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Prometer miles de millones para rescatar la salud era fácil; conseguirlos está resultando mucho más complicado para el G...
05/11/2026

Prometer miles de millones para rescatar la salud era fácil; conseguirlos está resultando mucho más complicado para el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El plan de choque anunciado por el presidente para enfrentar la crisis del sistema comienza con apenas $500.000 millones asegurados para su primera fase. La cifra contrasta con los cerca de $10 billones que el mandatario había mencionado como magnitud de su apuesta para atender el problema.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que los recursos iniciales permitirán atender medicamentos y procedimientos pendientes de más de un millón de pacientes. La estrategia contempla créditos a las EPS y pagos directos a clínicas, hospitales y proveedores, con el propósito de destrabar las atenciones represadas.

Pero el problema no termina ahí. La propia ministra ha buscado alrededor de $13,9 billones adicionales para financiar las necesidades del sector en 2027. El presupuesto contempla inicialmente $77 billones para salud, mientras Hacienda todavía enfrenta el desafío de conseguir los recursos adicionales.

La diferencia entre los anuncios y el dinero efectivamente disponible deja una pregunta incómoda: ¿cómo piensa cumplir el Gobierno sus promesas si todavía no tiene asegurada la financiación necesaria?

Los $500.000 millones pueden representar un alivio para pacientes que esperan medicamentos y procedimientos, pero no resuelven el desbalance financiero estructural ni garantizan por sí solos la sostenibilidad del sistema.

La salud no se rescata con discursos ni cifras anunciadas: se necesitan recursos suficientes, transparencia y resultados verificables.

¿Estamos ante un verdadero rescate del sistema o ante un plan limitado por la falta de financiación?

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Tres meses después del terremoto, la reconstrucción del Chocó sigue enfrentando una pregunta incómoda: ¿cuándo llegarán ...
05/11/2026

Tres meses después del terremoto, la reconstrucción del Chocó sigue enfrentando una pregunta incómoda: ¿cuándo llegarán los recursos prometidos para atender a las familias damnificadas?

La gobernadora continúa a la espera de la llegada del Fondo Milagro, mientras miles de hogares necesitan soluciones para recuperar sus viviendas y superar las consecuencias de la emergencia.

El panorama es preocupante: cerca de 38.000 viviendas requieren atención. De ellas, unas 7.800 necesitan reconstrucción total y alrededor de 30.000 requieren reparaciones. Las cifras muestran que la emergencia no terminó cuando pasó el movimiento sísmico: para muchas familias, la tragedia continúa en sus casas y en sus condiciones de vida.

Ante la demora de los recursos, la Gobernación ha comenzado un plan piloto en Quibdó con presupuesto propio. También se han identificado cerca de 600 viviendas para nueva construcción, con participación de entidades públicas y aportes privados.

Pero los esfuerzos locales y la solidaridad no pueden reemplazar una respuesta institucional oportuna. Las comunidades afectadas necesitan soluciones concretas, financiación y un cronograma claro. No basta con anunciar ayudas: hay que garantizar que lleguen.

¿Hasta cuándo tendrán que esperar las familias del Chocó para recuperar sus viviendas?

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Las donaciones destinadas a las víctimas de un terremoto no pueden convertirse en una caja negra. Y ahora la justicia ex...
05/11/2026

Las donaciones destinadas a las víctimas de un terremoto no pueden convertirse en una caja negra. Y ahora la justicia exige respuestas.

El Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá amparó el derecho de petición presentado por el senador Alejandro Ocampo y ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por la primera dama Ana Lucía Pineda, responder en un plazo de 48 horas sobre el manejo de los recursos recibidos tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La orden no es menor. La fundación deberá entregar su informe de gestión y los soportes del balance financiero, precisar cuánto dinero recibió, cuál ha sido su destinación, cuándo se proyecta ejecutarlo y cómo verifica que se cumplan las condiciones establecidas por los donantes. También tendrá que informar, de manera agregada, sobre las ayudas entregadas a sus beneficiarios.

