¿Cuál es el sitio web?

https://www.facebook.com/106279372578329/

En Fuga, Calle 13 100-00, Santiago de Cali (2026)

01/10/2026

El Ministerio del Interior socializó el borrador de un nuevo decreto reglamentario impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, orientado a actualizar los lineamientos de actuación de la Fuerza Pública durante marchas y movilizaciones sociales. El proyecto normativo consta de 24 artículos pensados para modificar y adicionar disposiciones al Decreto 003 de 2021, reestructurando los protocolos de mediación y definiendo las condiciones para el despliegue operativo en escenarios de alteración del orden público o afectaciones a terceros.

La iniciativa establece que la prioridad dada al diálogo institucional no impedirá la intervención inmediata de la Policía Nacional ante personas que ejecuten actos vandálicos o violentos. Según la argumentación de la Casa de Nariño, el objetivo técnico del decreto es marcar una clara distinción legal entre el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y las conductas punibles que atentan contra la seguridad ciudadana y la infraestructura pública.

El anuncio de este borrador coincide con la agenda de seguridad trazada por el presidente De la Espriella, quien semanas atrás anticipó la estructuración de un protocolo para facultar el ingreso de la Fuerza Pública a campus universitarios ante episodios de violencia o disturbios graves. Mientras el documento entra en fase de observaciones ciudadanas, sectores sociales observan con cautela el alcance de las nuevas medidas operativas a pocos días de la jornada nacional de movilización convocada por centrales sindicales para el próximo 14 de octubre.

01/10/2026

Las primeras semanas de la administración de Abelardo De la Espriella coinciden con un entorno macroeconómico complejo caracterizado por presiones inflacionarias, desaceleración del empleo y tensiones en el mercado cambiario. Según los reportes del DANE, la inflación de agosto se situó en un 6,24 % anual, impulsada por el costo de alimentos (6,1 %) y servicios regulados (6,8 %). A la par con el costo de vida, el desempleo nacional ascendió al 9,4 %, mientras la confianza del consumidor registrada por Fedesarrollo cayó al 15,5 %. En el mercado cambiario, la tasa representativa del dólar pasó de $3.157,43 el 7 de agosto a $3.341,23 al cierre de septiembre, representando una depreciación del peso cercana al 5,8 %.

Ante el repunte de las expectativas de inflación, la Junta Directiva del Banco de la República aprobó elevar la tasa de interés de política monetaria al 12,25 %. La decisión contó con el voto favorable del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien respaldó el ajuste para contener los precios. Sin embargo, la restricción crediticia se adopta en medio de señales de enfriamiento productivo, reflejadas en un crecimiento del Índice de Seguimiento a la Economía de apenas 1,1 % en julio y un descenso de 2,3 % en la industria manufacturera.

El panorama plantea un estrecho margen fiscal para el Ejecutivo. Con una deuda neta proyectada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en 61 % del PIB para 2026, el equipo económico de De la Espriella enfrenta el desafío de estabilizar los indicadores macroeconómicos sin profundizar la desaceleración ni recargar financieramente a las empresas y hogares.

01/10/2026

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el expresidente Gustavo Petro protagonizaron un duro choque por el rumbo económico del país durante el Congreso de Acopi. En su intervención, el funcionario del Gobierno de Abelardo De la Espriella rechazó la doctrina del decrecimiento, calificándola de «teoría estúpida o ideológica» que no tendrá lugar en la actual administración, la cual —sostuvo— basará su estrategia en el crecimiento del PIB, la inversión privada y la eficiencia estatal. Petro replicó precisando que el decrecimiento aplica a economías desarrolladas y atacó los primeros datos laborales del Ejecutivo: «Lo que sí está decreciendo espectacularmente, y sólo en el primer mes de Abelardo, es el empleo», aseveró.

