02/10/2026
COMUNICADO
Por la no deportación de personas perseguidas políticamente hacia Nicaragua
Ante el aumento de detenciones y procesos de deportación de nicaragüenses en Estados Unidos —entre ellos excarcelados políticos, participantes en las protestas de 2018, periodistas, activistas y opositores—, hacemos un llamado urgente a las autoridades estadounidenses a impedir el retorno de aquellas personas que enfrenten un riesgo real de persecución o graves violaciones de sus derechos humanos en Nicaragua.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch han documentado de manera reiterada detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles, condiciones carcelarias inhumanas y muertes bajo custodia estatal. En octubre de 2026, la CIDH y el GHREN reiteraron que estos hechos forman parte de un patrón generalizado y sistemático de graves violaciones de derechos humanos, y el GHREN ha señalado que determinados actos documentados podrían configurar crímenes de lesa humanidad.
Entre las personas en riesgo se encuentran algunas de las 222 liberadas de las cárceles nicaragüenses y recibidas en Estados Unidos en febrero de 2023, tras haber sido encarceladas por motivos políticos. Otras huyeron del país precisamente para escapar de la persecución.
El principio de no devolución impide retornar a una persona cuando existan fundamentos para considerar que enfrentaría un riesgo real de persecución, tortura u otras violaciones graves de sus derechos fundamentales. Este principio debe ser considerado de manera efectiva en toda decisión de retorno cuando existan alegaciones o elementos que indiquen un riesgo de esta naturaleza.
Por lo anterior, solicitamos:
- La suspensión de las deportaciones de nicaragüenses respecto de quienes existan indicios de persecución política o un riesgo real de sufrir graves violaciones de derechos humanos en caso de retorno.
- La evaluación prioritaria e individualizada de sus solicitudes de asilo u otras formas de protección, con las debidas garantías procesales.
- El cumplimiento de las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de no devolución.
- La revisión urgente de los casos de detenidos que aleguen un riesgo documentado en caso de ser retornados.
- La incorporación de la documentación de organismos internacionales y de derechos humanos reconocidos, incluida la del GHREN y la CIDH, en la evaluación individual del riesgo.
Deportar a una persona hacia un contexto donde existe un riesgo conocido de persecución o graves violaciones de derechos humanos no puede tratarse como una decisión migratoria neutral: puede convertirse, en los hechos, en una nueva fuente de vulneración de derechos.
Instamos a las autoridades competentes de Estados Unidos, al Congreso, a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional a actuar con urgencia para evitar que nicaragüenses que huyeron de la persecución vuelvan a convertirse en sus víctimas.