La discusión cobra especial importancia porque la organización reportó haber recibido, administrado y canalizado $54.589 millones en donaciones privadas. En un informe publicado en octubre, aseguró que los gastos administrativos sumaban cerca de $11,9 millones y que la mayor parte de los recursos seguía disponible. El 81 % de los aportes, según ese balance, provino de la familia Gilinski y tendría destinación específica para proyectos en Cali.

La decisión judicial no significa que se haya probado un manejo irregular ni que exista una condena contra la fundación. Pero sí deja claro que las preguntas sobre el destino de los recursos deben recibir respuestas completas. La solidaridad de los colombianos merece transparencia, trazabilidad y explicaciones verificables.

¿Consideras que una fundación vinculada a la primera dama debe someter sus cuentas al máximo escrutinio público cuando recibe millones para atender una emergencia?

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El vicepresidente del Gobierno quedó sin respuesta ante una pregunta que toca directamente el bolsillo de los colombiano...
05/11/2026

El vicepresidente del Gobierno quedó sin respuesta ante una pregunta que toca directamente el bolsillo de los colombianos: ¿por qué unos servicios privados de salud pagarían más IVA que otros?

Durante una entrevista con Blu Radio, José Manuel Restrepo fue consultado por la propuesta tributaria que llevaría la medicina prepagada del 5 % al 19 %, mientras las pólizas de salud y los planes complementarios recibirían un tratamiento de exclusión del impuesto.

«No lo sé muy bien, toca con Miguel», respondió, remitiendo la explicación al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Ante la insistencia del periodista, volvió a señalar que había que preguntarle al jefe de esa cartera.

El problema no es solamente que el vicepresidente no tuviera una respuesta. Es que la iniciativa plantea una diferencia que necesita una justificación técnica y pública: ¿por qué se trataría de manera distinta a servicios que permiten acceder a coberturas adicionales de salud?

Hay, además, un detalle que merece atención. El artículo 45 del proyecto de Ley 477 de 2026 incluye expresamente a los planes complementarios y las pólizas de salud entre los servicios excluidos, pero no menciona de manera expresa la medicina prepagada. Esa omisión es precisamente el origen de la controversia tributaria.

La propuesta todavía debe debatirse en el Congreso y los cambios previstos en esta materia comenzarían a aplicarse en 2028 si son aprobados.

Si el Gobierno pretende modificar los impuestos que afectan el acceso a servicios de salud, lo mínimo es que explique con claridad sus criterios.

¿Tiene sentido que el Gobierno proponga tratamientos tributarios diferentes y ni siquiera sus principales funcionarios puedan explicar públicamente la razón?

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella encontró un obstáculo judicial en su intento de reactivar las fumigaciones aérea...
05/11/2026

El Gobierno de Abelardo de la Espriella encontró un obstáculo judicial en su intento de reactivar las fumigaciones aéreas contra los cultivos de uso ilícito. Y esta vez el debate no es solamente político: están en juego la salud de las comunidades, el agua y la protección ambiental del Putumayo.

El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa ordenó mantener suspendido el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, autorizado mediante la Resolución 0007 del 18 de agosto de 2026.

La decisión del 22 de septiembre protegió transitoriamente derechos relacionados con la vida, la salud, el ambiente, el agua y la participación ciudadana. Entre los reparos judiciales están la falta de acreditación suficiente de requisitos ambientales y sanitarios, la identificación de las zonas de intervención y la participación de las comunidades potencialmente afectadas.

El Gobierno no se quedó quieto: el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado impugnaron la decisión para intentar revertirla. El expediente pasó al Tribunal Administrativo del Putumayo, que debe resolver la segunda instancia.

Hay una precisión importante: no se trata de una prohibición definitiva ni de una decisión que haya declarado ilegal toda la política de erradicación. Además, el herbicida contemplado en este plan piloto es glufosinato de amonio, no glifosato.

La pregunta es inevitable: ¿debe el Gobierno avanzar con fumigaciones aéreas sin tener plenamente acreditadas las garantías ambientales, sanitarias y de participación comunitaria?

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La fundación de la primera dama tendrá que responder ante la justicia por las donaciones destinadas a las víctimas del t...
05/11/2026

La fundación de la primera dama tendrá que responder ante la justicia por las donaciones destinadas a las víctimas del terremoto. Un juez de Bogotá amparó el derecho de petición del vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, y ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas entregar información en un plazo de 48 horas.