La puya de la oposición coincide con el más reciente reporte del DANE, que situó la tasa nacional de desempleo de agosto en 9,4 %, frente al 8,6 % reportado en el mismo mes de 2025, además de una caída en la tasa de ocupación (de 58,4 % a 57,4 %). Frente a los datos, Restrepo atribuyó la pérdida de plazas al deterioro acumulado de la inversión privada —que según sus cifras cayó al nivel más bajo frente al PIB en 51 años— y sostuvo que los puestos creados en el cuatrienio previo correspondían a burocracia estatal e informalidad precaria.

El cruce evidencia las marcadas diferencias de visión entre el modelo saliente y el entrante. Mientras el Gobierno de De la Espriella promete disciplina fiscal y atracción de capitales en medio de un alza de tasas del Banco de la República al 12,25 % y una inflación del 6,24 %, Petro utiliza la desaceleración del empleo para cuestionar el impacto social del ajuste económico impulsado por la Casa de Nariño.

01/10/2026

El presidente Abelardo De la Espriella ordenó este jueves a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, echar para atrás el incremento de $46 por galón en la gasolina corriente que su propio Gabinete había oficializado apenas 24 horas antes para regir desde el 1 de octubre. La resolución —firmada de manera conjunta entre la cartera de Minas y el Ministerio de Hacienda el pasado 30 de septiembre— fijaba un ajuste promedio del 0,29 % justificado formalmente en la actualización de precios para los productores de etanol, con el objetivo de brindar apoyo al sector cañicultor del Valle del Cauca golpeado por el sismo de agosto.

En una declaración pública, el mandatario afirmó haberse enterado de la medida tras su publicación y citó de urgencia a la ministra Arboleda para congelar la tarifa mientras el equipo económico evalúa alternativas frente a la volatilidad internacional del petróleo. De la Espriella cuestionó de forma directa la falta de comunicación previa de su equipo ministerial, señalando que la ciudadanía no puede ser sorprendida con decisiones que afecten el bolsillo sin que existan explicaciones oficiales oportunas: «No se pueden tomar medidas que impacten la economía de los colombianos sin ser expuestas de cara al país», sostuvo.

La orden presidencial deja en el aire el reajuste tarifario previsto para octubre y deja en evidencia fisuras en la coordinación interna de la Casa de Nariño en materia de política energética y fiscal. Por su parte, la tarifa del ACPM —que se había mantenido estable en las resoluciones del 30 de septiembre— no sufrió modificaciones ni fue objeto del pronunciamiento del jefe de Estado.

01/10/2026

El Índice de Confianza Comercial (ICCO) registró su mayor retroceso mensual en los balances de Fedesarrollo al cierre de agosto. El indicador descendió de 27,5 % en julio a 23,3 % en el octavo mes del año, lo que representa una caída de 4,2 puntos porcentuales. Al comparar la cifra con agosto de 2025, el índice mostró una reducción de 3,2 puntos, evidenciando una menor dinamicidad en las expectativas del sector empresarial y de abastecimiento en el país.

El informe divulgado por Fedesarrollo vincula este comportamiento a un deterioro en la percepción de los comerciantes sobre su situación actual y sus proyecciones a seis meses. La percepción de las empresas sobre su estado presente pasó de 40,4 % a 33,2 %, mientras que las expectativas semestrales cayeron de 46,5 % a 38,2 %. Tras la publicación de los datos —correspondientes al primer mes completo del mandato de Abelardo De la Espriella—, el expresidente Gustavo Petro reaccionó atribuyendo la contracción a una baja en la ocupación laboral que afectaría el consumo de los hogares.

Los resultados ubican al sector comercio en una posición de cautela frente al desempeño económico del segundo semestre de 2026. Aunque las variaciones del ICCO responden a múltiples factores macroeconómicos y de demanda interna, el reporte deja ver el impacto del entorno actual en la valoración de los empresarios sobre el ritmo de sus negocios.

