Movimiento al Socialismo - México

Repudiamos las amenazas del ultraderechista Donald Trump

Sheinbaum, Morena y la 4T sufren del síndrome Rocha Moya

Por el Comité Ejecutivo del MAS

La ofensiva imperialista continúa, y ante su fracaso en Irán, retoma otros de sus objetivos para tratar de recolocarse en su propio país, como cercar aún más a Cuba, imponiendo un bloqueo petrolero, que lamentablemente fue aceptado por el gobierno mexicano. Y a pesar de “su triunfo” secuestrando a Nicolás Maduro, en una evidente traición, ahora ha apuntado su mira hacia nuestro país nuevamente, aumentando sus amenazas, como el realizar ataques directos en nuestro territorio contra los carteles de la droga, ese es el pretexto. Pero ahora ha aumentado enormemente sus ataques al régimen de la 4T, haciendo acusaciones formales contra políticos de Morena para lograr su extradición.

Por supuesto que rechazamos categóricamente las amenazas del imperio, pues más allá de que sean ciertas las acusaciones y de la larga lista de políticos mexicanos involucrados, lo que evidentemente busca es dominar por completo nuestra nación, aumentar su control político y económico. Por ello debemos exigir que realmente exista una investigación a fondo de esas acusaciones, y como no hay ninguna confianza en sus comisiones o en la Fiscalía General de la República, se debe formar un grupo independiente de especialistas para auditar a todos los partidos, los gobernadores, integrantes del gabinete y del Congreso e investigar sus nexos con el crimen organizado, con severas p***s de cárcel para los numerosos corruptos. Es penoso que sea a partir de una denuncia del gobierno yanqui, que entonces sí se vean obligados a remover a Rocha Moya y su grupo, ¿y los demás? Se debe echar abajo el pacto de impunidad de los presidentes y expresidentes, porque Fox, Calderón y Peña Nieto al menos, deben estar en la cárcel.

Lamentablemente Trump los tiene del pescuezo, porque las y los dirigentes de Morena, incluida la presidenta, el Ejército y la Marina, es decir, el actual régimen mexicano, cargan con un ancla muy pesada: los Rocha Moya de la 4T. Es decir, el gobernador de Sinaloa con licencia y su grupo, son solamente la punta de la madeja en la complicidad con el crimen organizado, porque tendríamos que sumar una larga lista, donde los más conocidos son: el senador Enrique Inzunza, Adán Augusto López y su cómplice Bermúdez Requena, el clan Monreal, el general Cienfuegos, Salgado Macedonio, la gobernadora de Baja California: Marina del Pilar Ávila y su “ex” esposo Carlos Torres Torres—ambos provienen del PAN, acusado de tráfico de armas— y un largo etcétera.

Pero hay que sumar al Almirante Rafael Ojeda Durán y sus ahora famosos sobrinos, uno de los cuales está preso en Argentina: Fernando Farías Laguna, que están entre los muchos autores del fraude más cuantiosos de la historia del país, con el llamado huachicol fiscal, lo que nos recuerda otra afirmación categórica de AMLO: “La Marina es incorruptible”, un mito que ahora cae estrepitosamente.

Lo peor del caso es la necia defensa que realiza la presidenta, emulando a su mentor, con la que hizo AMLO para lograr que EU liberara al General Cienfuegos, quien fue detenido en EU en octubre de 2022, acusado de colaborar con el narco. AMLO hizo hasta lo imposible por librarlo de la cárcel, incluso prometió que sería juzgado en México, lo que por supuesto no ocurrió. Pero las condiciones cambian, el gobierno del ultraderechista Donald Trump viene presionando desde hace meses diciendo que “los carteles son quienes gobiernan” en México y que Sheinbaum no acepta su “ayuda”. Y la entrega voluntaria ante las autoridades yanquis de dos de los socios de Rocha Moya, el general Gerardo Mérida y Enrique Díaz, secretarios de Seguridad y Finanzas del gobierno de Sinaloa, respectivamente, la dejan muy mal ubicada.

El gobierno yanqui tiene bien investigados a los principales mandos del régimen y los partidos, habla de una lista y ya anunciaron que van por más, demostrando la gran vulnerabilidad de un gobierno que no es capaz de parar la corrupción de sus propios dirigentes políticos y militares. Trump ya viene avanzando en dividir a los partidos burgueses ante su creciente presión, dejando al descubierto la traición de la gobernadora panista de Chihuahua, con la muerte “accidental” de dos agentes de la CIA que participaron en un operativo contra el narco.

