09/11/2026
El estratega de Paloma, los 500 millones de la Fiduprevisora y la DNI convertida en policía política
Luis David Duque no es un desconocido. Es un estratega con trayectoria, vinculado en el pasado a campañas de alto perfil y, según varias fuentes, identificado como antipetrista. Estuvo dentro de la campaña de Paloma Valencia, la opción del Centro Democrático que las encuestas mostraban con mayor posibilidad de derrotar a Iván Cepeda. Al mismo tiempo, según los documentos que circulan, su firma tenía un contrato cercano a los 500 millones de pesos con la Fiduprevisora, vigente precisamente durante ese periodo, y otras contrataciones con el Fondo Nacional del Ahorro. Paloma Valencia ha dicho que nunca se lo informaron. Eso no es un malentendido menor. Es un conflicto de interés clásico: el asesor que conoce la estrategia interna de la principal opositora recibe recursos del gobierno al que se supone que enfrenta.
La sorpresa de la candidata es comprensible y la pregunta que formula es legítima: ¿quiénes más estuvieron dentro, qué hicieron y con qué objetivo? Pero el caso de Duque no se puede leer como un episodio aislado de un consultor que “también trabajaba con el Estado”. Llega en el mismo momento en que se conocen informes y denuncias sobre el uso de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro. Auditorías y reportajes han descrito una entidad que operó con poca trazabilidad, que habría perfilado opositores y que, según versiones internas, mantuvo capacidades de inteligencia orientadas hacia la contienda electoral. Paloma Valencia ha anunciado que se constituirá como parte civil y que el Centro Democrático buscará lo mismo. Pide respuestas sobre infiltrados, sobre quién financió la propaganda negra que la atacó en la recta final y sobre por qué, en cuestión de días, una campaña que lideraba las encuestas perdió impulso de manera abrupta.
El patrón que se denuncia no es nuevo en la historia de los gobiernos de izquierda en la región cuando controlan los aparatos de inteligencia. Se presenta como defensa de la democracia y termina convirtiendo los organismos de seguridad en herramientas de ventaja política. Aquí la versión es local y reciente: contratos con entidades del Estado para un asesor de la oposición, denuncias de infiltración de la DNI, ataques coordinados en redes y una pérdida súbita de favorabilidad en la semana decisiva. Las autoridades tienen la obligación de esclarecer si Duque fue solo un consultor con múltiples clientes o si formó parte de algo más amplio. Él ha respondido que sigue siendo antipetrista y que los señalamientos son absurdos. La declaración es su derecho. No borra el conflicto de interés ni la obligación de haberlo revelado a su cliente principal.
Lo difícil de defender, incluso desde la óptica más generosa, es la idea de que un gobierno puede financiar o mantener relaciones contractuales con quienes están diseñando la estrategia de quien más lo amenaza electoralmente, sin que eso genere sospecha. Menos aún cuando el mismo gobierno es señalado de haber usado la inteligencia estatal para vigilar, perfilar o influir sobre la oposición. La izquierda que llegó al poder hablando de transparencia y de desmantelar los aparatos de persecución política ha dejado, según estas revelaciones, un rastro de denuncias que van en dirección contraria. No se trata de inventar conspiraciones; se trata de exigir que los documentos, los contratos y los informes de la DNI se investiguen con seriedad y sin el filtro del cálculo político.
Paloma Valencia tiene razón en exigir que se identifique a quienes ingresaron a su campaña, qué información obtuvieron y qué uso se le dio. También en preguntar por el origen de los recursos que impulsaron la propaganda que la atacó. Esas preguntas no son de campaña; son de institucionalidad. Un sistema democrático no puede tolerar que el gobierno de turno use entidades públicas, contratos o capacidades de inteligencia para debilitar a la oposición que lidera las encuestas. Si el caso de Luis David Duque termina siendo solo un conflicto de interés no declarado, ya es grave. Si se conecta con el resto de las denuncias sobre la DNI, estamos frente a un episodio que compromete la limpieza de las elecciones de 2026 y la separación entre el poder ejecutivo y la contienda política.
La respuesta no puede ser el silencio institucional ni la minimización de que “todos los asesores tienen varios clientes”. El umbral de lo tolerable se cruzó cuando el dinero público y las capacidades de inteligencia del Estado aparecen en el mismo escenario que la campaña de la principal rival del candidato oficialista. Eso es lo que hay que denunciar y lo que las autoridades deben aclarar hasta el final. El resto son excusas.
