Somos un sistema de órganos estatales estructurados con independencia funcional de cualquier otro órgano u organismo del Estado y el Gobierno; subordinados, en el orden jerárquico, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado. Nos corresponde, como responsabilidad exclusiva, la función de impartir justicia en nombre del pueblo de Cuba. Asumimos nuestra labor como servidores públicos encargados de brindar acceso a la justicia, la tutela judicial y la seguridad jurídica a las personas, las instituciones, las entidades, y a la sociedad en general, asegurándoles amparo legal efectivo a sus derechos y garantías, sobre la base del cumplimiento de la Constitución y las demás leyes vigentes. En el ejercicio de la función jurisdiccional, nos prestigian y motivan valores fundamentales como: sentido de lo justo, independencia judicial, imparcialidad, transparencia, probidad, humanismo, honestidad, responsabilidad y patriotismo. Contribuir, con nuestra labor, a mejorar la calidad de vida de las personas, la seguridad ciudadana, el orden y la legalidad en la sociedad cubana es el principal deber y motivo de realización personal e institucional.