01/10/2026

El proyecto penitenciario de máxima seguridad Renacer, ubicado en el municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), llegó a manos del Gobierno de Abelardo De la Espriella con un avance físico cercano al 88 %. Aunque el complejo carcelario ha sido presentado en diversos sectores como la primera megacárcel de la actual administración, los registros oficiales confirman que su contratación inicial se firmó en 2019 bajo la presidencia de Iván Duque, iniciando obras en 2020 y manteniendo su desarrollo durante el mandato de Gustavo Petro, periodo en el que se realizaron reajustes técnicos e inversiones presupuestales que llevaron el costo total del complejo a más de $275.000 millones.

La infraestructura, que abarca cerca de 60.000 metros cuadrados y contempla una capacidad para 1.974 internos, se ha convertido en punto de discusión política luego de que sectores parlamentarios, como el representante Duvalier Sánchez, aclararan que el establecimiento no corresponde a una obra concebida por el Ejecutivo actual. La aceleración para la entrega de Renacer se da en el marco de las promesas de campaña de De la Espriella, quien planteó la construcción de diez megacárceles bajo esquemas de alianzas público-privadas (APP) para descongestionar los centros de reclusión del país.

A la administración de De la Espriella le corresponderá concluir el 12 % restante de las obras, gestionar la dotación tecnológica y operativa, e implementar el modelo de funcionamiento de las instalaciones. La eventual inauguración del centro penitenciario en Sabanas de San Ángel marcará así el cierre de una obra de infraestructura carcelaria cuya planeación y financiación atravesó tres periodos presidenciales en Colombia.

01/10/2026

El Consejo de Estado decretó una medida cautelar que suspende provisionalmente los efectos de la Resolución 218 del 17 de junio de 2024, mediante la cual el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes había declarado el sombrero del excomandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, como patrimonio cultural de la Nación y ordenado su inscripción en el Registro Nacional de Bienes de Interés Cultural. Al resolver la demanda interpuesta contra el acto administrativo, la Sección Primera del alto tribunal advirtió que la cartera ministerial no contaba con facultades legales para otorgar esa condición de manera directa y unilateral sin agotar los requisitos de ley.

De acuerdo con el análisis sustentado por la corporación judicial, la declaración de un Bien de Interés Cultural (BIC) de ámbito nacional —regida por la Ley 397 de 1997 y modificada por la Ley 1185 de 2008— exige cumplir con un trámite estricto que requiere de forma obligatoria el concepto previo y favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. En el caso examinado, el Ministerio omitió la consulta ante dicho órgano técnico y apeló a la figura genérica de «reconocimiento» para blindar la pieza, desconociendo además la exigencia de evaluar la formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) y los soportes de registro oficial.

Aunque el Consejo de Estado enfatizó que la suspensión tiene carácter preventivo y no constituye un fallo definitivo sobre el fondo del litigio ni anticipa la sentencia de nulidad, la providencia deja sin piso jurídico la protección especial sobre la prenda confeccionada en tejido artesanal. El pronunciamiento reaviva el debate nacional sobre los límites en el uso de facultades del Ejecutivo para la exaltación de símbolos vinculados a procesos de paz e historia reciente del conflicto en Colombia.

01/10/2026

El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo este miércoles su primer encuentro oficial con voceros de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras en la Casa de Nariño, escenario en el cual presentó los lineamientos estratégicos de su administración orientados al combate contra el crimen organizado y el impulso económico en las regiones golpeadas por el conflicto. Durante la reunión, el jefe de Estado enfatizó que la prioridad gubernamental estará concentrada en desarticular a las estructuras narcotraficantes y redes de extorsión, a las que calificó como causantes de una forma contemporánea de «esclavitud» sobre las poblaciones del Pacífico y el Caribe colombiano.

En el plano de las políticas sociales, el mandatario planteó un giro en la relación institucional con los territorios étnicos, rechazando la continuidad de modelos basados en subsidios asistenciales. En su lugar, el Ejecutivo propuso articular a las comunidades con proyectos de infraestructura, inversión privada, desarrollo empresarial y fortalecimiento de la educación de excelencia, buscando generar encadenamientos productivos y empleo formal. Asimismo, De La Espriella garantizó un estricto control fiscal sobre las partidas presupuestales asignadas a los planes de desarrollo territorial, advirtiendo sanciones drásticas ante eventuales hechos de corrupción.