El escándalo se da curiosamente a días del inicio de las negociaciones formales del Tratado comercial, el TEMEC. Se va cerrando el círculo de medidas y amenazas contra nuestro país y todo por la descarada corrupción que se destapa de cada vez más dirigentes y funcionarios de Morena, aunque por supuesto no se salvan los priistas, emecistas, verdes, panistas y petistas, todas las fuerzas políticas están dominadas por la corrupción y sus conexiones con el crimen organizado para enriquecerse y financiar sus campañas. Y ahí está el caso de Adán Augusto, que sigue en total impunidad y mantienen calladito a Bermúdez Requena.

Y ahora se suman las acciones proimperialistas del corrupto dirigente priista, Alejandro Moreno, que ha solicitado formalmente la intervención del Departamento de Estado yanqui, para declarar como terrorista a Morena, el partido de la presidenta, así como exigir al INE dejarlo sin registro, dejando clara su postura de lacayo del imperio, cuando él es uno de los primeros que deben ser investigados. Y del PAN que exige la extradición de Rocha, sujetándose al gobierno de Trump, mostrando su carácter de derecha proimperialista.

Pero esto demuestra la putrefacción no sólo de los principales políticos mexicanos y sus partidos, del Ejército, la Marina y sus cómplices, es una profunda descomposición del capitalismo, su esencia corrupta y explotadora, por lo que la hay que superar esa etapa de la historia y construir una verdadera alternativa, algo nada sencillo. Esa salida la tiene que organizar el pueblo de México y particularmente la clase trabajadora, que debe postularse para gobernar, poniendo reglas perfectamente claras para combatir la corrupción, como aplicar salarios máximos a los funcionarios públicos, que no superen al de un trabajador o trabajadora especializada, con una estrecha vigilancia de las asambleas obreras y populares.

Debemos construir una alternativa propia

Un gobierno de la clase trabajadora, los pueblos y comunidades, los sectores populares, el movimiento de mujeres y la juventud, donde todos sus integrantes puedan ser destituidos ante cualquier hecho de corrupción y con castigos ejemplares. Esa es la verdadera democracia obrera y popular, que las clases dominantes jamás podrán organizar, por la esencia capitalista del enriquecimiento desmedido e individualista, con el que se debe romper de tajo. Sí es posible acabar con la corrupción, superando la sociedad capitalista y abriendo el camino a una sociedad socialista y democrática.

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Liberan a Saif y Thiago, triunfo de la movilización Por Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional 9/5/2026. Desde la UIT-CI saludamos el anuncio de la liberación

El Socialista Extra #1

¿Tiene alguna responsabilidad la 4T en la desaparición masiva de personas?

El dato es escalofriante: ¡hay más de 132 mil desaparecidos en México! De ahí que sean miles de madres y padres buscadores, que ante la incapacidad o complicidad de elementos de diversas instituciones en muchos casos, se dan a la tarea de buscar a sus familiares entre los cerca de 72 mil cadáveres que están acumulados en los centros forenses en todo el país, o en las numerosas fosas clandestinas, utilizadas por el crimen organizado, para ocultar sus asesinatos realmente masivos. Hasta allá van las madres a buscar los restos de sus hijos, esposos, hermanos, etc., demostrando una verdadera capacidad de investigar lo que las autoridades no pueden, o no quieren. Lo hacen sin ningún apoyo gubernamental y son perseguidos e incluso asesinados por los mismos grupos criminales.

Pero ahora ha surgido una gran polémica ante el informe presentado por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre las desapariciones en México, donde han concluido que existe responsabilidad del estado mexicano en las desapariciones masivas, un fenómeno sistemático y creciente, que lejos de resolver, aumenta cada año: “El organismo señala que estos actos ocurren mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, y que pueden involucrar tanto a autoridades públicas de distintos niveles como a organizaciones criminales, ya sea de forma autónoma o con su complicidad”.

Y es necesario comentar que efectivamente la política de desaparición masiva de personas la inició el viejo régimen priista y luego continuó con el panismo, en particular con el gobierno de Felipe Calderóan, pero eso no exime, como veremos, de responsabilidad a los gobiernos de la 4T.

¿Por qué el rotundo rechazo del informe por parte del gobierno?

La presidenta Sheinbaum dijo que era sesgado y tendencioso, que no se tomaron en cuenta “los esfuerzos gubernamentales realizados desde 2018” para enfrentar la crisis, responsabilizando a los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, pero en realidad “en múltiples ocasiones, el Comité ha reconocido y acogido con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado Parte, y ha remitido el marco jurídico e institucional mexicano como ejemplo positivo a otros Estados”.