La decisión exige aclarar cuánto dinero recibió, cómo se están utilizando los recursos, cuál es su destinación, qué controles existen y qué ayudas han llegado a los beneficiarios. También deberá entregar el Informe de Gestión 2026 y los documentos que respaldan su balance. Si algún soporte está bajo reserva, la fundación tendrá que justificarlo.

La controversia gira alrededor de más de $54.589 millones reportados por la organización en donaciones para atender la emergencia del 10 de agosto. Aunque la fundación publicó un informe de gestión en octubre, el fallo pone el foco en la obligación de responder de manera concreta y documentada las preguntas sobre la administración de esos recursos.

El caso plantea una exigencia elemental: la solidaridad de miles de personas no puede convertirse en una caja negra. Cuando una campaña promovida desde el entorno del poder recibe aportes millonarios para atender una tragedia nacional, la transparencia no es un favor: es una obligación.

¿La fundación debe publicar toda la trazabilidad de las donaciones para que los colombianos puedan verificar su destino?

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La crisis ya está pasando factura: miles de restaurantes bajan sus persianas, los trabajadores pierden sus empleos y aho...
05/11/2026

La crisis ya está pasando factura: miles de restaurantes bajan sus persianas, los trabajadores pierden sus empleos y ahora una nueva reforma tributaria amenaza con aumentar todavía más los costos del sector gastronómico.

Guillermo Gómez París, presidente de la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga), reveló que hasta septiembre de 2026 se habían registrado 4.400 cierres de establecimientos formales en Colombia. La cifra superó ampliamente los 3.100 que el gremio proyectaba para todo el año.

La alarma es mayor: Acoga estima que octubre podría haber terminado con 5.000 cierres y que diciembre podría encontrar al país con 6.500 restaurantes o más fuera del mercado.

Detrás de esta crisis hay números preocupantes. Los ingredientes pasaron de representar el 35 % al 43 % del costo de un plato, mientras la nómina ya absorbe entre el 35 % y el 37 %. Según el gremio, el empleo formal del sector se ha contraído cerca del 28 %, equivalente a unos 327.000 puestos de trabajo.

Y cuando los negocios todavía intentan sobrevivir, la Ley de Rescate Económico propone aumentar los impuestos a licores, vinos y aperitivos, elevar el IVA al 19 % para estos productos y modificar la tributación de cervezas y bebidas endulzadas.

El problema es que bares, restaurantes y cafeterías compran y comercializan estos productos. Si los mayores impuestos se trasladan a sus costos de adquisición, podrían enfrentar otra presión sobre sus márgenes o sus precios.

No se trata de desconocer la necesidad de recaudo, sino de preguntar si el Gobierno está midiendo el impacto de sus decisiones sobre los pequeños negocios y los empleos que sostienen.

¿Tiene sentido aumentar las cargas tributarias de un sector que ya advierte que está luchando por sobrevivir?

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La cuenta del rescate económico podría terminar llegando a los hogares colombianos, incluso cuando algunos de los grande...
05/11/2026

La cuenta del rescate económico podría terminar llegando a los hogares colombianos, incluso cuando algunos de los grandes beneficiarios serían las empresas y el sector financiero.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado Ley de Rescate Económico, con una propuesta que abre un fuerte debate sobre quién gana y quién paga en esta reforma tributaria.

El artículo 57 plantea reducir gradualmente la tarifa general del impuesto de renta empresarial: del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. Los bancos y entidades financieras con renta gravable de al menos 120.000 UVT también recibirían una reducción: su tarifa combinada bajaría del 40 % al 38 % en 2027 y al 36 % entre 2028 y 2030.

La discusión adquiere mayor relevancia cuando se observa que las utilidades de los 30 establecimientos bancarios alcanzaron $11,4 billones entre enero y agosto de 2026, frente a $8,27 billones en el mismo periodo de 2025.