El encuentro concluyó con la ratificación de un modelo de gestión basado en la seguridad integral, la propiedad privada y el mérito individual para reducir las brechas históricas. Las propuestas presentadas en la sede presidencial abren el debate entre las organizaciones sociales y sectores del Congreso sobre la efectividad de sustituir las transferencias monetarias por alianzas de inversión en las zonas más marginadas del país.

01/10/2026

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) adjudicó mediante la modalidad de contratación directa un contrato por $773,5 millones de pesos a la firma Magneto Empleos. La compañía fue la encargada de operar la plataforma digital del denominado «Banco Nacional de Talentos», mecanismo implementado por Abelardo De la Espriella durante el periodo de empalme y transición presidencial para recolectar hojas de vida de ciudadanos interesados en vincularse a la administración pública. El contrato, que contó con un único oferente, tendrá un plazo de ejecución de tres meses con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2026.

El objeto contractual establece que la firma privada prestará servicios de apoyo al DAPRE en la búsqueda, evaluación y presentación de candidatos para cargos estratégicos de la rama ejecutiva nacional. La asesoría abarca puestos de libre nombramiento y remoción —como ministros, viceministros, directores de institutos, superintendentes y gerentes de empresas estatales—, así como la preselección de otros empleos y contratistas. Entre los compromisos estipulados en el pliego de condiciones, Magneto podrá recurrir a sus bases de datos privadas y reactivar los perfiles de los aspirantes que registraron sus datos durante la campaña y el empalme de De la Espriella.

La adjudicación ha suscitado inquietudes en sectores políticos y de veeduría ciudadana respecto a la destinación de fondos públicos para financiar una herramienta que nació vinculada al proyecto político del mandatario. Aunque los documentos oficiales precisan que los $773,5 millones (correspondientes a $650 millones más IVA) se desembolsarán de forma fraccionada en tres cuotas contra entrega de productos, la contratación reaviva la discusión sobre la idoneidad, transparencia y continuidad de la empresa privada en la estructuración de la nómina del Estado.

01/10/2026

El proyecto piloto de erradicación aérea de cultivos de uso ilícito mediante el empleo de glufosinato de amonio, impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, desató un fuerte cuestionamiento en el Congreso de la República. El representante a la Cámara José Luis Bohórquez denunció que la reactivación de esta estrategia respondería a intereses económicos tras bastidores, señalando que al menos 14 corporaciones con sede en Estados Unidos resultarían directamente beneficiadas con la demanda de flotillas de aeronaves, insumos químicos y servicios de apoyo logístico. El congresista advirtió además que una de las compañías del conglomerado figura entre los principales financistas privados de los partidos Demócrata y Republicano.

Frente a las críticas de la oposición, el Ministerio de Justicia defendió la viabilidad del piloto argumentando que la aspersión regulada constituye una herramienta indispensable para asfixiar las finanzas de las estructuras del crimen organizado y reducir la extensión de narcocultivos en zonas de difícil acceso. Por su parte, el representante Bohórquez rechazó que las objeciones al herbicida impliquen una defensa del narcotráfico, alertando sobre las secuelas ambientales y sanitarias que esta «guerra química» dejaría en departamentos como Putumayo, Guaviare, Caquetá y Cauca, afectando a comunidades campesinas, resguardos indígenas, cultivos lícitos, fauna local y cuencas hídricas.

El debate reaviva la polarización nacional alrededor de la política antidrogas del país. Mientras la Casa de Nariño mantiene la aspersión aérea como un pilar estratégico de su agenda de seguridad nacional, sectores sociales y parlamentarios exigen congelar la iniciativa al sostener que las poblaciones rurales terminarán asumiendo los mayores costos en salud y sostenibilidad ambiental por un modelo que favorece a contratistas extranjeros.

En Fuga

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

Dirección

Página web

Notificaciones

Atajos

Compartir

Solicitud de retirada del anuncio