Esa acusación, aun viniendo a un comité de la ONU, que no nos merece ninguna confianza, busca nuevamente ocultar la verdad, las desapariciones forzadas en México son un fenómeno imparable, que cuenta desgraciadamente con la participación de autoridades locales, civiles y militares, ligadas al actual gobierno. Y como esto es de gran importancia, queremos dar ejemplos concretos de esa responsabilidad directa que hoy pretenden ocultar.

El emblemático caso de Ayotzinapa

Aunque la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrió el 26 de septiembre de 2014, durante el gobierno de Peña Nieto, quien a toda costa trató de ocultar los hechos con la llamada “verdad histórica”. Desde su campaña presidencial, López Obrador prometió a los padres y madres de los estudiantes toda la verdad y la aparición de sus hijos, pero terminó su gobierno sin esclarecer los hechos, porque eso representaba la caída de los principales mandos del Ejército y la Marina, aunque le costó la ruptura con los padres y madres de los normalistas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ayudar a esclarecer los hechos, dejó clara la participación de las policías municipales, estatales, federales, así como el Ejército y la Marina, en colusión con grupos criminales en la desaparición de los 43 estudiantes, denunciando la intromisión y obstrucción por parte del ejército en su investigación, por lo que López Obrador inició una campaña en su contra, para proteger a los altos mandos. Así que, aunque su gobierno no fue parte directa de su desaparición, sí tiene una enorme responsabilidad actual en obstaculizar la verdad y la detención de los principales responsables.

El caso Tabasco

En un estudio de la Asociación Civil Red Lupa, Tabasco es el estado de la República con el mayor crecimiento en la desaparición de personas: “En Guanajuato, el número de personas desaparecidas se ha multiplicado por ocho desde 2017 hasta abril de 2025, mientras en Tabasco las desapariciones de personas han tenido un incremento exponencial en 2024 y 2025, con niñas y jóvenes como principales víctimas” , detalla.

En 2022 había 220 personas desaparecidas en Tabasco, en 2025 la cifra asciende a 3 mil 952, son datos de la misma Asociación, quien calificó a la entidad con un “nivel extraordinario de gravedad”, por el incremento de casos en años recientes.

Pero ¿hay alguna explicación del crecimiento de las desapariciones? Por supuesto, hay que recordar que precisamente en esos años, fue jefe de la policía de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, el también jefe del grupo criminal La Barredora, ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación y nombrado por el gobernador Adán Augusto López en 2019 —y estuvo en el cargo hasta 2024—, quien a pesar de las pruebas de su estrecha relación con el hoy preso en el penal del Altiplano, sigue gozando de total impunidad en su cargo de Senador por Morena, y de la protección gubernamental.

La presidenta debería poner en práctica su discurso contra la corrupción y de aplicar medidas para resolver las desapariciones en el país, empezando por su propia casa, enjuiciando al Senador Adán Augusto, que increíblemente sigue impune a estas alturas. Y estos dos casos concretos, son ap***s la punta del iceberg, porque hay elementos de ligazón de varios gobernadores con el crimen organizado y las desapariciones forzadas.

Toda la verdad y castigo a los responsables

Pero si existieran dudas al respecto, sería fundamental que se formara una Comisión de especialistas de prestigio en el tema, quizás el propio GIEI, que la presidenta anunció que está buscando su regreso, para que de forma independiente y con los elementos técnicos, jurídicos y políticos necesarios, para analizar el Informe del Comité de la ONU y, sobre todo, emitir las resoluciones correspondientes; porque lo más importante es que se esclarezcan los hechos, que se conozca la verdad y exista castigo a los responsables de esos crímenes terribles, de lesa humanidad que lesionan a miles de familias en todo el país.

Por supuesto que en esa Comisión deben participar los familiares y Colectivos de búsqueda, que han acumulado una importante experiencia y que requieren ser escuchados, por lo que también expresamos nuestra exigencia de que los reciba personalmente la presidenta, que lamentablemente se ha negado a escucharles.

Porque se deben sentar las bases de un nuevo sistema de investigación de las desapariciones (como lo sucedido en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco), de identificación de cadáveres, con un programa emergente para resolver la crisis de los cadáveres insepultos, con un estudio previo de ADN y toda la información necesaria para su plena identificación. Y lo más importante, la inmediata investigación de personajes como Adán Augusto López, senador con estrechos vínculos con Hernán Bermúdez Requena y su grupo criminal, hoy acusado precisamente de desaparecer numerosas personas; además, la entrega inmediata de los expedientes que el Ejército les ha negado a los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, como un primer paso positivo, para verdaderamente resolver la enorme crisis de las desapariciones forzadas en México.