Burócratas La Paz UYF

AHORA EL SAT VA POR LAS PENSIONES DE LOS ADULTOS MAYORES.

El SAT confirma que los adultos mayores que reciben pensión, deberán pagar impuestos sobre estos ingresos a partir de ahora.

Según la autoridad fiscal, las pensiones ya no estarán exentas de impuestos en todos los casos, por lo que miles de jubilados y pensionados en México tendrán que declarar y pagar ISR (Impuesto Sobre la Renta) dependiendo del monto que perciban.

Esto representa un duro golpe para millones de adultos mayores que dependen exclusivamente de su pensión para sobrevivir, en un contexto donde la inflación sigue afectando el poder adquisitivo.

¿Qué debes hacer si eres pensionado?

• Revisar tu situación fiscal
• Consultar con un contador o el propio SAT
• Estar atento a las fechas de declaración

¿El gobierno prefiere cobrarle a los abuelos antes que recortar gastos innecesarios?

Los adultos mayores no pueden ser la nueva fuente de recaudación del SAT.

NI EN LA SANTA INQUISICIÓN SE ATREVIERON A TANTO

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LOS AHORROS DE LA GENTE, BAJO LA MIRA.

Lo de Zacatecas no es solo un ajuste administrativo, ni una decisión aislada. Es una advertencia, una política de Estado cada vez más clara. La reducción del aguinaldo para nuevos pensionados, avalada por la Suprema Corte, confirma algo que ya se venía observando: cuando el gobierno necesita dinero, empieza a mirar hacia el bolsillo de los ciudadanos...Y a apretar.

Primero fueron las Afores no reclamadas de los mayores de 70 años. Luego, la disposición dictatorial del ahorro pensionario de millones de trabajadores: Así, sin consultar a los dueños de ese dinero, se apropiaron del 30 por ciento de sus ahorros equivalentes a poco más de dos billones de pesos. Después, la autorización de la Suprema Corte para que la autoridad fiscal pueda congelar cuentas bancarias por simple sospecha, obligando al afectado a demostrar que su dinero sí es suyo y sí es limpio. Y no al revés. Ahora toca a las pensiones locales: en Zacatecas ya arrancó el recorte y sería ingenuo pensar que ahí va a terminar. Es que la Suprema Corte del Bienestar aprobó recortar un mes de aguinaldo a los nuevos pensionados de esa entidad.

La explicación oficial siempre suena a "bienestar". Hablan de sostenibilidad, de viabilidad financiera, de justicia social. Pero traducido al lenguaje de la calle, el mensaje es otro: al gobierno no le alcanzan los recursos para sostener su gasto político disfrazado de apoyo social, y entonces empieza a sacar dinero de donde puede. Y donde puede casi siempre es en el ahorro de la gente, en sus cuentas, en sus fondos de retiro y en prestaciones que muchos creían intocables. Quieren el dinero para seguir sosteniendo una maquinaria que reparte millones y millones sin ton ni son. El régimen le apuesta a la asistencia, no a la producción ni al patrimonio de la gente, construido con sus ahorros de toda la vida.

En el caso de Zacatecas no se trata sólo de bajar de 60 a 30 días un aguinaldo. Se trata de una lógica de poder. De un régimen que reparte dinero con enorme rentabilidad política, pero que luego necesita exprimir a alguien para mantener esa maquinaria operando. Y ese alguien suele ser el ciudadano que trabaja, ahorra, paga impuestos y construye un patrimonio para el bienestar de su familia, una aspiración que por cierto no admiten los radicales de la 4T.

Pero la contradicción ya está a la vista. Para vigilar, congelar cuentas, registrar datos y meter mano en los ahorros, el Estado sí funciona con una velocidad admirable. Pero para tener hospitales con medicinas, escuelas dignas, seguridad pública, carreteras decentes o servicios públicos de calidad, ahí todo falla, todo se retrasa y todo se justifica con falta de presupuesto.

Por eso Zacatecas importa. Porque no es sólo Zacatecas. Es, ante todo, una señal de lo que viene cuando las finanzas del Estado aprietan y el modelo político-social exige. Hoy recortan el aguinaldo de futuros pensionados. Mañana, con el mismo discurso técnico y el descaro solemne de la Corte del Bienestar, podrían venir por más. Lo más seguro es que haya línea para que otros gobiernos estatales operen la misma propuesta. No tendrán problema porque ya hay jurisprudencia. Hay barra libre.

