29/09/2026
🏠 ¿DE VERDAD NO HEMOS APRENDIDO NADA?
Desde la Asociación de Custodia Compartida de Segovia queremos hacer una reflexión que va mucho más allá del debate sobre el decreto de vivienda aprobado hoy.
Porque hay algo que debería preocuparnos independientemente de nuestras ideas políticas:
la velocidad con la que a veces se hacen leyes cuando existe una enorme presión social, mediática y política.
Hoy tenemos un nuevo ejemplo.
El Gobierno acaba de aprobar dos reales decretos-ley sobre vivienda, después de negociaciones de última hora entre los socios del Ejecutivo y con un pleno extraordinario convocado para intentar convalidarlos inmediatamente. Entre las medidas están la ampliación de la protección frente a determinados desahucios hasta 2030, prórrogas de contratos y nuevas reglas para los alquileres.
Y aquí viene nuestra pregunta:
¿No sería conveniente parar un momento, estudiar bien las consecuencias y escuchar a todos los afectados antes de legislar?
Porque ya hemos vivido situaciones parecidas.
La Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género fue aprobada en un contexto de enorme sensibilidad social y política. Posteriormente generó importantes debates constitucionales y llegó al Tribunal Constitucional en varias cuestiones de inconstitucionalidad. El Tribunal terminó avalando sus preceptos fundamentales, pero hubo magistrados que discreparon y formularon votos particulares.
Y aquí aparece un dato especialmente llamativo.
En 2019, el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra relató que el entonces presidente del Tribunal Constitucional le había advertido sobre problemas de constitucionalidad de la ley y afirmó que el Tribunal había sufrido presiones durante aquella controversia.
Ojo: no estamos diciendo que el Tribunal Constitucional declarase que la ley era inconstitucional —no lo hizo— ni que exista una sentencia que diga que fue aprobada sin garantías.
Decimos algo bastante más sencillo:
que incluso desde dentro de la propia política se llegó a reconocer que existieron enormes tensiones y presiones alrededor de aquella legislación.
Y esto debería hacernos reflexionar.
Porque una ley puede nacer con una finalidad perfectamente legítima y, sin embargo, estar mal diseñada en alguno de sus aspectos, producir efectos no previstos o necesitar posteriormente correcciones.
Y cuando hablamos de derechos fundamentales, familia, vivienda o justicia…
las prisas son malas consejeras.
Desde nuestra asociación conocemos especialmente bien lo que ocurre cuando se legisla sobre cuestiones familiares complejas desde planteamientos excesivamente simplificados.
Porque la realidad nunca cabe entera en un titular.
Ni en un eslogan.
Ni en una pancarta.
Ni en un decreto aprobado a toda velocidad.
Y hay otra paradoja interesante en el debate actual sobre vivienda.
Quienes legislan sobre alquileres y vivienda también son propietarios y arrendadores.
Según las declaraciones patrimoniales analizadas por Europa Press, 66 de los 350 diputados declaran ingresos procedentes del alquiler de viviendas, locales o fincas. Es decir, aproximadamente uno de cada cinco diputados.
Y entre los grandes líderes políticos encontramos, por ejemplo, a Pedro Sánchez, que declara ingresos por el alquiler de una vivienda, y a Alberto Núñez Feijóo, que también declara ingresos por alquiler.
Y aquí no hay ningún escándalo.
Tener una vivienda y alquilarla es perfectamente legal.
Pero plantea una pregunta legítima:
👉 ¿Qué ocurre cuando quienes hacen las reglas también están afectados económicamente por esas mismas reglas?
Porque hoy puedes aprobar una norma pensando que estás solucionando un problema.
Y mañana descubrir que la norma también afecta a tu propia situación patrimonial.
O a la de tus compañeros de partido.
O a miles de pequeños propietarios.
O a personas que simplemente habían comprado una vivienda como complemento para su jubilación.
Y eso nos lleva a una reflexión que creemos especialmente importante:
NO HAY QUE LEGISLAR A GOLPE DE EMOCIÓN.
Ni cuando ocurre un desahucio que conmueve al país.
Ni cuando aparece un caso terrible de violencia.
Ni cuando los medios colocan un problema en portada durante semanas.
Ni cuando las redes sociales exigen una solución inmediata.
Porque precisamente en esos momentos es cuando más falta hace mantener la cabeza fría.
Primero estudiar.
Después escuchar.
Después debatir.
Después medir las consecuencias.
Y finalmente legislar.
No al revés.
Porque cuando una ley está mal diseñada, luego llegan las rectificaciones.
Las excepciones.
Los recursos.
Los tribunales.
Las reformas.
Y, muchas veces, las consecuencias políticas.
Y entonces todos dicen:
“Nadie podía imaginar que esto iba a ocurrir.”
Pues quizá sí.
Quizá alguien simplemente tenía que haber tenido tiempo para pensarlo.
Desde la Asociación de Custodia Compartida de Segovia no defendemos que no se legisle.
Defendemos algo mucho más básico:
que cuando están en juego derechos de las personas, especialmente los derechos de los niños y de las familias, las leyes deberían durar mucho más que un ciclo electoral y pensarse mucho más que una rueda de prensa.
Porque una mala ley puede corregirse.
Pero mientras se corrige…
hay personas que pagan las consecuencias.
Y esas personas no viven en el Congreso.
Viven en nuestras casas.
👨👩👧👦 Por leyes sensatas. Por debate sereno. Y por decisiones que pongan los derechos de las personas por delante de las prisas políticas.
