionarios del Consejo de Defensa del Estado, quienes han logrado fallos indemnizatorios en sus demandas contra el Estado.
Acompañamos un Dossier que acredita las denuncias que hemos hecho llegar a las diversas instancias internacionales y teniendo a la vista que lo solicitamos está debidamente contemplado en la legislación internacional, el Representante de ACNUDH comprometió su apoyo a nuestras gestiones, tanto a nivel nacional como internacional.
A continuación, el 13 de agosto las dirigencias de las organizaciones del Comando Unitario nos reunimos en la Cancillería con el Jefe de la División de Derechos Humanos Tomás Pascual y el asesor jurídico Oliver López, a quien hicimos presente el atraso en la entrega de la respuesta de fondo del Estado de Chile a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha autoridad comprometió la entrega en septiembre de la respuesta de fondo – ya que el Estado de Chile solo ha entregado una respuesta de forma – al sistema interamericano de derechos humanos.
REUNIÓN CON MINISTRO DE JUSTICIA
Y durante la mañana de este 22 de agosto, se llevó a cabo la reunión con el Ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero y sus asesores Rodrigo González y Camila Moya. Luego de exponer y actualizar sobre la deuda del Estado nacional en materia de Prisión Política y Tortura, se le hizo presente al ministro que este 2024, se cumplen dos décadas desde que el presidente Lagos y su ministro Insulza, impusieron silencio de 50 años a los testimonios entregados a la Comisión de Prisión Política y Tortura que funcionó entre 2003 y 2004.
Esta disposición inconsulta solo ha servido para asegurar impunidad a los torturadores y asesinos de la Dictadura, bloqueando con esta medida, el acceso a información relevante a los tribunales para hacer Justicia y Verdad, y así cumplir con el mandato de Reparar integralmente a los sobrevivientes de estas atroces experiencias que, conforme pasa el tiempo fallecen en espera del cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Se señaló que, el propio Ministerio de Justicia en su momento contribuyó en la elaboración de propuestas para una nueva Ley de Reparación (2014), con el apoyo del antiguo Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. También un Proyecto de Ley para terminar con los 50 años de Silencio trabajado en conjunto con diputadas, diputados y asesores jurídicos de la Comisión de DD.HH. de la Cámara el 2019, dirigida en ese período por la diputada Emilia Nuyado; y proyectos formulados por la anterior Subsecretaria de DD.HH. de esa cartera, en el período 2022- 2023. Todos ellos teniendo como prioridad la obligación de poner en el centro del debate y la interlocución a las personas directamente afectadas, según indica la norma en materia de Justicia Transicional.
Destacamos también en el dialogo con el ministro, la inclusión en el Programa de Gobierno, del compromiso de establecer una instancia de calificación permanente para todos los ciudadanos que desde los tiempos de la Dictadura hasta la fecha han sido víctimas de violencia estatal. (Tema que ha sido parte de nuestra Plataforma desde siempre). Esto implica además establecer un Política Integral de Reparación a víctimas, en concordancia con lo que establece la legislación internacional y los Tratados, Convenciones y Acuerdos firmados por Chile.
El ministro Luis Cordero, recibió los documentos que acreditan lo manifestado por las y los dirigentes del Comando, y nos señaló que, si bien se han priorizado otros temas de la agenda de derechos humanos, hay un equipo de alto nivel trabajando un proyecto para establecer una instancia de calificación permanente, en línea con lo que se anunciara próximamente respecto a menores vulnerados.
En cuanto a derogar el secreto impuesto a los testimonios nos planteó que esa es una decisión a resolverse en el marco de las atribuciones presidenciales.
Nos dejó ver que, respecto a las inaceptables presiones que hace el CDE a los querellantes, una vez que ya está a firme una resolución de los tribunales, existe preocupación en el Gobierno, pero destacó que este Consejo es un órgano autónomo del Estado. Ahí es pertinente examinar los límites institucionales que tiene el CDE, lo cual no solo es tarea del Gobierno, sino de los afectados y los organismos internacionales.
Todos estos temas serán informados y debatidos en detalle en el X Encuentro Nacional Unitario a realizarse el próximo 24 de octubre en Santiago.
COMANDO UNITARIO DE EX PP y FAMILIARES