26/10/2026
EL ARROZ, CRÓNICA DE UN DESASTRE ANUNCIADO
Escrito por: Leonel Fernández
Durante la reciente reunión convocada por el gobierno con representantes y gremios de productores de arroz en el Palacio Nacional, se presentó un plan de ocho medidas de apoyo financiero, productivo y comercial, ante el vencimiento del plazo para la eliminación de aranceles de importación de arroz de Estados Unidos, bajo el acuerdo DR-CAFTA.
Era la respuesta ante la incertidumbre y confusión que se había creado en el sector arrocero nacional con motivo de la derogación del decreto 693-24 del presidente Luis Abinader, luego de la presión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
La inconformidad del sector productor de arroz no se hizo esperar. Por todas partes manifestaban que lo propuesto en Palacio resultaba insuficiente frente al desafío que implica la desgravación para la importación del cereal proveniente de Estados Unidos.
En mi encuentro de la semana pasada con productores en Jima Abajo, La Vega, pude constatar, efectivamente, el nivel de desconcierto y de pánico que predomina en el sector ante la inminente liberalización comercial que podría afectar a 21 provincias, 30 mil productores nacionales y más de 300 mil empleos directos.
Por medio del acuerdo DR-CAFTA, República Dominicana cedió una protección que ya había conquistado a través de la OMC.
El pecado original, sin embargo, estuvo en la incorporación del arroz al proceso de apertura comercial previsto en el DR-CAFTA suscrito en 2004, durante el gobierno del PRD. Fue un desacierto histórico haberlo incluido en el tratado comercial. Se sabía de antemano que no llegaríamos a ser competitivos en igualdad de condiciones con Estados Unidos.
Esto así, a pesar de los 20 años contemplados en el tratado para la desgravación total de los aranceles de importación del cereal, con el objetivo de que los productores nacionales tuvieran el tiempo suficiente para avanzar en la modernización de su sistema productivo.
PREVIO AL ACUERDO
Antes del DR-CAFTA, República Dominicana había protegido el arroz en la Organización Mundial del Comercio (OMC), a través de un contingente de casi 18 mil toneladas al 20% y un arancel fuera de cuota de 99%. Esa protección provino de la rectificación técnica de concesiones tras la Ronda de Uruguay, que estableció un sistema de arancel-cuota para arroz, ajo, pollo, cebolla y leche.
Por medio del acuerdo DR-CAFTA, República Dominicana cedió una protección que ya había conquistado a través de la OMC. La razón se encuentra en que nuestro país llegó tarde a la negociación, por lo que el acuerdo suscrito no fue más que el equivalente a una adhesión a un texto ya concluido.
En efecto, Estados Unidos ya había culminado en enero del 2004 la negociación del CAFTA con los cinco países centroamericanos, mientras que la negociación formal entre Estados Unidos y República Dominicana para el DR-CAFTA concluyó en marzo del 2004, más de dos meses después de concluido con los centroamericanos.
Como consecuencia, fuimos el vagón de cola de una transacción que se nos presentó bajo una fórmula muy simple: o lo tomas o lo dejas. La negociación no versaba únicamente sobre el arroz, sino sobre un calendario de apertura con plazos de 0 a 20 años.
El arroz se ubicó en el plazo más largo, 20 años de desgravación, con un arancel fuera de cuota inicial de 99%, lo que se mantuvo intacto durante 10 años, hasta 2015. A partir de ahí, se reduciría en tramos anuales hasta llegar a cero en 2025.
En el 2021, República Dominicana promovió conversaciones, por la vía diplomática, con el propósito de revisar la desgravación del arroz. Sin embargo, las autoridades norteamericanas rechazaron dicha solicitud, sobre la base de que requería el respaldo de los países centroamericanos firmantes del acuerdo.
Dos años después, en 2023, el gobierno de Estados Unidos comunicó formalmente que no apoyaba una reapertura que modificara los compromisos de acceso de mercado estipulados en el tratado.
A finales del 2024 el gobierno dominicano aún no había alcanzado un consenso entre productores y molineros sobre cómo enfrentar la apertura, al reconocerse que no existía acuerdo con el gobierno estadounidense para extender la protección.
ENTRE IMPORTACIONES Y PROTECCIÓN UNILATERAL
Lo hizo de manera unilateral. El 17 de diciembre del 2024, dos semanas antes de entrar en vigor el arancel cero para las importaciones de arroz provenientes de Estados Unidos, se emitió el decreto 693-24, destinado, en forma demagógica, a crear una ilusión o falsa esperanza a los productores nacionales.
En virtud de esa disposición, se mantuvo una cuota preferencial de 23 mil toneladas para el arroz estadounidense con arancel cero, y un gravamen del 99% para las importaciones que excedieran ese volumen.
El fundamento jurídico que sirvió de base para la adopción de esas medidas de salvaguardia unilateral se encontraba, presuntamente, en la Ley 75-24, que faculta al Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) a regular la importación de productos sensibles como el arroz.
Esa habría sido una decisión ideal, favorable a los productores nacionales, si no hubiese sido por su fragilidad jurídica, ya que existía un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Más aún, la promulgación de ese decreto, que procuraba restringir las importaciones a partir de enero de 2025, entraba en contradicción con la decisión que adoptó el gobierno de facilitar una expansión sin precedentes de compras del cereal en el exterior.
Durante el 2024 el gobierno autorizó la importación desde Brasil, Guyana, Tailandia, Uruguay y Pakistán de 4.7 millones de quintales de arroz libre de arancel, un récord histórico, equivalente a un aumento de 817%, con respecto a los 512 mil quintales correspondientes, ese año, al DR-CAFTA.
¿Cómo explicar que el gobierno facilitara exportaciones extraordinarias y, meses después, invocara la seguridad alimentaria para restringirlas? ¿Por qué se adoptó una medida que posteriormente hubo que revertir, con el decreto 635-26, cuando sus posibles consecuencias comerciales eran previsibles?
La responsabilidad política exige explicaciones. Ahora, ante un nuevo escenario, se requiere la elaboración de un plan nacional de competitividad y protección estratégica de la producción arrocera, única forma de salir de un desastre previsto y anunciado.