En el fondo, la pregunta es muy simple: ¿el dinero que la gente ahorra para su retiro realmente le pertenece o sólo le pertenece mientras el gobierno no necesite echarle mano? En este país ya se demostró que el patrimonio de los particulares se expropia a favor del régimen, no del “pueblo”.

Y esa es la parte más preocupante, porque queda claro que el ahorro de los ciudadanos está considerado como una reserva disponible. Es decir, ya no estamos hablando sólo de disposiciones técnicas o administrativas de las pensiones, aguinaldos y ahorros, sino de control y dependencia. Estamos hablando de un régimen cada vez más cómodo y abusivo, metiéndose con la vida, el dinero y el futuro de la gente. Así de ca**ón.

NACE ALIANZA NACIONAL DE JUBILADOS: FRENTE TOTAL CONTRA REFORMAS QUE AMENAZAN PENSIONES Y DERECHOS

CIUDAD DE MÉXICO – Con el objetivo de proteger la estabilidad económica de miles de familias, se ha formalizado oficialmente la Alianza Nacional de Jubilados. Este frente cívico surge para exigir el respeto absoluto al Estado de Derecho y frenar intentos de aplicar leyes con carácter retroactivo sobre pensiones vigentes en todo el país.

🛡️ Frente contra el tope salarial
La organización responde a la reciente reforma que busca limitar las pensiones públicas a un máximo de 70 mil pesos mensuales. Los integrantes denuncian que estas medidas ignoran derechos adquiridos y contratos laborales firmados bajo normativas previas, generando una grave incertidumbre jurídica nacional.

⚖️ Seguridad jurídica en riesgo
Especialistas señalan que la creación de esta Alianza es una respuesta natural ante el temor de una erosión legal sistémica. El movimiento busca garantizar que ningún ajuste administrativo futuro pueda reducir las percepciones de quienes dedicaron décadas al servicio público, fundamentándose en la no retroactividad constitucional.

¿Qué significa esto?
Esta movilización anticipa una ola de amparos constitucionales que llegará hasta la Suprema Corte en los próximos meses de 2026. Políticamente, la Alianza se convierte en un actor clave que podría forzar una renegociación de la política de austeridad para evitar una crisis de gobernabilidad en el sector pasivo.

🛑Francisco Chávez, recibió tratamiento falso contra el cáncer en el ISSSTE.
⭕️En 2022, después de perder 56 kilos y ver cómo su piel se volvía gris, fue diagnosticado con cáncer renal que ya había avanzado a los pulmones.
🏥En el hospital público del ISSSTE en Mérida, le recetaron Keytruda, uno de los tratamientos más avanzados contra el cáncer en el mundo.
🥀Una terapia que puede alargar la vida, incluso salvarla, pero en su cuarta dosis, todo cambió:
◼️ Temblores
◼️ Parálisis
◼️ Azúcar fuera de control
💊Francisco hizo lo que muchos no pueden: documentó todo. Fotografió cada caja, guardó pruebas y exigió respuestas.
⚠️El hospital no respondió, entonces acudió directamente a Merck & Co. (la farmacéutica). La farmacéutica analizó muestras del producto y el resultado fue devastador:
🗣️“Se identificaron irregularidades que no corresponden con nuestros productos.”
🧐En otras palabras: lo que le aplicaron no era lo que decía ser.
🚩Años después, vio en televisión una alerta sanitaria nacional y reconoció el número de lote. Era el mismo que él recibió.
👉Hoy, Francisco vive con secuelas: Dolor crónico, episodios de parálisis e imposibilidad de trabajar. “Ya no puedo moverme como antes”, dijo.
Y mientras tanto:
◼️ No hay claridad sobre cómo llegó ese producto al hospital.
◼️ No hay responsables visibles.
◼️ Y el sistema sigue funcionando como si nada.
🔎Este caso no es aislado; una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que:
📊 Se identificaron más de 11 mil frascos distribuidos en al menos 10 instituciones. La mayoría, en el ISSSTE.
⚠️ México fue el único país (de 30 analizados) donde esto ocurrió dentro del sistema público.
💰 Empresas irregulares lograron venderle al gobierno:
◼️ Más de 1,300 contratos
◼️ Por 9,500 millones de pesos
🗓️ Desde 2022 ya circulaban productos sospechosos. Entre 2022 y 2024 entraron al sistema público. Y no fue hasta 2025 y 2026 que se emitieron alertas y se hizo visible.
😡Porque cuando un tratamiento cuesta millones, siempre aparece alguien dispuesto a vender “algo parecido”.
✝️Si un paciente con cáncer muere, ¿quién puede asegurar que murió por la enfermedad y no por lo que le inyectaron? Esto no es solo corrupción, es negligencia.

