23/12/2025
Un año después, hay sentencia.
Hay justicia.
Pero es una justicia que llega tarde, cuando el daño ya fue profundo y la herida permanece abierta.
Durante doce meses, mientras las familias cargaban la ausencia de sus hijos, el Estado no estuvo a la altura del horror. Hubo dilaciones, desvíos y decisiones que no buscaron verdad ni reparación, sino administrar el tiempo y el silencio.
Este no es un caso más ni una página que se pasa.
Es un quiebre ético que interpela al Estado y a nosotros como sociedad que no podemos (ni debemos) acostumbrarnos a la barbarie.
Cuando la justicia tarda, no es neutral: beneficia al poder y abandona a quienes solo tenían dolor.
A las familias, respeto absoluto, solidaridad sin condiciones y un abrazo que el país les debe. Ninguna sentencia devuelve la vida ni calma la ausencia de sus hijos.
Hoy la responsabilidad no se agota en los condenados.
Por ética, por dignidad y como mínimo gesto frente a una gestión incapaz de responder ante un crimen de esta magnitud, Gian Carlo Loffredo debe renunciar a su cargo.
No como castigo.
Como acto de decencia pública.
Porque cuando el poder falla así, la renuncia no es debilidad: es la última forma de responsabilidad.