Pero hay otra cara de la reforma: desde enero de 2028 se propone modificar el tratamiento del IVA de numerosos productos. Café, azúcar, fríjoles, lentejas y otros alimentos podrían pasar a pagar el 19 %, mientras algunos bienes actualmente excluidos también perderían ese beneficio.

El Gobierno defiende los recortes de renta como incentivos para atraer inversión y generar empleo. Sin embargo, queda una pregunta fundamental: ¿por qué aliviar la carga tributaria empresarial mientras se amplían los impuestos que pueden terminar golpeando el bolsillo de las familias?

El proyecto todavía debe debatirse y aprobarse en el Congreso. No es una reforma vigente, pero sus efectos potenciales merecen un debate público desde ahora.

¿Este modelo de rescate económico beneficia a quienes más tienen mientras encarece la vida de los colombianos?

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El oro colombiano vuelve a encender las alarmas ambientales y esta vez la preocupación llega hasta uno de los ecosistema...
05/11/2026

El oro colombiano vuelve a encender las alarmas ambientales y esta vez la preocupación llega hasta uno de los ecosistemas más importantes del país: el páramo de Santurbán.

La senadora Alejandra Omaña votó en contra, en primer debate en la Comisión Segunda del Senado, del proyecto de ley 266 de 2026, que busca aprobar el Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos.

Su preocupación apunta a las implicaciones que podría tener el acuerdo para la comercialización del oro y las garantías sobre su procedencia. La congresista cuestionó cómo se evitaría que minerales extraídos ilegalmente terminen ingresando a las cadenas comerciales y qué protección efectiva tendría Santurbán frente a los intereses extractivos.

La advertencia no es menor. Un informe presentado en octubre de 2026 por el Ministerio de Minas y la ONU contra la Droga y el Delito encontró que el 75 % de las hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión identificadas en 2025 correspondían a actividades ilícitas o no autorizadas.

Omaña también cuestionó que una disposición ambiental dentro del acuerdo sea suficiente para disipar los riesgos. Su posición, aclaró, no es oponerse a las relaciones comerciales con Emiratos, sino exigir garantías que protejan el patrimonio ambiental colombiano.

Hay algo que no puede perderse de vista: Santurbán no es simplemente un territorio con recursos minerales. Es un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua y la vida de miles de personas.

El acuerdo comercial no constituye por sí mismo una autorización para explotar el páramo, pero sus alcances y salvaguardas ambientales merecen un examen riguroso.

¿Estamos dispuestos a poner en riesgo el agua por abrir nuevas oportunidades de negocio con el oro colombiano?

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La tensión entre el Gobierno y el sector ganadero escaló. FEDEGÁN salió en defensa de José Félix Lafaurie y lanzó un men...
05/11/2026

La tensión entre el Gobierno y el sector ganadero escaló. FEDEGÁN salió en defensa de José Félix Lafaurie y lanzó un mensaje directo al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond: las diferencias políticas no justifican desconocer el respeto institucional.

En un comunicado divulgado el 4 de noviembre, la Junta Directiva del gremio respaldó por unanimidad a su presidente ejecutivo y rechazó el trato que, según su versión, recibió durante una reunión convocada el día anterior para discutir asuntos de las cadenas cárnica y láctea. FEDEGÁN aseguró que Lafaurie fue conminado a abandonar el encuentro.

«El respeto institucional no es una concesión entre interlocutores, sino una condición esencial para el ejercicio democrático», advirtió la Junta Directiva.

El pronunciamiento también defendió la autonomía gremial y recordó que participar en espacios de diálogo no significa aceptar automáticamente las decisiones del Gobierno. Los sectores productivos, sostuvo, tienen derecho a expresar desacuerdos sin que sus representantes sean descalificados o excluidos.

La federación, además, respaldó la administración de los recursos parafiscales ganaderos y la gestión de Jaime Rafael Daza al frente del Fondo Nacional del Ganado. Afirmó que esos recursos están sometidos a vigilancia de la Contraloría y rechazó cuestionamientos que considera carentes de fundamento.

La controversia deja una pregunta de fondo: ¿puede existir concertación entre el Gobierno y los gremios si no hay respeto por quienes piensan distinto? También queda pendiente conocer la versión del ministro sobre lo ocurrido en la reunión.

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