Las muertes por accidente de trabajo ahora se tasarán en Umas y no en salarios mínimos, gracias a la excelentísima ministra Lenia Batres

Pensionados en riesgo: el nuevo tope constitucional a las jubilaciones y/o pensiones públicas, podría oscilar entre 65 y 85 mil pesos.

Por Guillermo Rivera Millán

La Presidencia de la República presentó ante el Senado una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución. Su propósito es fijar un límite a las pensiones y jubilaciones financiadas con recursos públicos, tanto en el ámbito federal como en los sistemas estatales y municipales.

La propuesta establece que ninguna pensión podrá superar la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal. El texto precisa: “Las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro del personal de confianza de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, empresas públicas y fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal…”.

Se prevén excepciones: las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, las constituidas con aportaciones sindicales en sistemas complementarios y la pensión no contributiva reconocida en el artículo 4 constitucional.
El diseño de la iniciativa presenta inconsistencias. El Segundo Transitorio ordena ajustar pensiones vigentes, mientras que el Tercero señala que los haberes de retiro previos se conservarán en sus términos. Esta contradicción genera incertidumbre sobre el alcance real de la reforma.

Otro aspecto delicado es la referencia exclusiva al personal de confianza. La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró públicamente que la reforma “no es para los trabajadores de base ni sindicalizados”, pero esa exclusión no aparece en el texto de la iniciativa. En sistemas contributivos, donde tanto confianza como base aportan al mismo fondo, no debería existir diferencia en el trato. La falta de precisión abre la posibilidad de interpretaciones que vulneren la igualdad entre pensionados o jubilados.

La medida tampoco se limita al ámbito federal. Al incluir organismos descentralizados y fideicomisos de las entidades federativas y municipios, impacta directamente a institutos locales como ISSSTECALI (Baja California), ISSSTEZAC (Zacatecas), ISSSTESON (Sonora), ISSEMyM (Estado de México), ISSSPEA (Aguascalientes), ISSSPEG (Guerrero), entre otras entidades. También alcanzaría a organismos federales como CFE, PEMEX, IMSS e ISSSTE.

El Quinto Transitorio ordena que en un plazo de 90 días las legislaturas locales adecuen sus marcos normativos. Este mandato puede interpretarse como una invasión a la autonomía y soberanía de los estados, pues la seguridad social de los trabajadores locales suele estar regulada por leyes estatales y administrada por organismos descentralizados propios. La tensión entre uniformidad constitucional y diversidad de sistemas estatales será un punto de debate.
Otro vacío técnico es la definición de “remuneración”. No se aclara si el cálculo se hará sobre salario base o ingreso total con prestaciones. La diferencia es sustancial: el tope podría oscilar entre 65 y 85 mil pesos mensuales. La falta de precisión puede generar discrecionalidad y desigualdad en la aplicación.

Finalmente, debe recordarse que la seguridad social es un derecho humano protegido por el principio de progresividad. Cualquier medida que implique reducción de beneficios debe justificarse con criterios de proporcionalidad y razonabilidad. De lo contrario, puede interpretarse como un retroceso contrario al mandato constitucional y tratados internacionales y a la autonomía de los estados en la administración de sus sistemas de pensiones.

La iniciativa busca evitar privilegios y aliviar la carga presupuestaria, pero su redacción abre más dudas que certezas. La retroactividad en pensiones vigentes, la ambigüedad sobre trabajadores de base y sindicalizados, la falta de definición clara de “remuneración” y la obligación impuesta a los congresos estatales de modificar sus leyes en 90 días generan tensiones jurídicas y políticas de gran calado.

La exclusión de pensionados de base o sindicalizados anunciada en el discurso político debe quedar plasmada en la norma, de lo contrario se corre el riesgo de vulnerar derechos adquiridos y abrir la puerta a interpretaciones regresivas.

Por ello, cada sector, cada instituto de pensiones, cada sindicato y entidad debe realizar un análisis propio y exigir aclaraciones en el proceso legislativo. Solo así se garantizará que la reforma cumpla con su objetivo sin vulnerar derechos fundamentales ni generar desigualdades nuevas.

Guillermo E. Rivera MillánDirector de De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México AC

Consulta la iniciativa completa aquí: 👇

https://drive.google.com/file/d/1eRjVsJBjw5-YrK-jf_OOO1OrbkEe9N-Q/view?usp=drivesdk