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07/10/2026

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02/10/2026

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Ciudad de México a 2 de octubre de 2026

De Fidel a Tlatelolco: la cadena de poder

¿Cómo explicar que el hombre que detuvo a Fidel Castro terminara siendo recibido en como amigo de la Revolución y, doce años después, dirigiera el aparato de inteligencia mexicano que vigilaba al movimiento estudiantil que terminaría en Tlatelolco?

La pregunta obliga a mirar algo que durante mucho tiempo permaneció oculto: la cadena de poder que conectaba a la Presidencia, Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad y las redes de inteligencia de la Guerra Fría.

En 1955 y 1956, México fue escenario de la organización del Movimiento 26 de Julio. Fidel Castro, Ernesto “Che” Guevara y sus compañeros se preparaban para regresar a Cuba y enfrentar a Fulgencio Batista.

Ahí aparece un joven Fernando Gutiérrez Barrios, integrante de la Dirección Federal de Seguridad.

La DFS vigiló a los revolucionarios cubanos y Gutiérrez Barrios participó en la detención de Fidel Castro y otros integrantes del movimiento en 1956.

Pero la historia tendría un giro extraordinario.

Con los años, Gutiérrez Barrios construyó una relación cercana con Fidel. El líder cubano recordó el trato recibido durante su detención y el político mexicano terminó expresando públicamente su admiración por Castro y por la Revolución Cubana.

En Cuba llegó a ser recibido como un viejo amigo.

Pero avancemos doce años.

En 1968, la cadena de responsabilidades del Estado mexicano tenía una estructura perfectamente definida:

Gustavo Díaz Ordaz → Presidencia de la República.

Luis Echeverría Álvarez → Secretaría de Gobernación.

Fernando Gutiérrez Barrios → Dirección Federal de Seguridad.

Y por debajo de esa estructura operaban las distintas corporaciones y fuerzas encargadas de la seguridad y la operación en las calles.

No eran instituciones aisladas.

Era un aparato de Estado.

Y mientras esa estructura vigilaba al movimiento estudiantil, los archivos desclasificados muestran que la estación de la en México mantenía canales clandestinos con altos funcionarios mexicanos.

Díaz Ordaz aparece identificado como LITEMPO-2 y Gutiérrez Barrios como LITEMPO-4.

La documentación muestra intercambio de información y acceso de la estación estadounidense a funcionarios mexicanos. También registra que la CIA seguía de cerca el movimiento estudiantil y recibía información procedente de fuentes mexicanas.

Aquí es donde la cadena adquiere una dimensión internacional:

Presidencia mexicana → Secretaría de Gobernación → DFS → información de inteligencia → comunicación con la estación de la CIA.

Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro:

esto no demuestra que la CIA haya ordenado Tlatelolco.

La responsabilidad política por las decisiones del Estado mexicano corresponde al gobierno mexicano de entonces. La participación concreta de las distintas instituciones y unidades debe analizarse a partir de los documentos y testimonios disponibles.

Y entonces llegamos al 2 de octubre de 1968.

El Ejército y los cuerpos de seguridad fueron desplegados en Tlatelolco. El Batallón Olimpia participó en el operativo. La DFS llevaba meses siguiendo y documentando las actividades estudiantiles.

El resultado fue una tragedia que marcó para siempre la historia política de México.

Y aquí aparece la pregunta que incomoda:

¿Quién tomó las decisiones?

La Presidencia tenía la responsabilidad política máxima.

Gobernación era una pieza central en la conducción política y de seguridad interna.

La DFS era el aparato de inteligencia encargado de investigar, vigilar y producir información sobre los opositores y movimientos considerados una amenaza.

Y las fuerzas desplegadas en Tlatelolco ejecutaron las operaciones en el terreno.

Esa es la cadena que debe analizarse.

No para sustituir la evidencia por una teoría, sino para entender cómo funcionaba el poder.

Porque una cosa es preguntar quién disparó.

Y otra, mucho más profunda, es preguntar:

¿Quién construyó el aparato que identificó al enemigo?
¿Quién produjo la información?
¿Quién tomó las decisiones políticas?
¿Quién dio las instrucciones operativas?
¿Quién ejecutó el operativo?
¿Y quién recibió la información después?

Ahí está la verdadera historia de .

Y resulta imposible ignorar la paradoja de Gutiérrez Barrios.

El hombre que en 1956 participó en la detención de Fidel Castro terminó siendo amigo de aquel revolucionario.

El funcionario identificado como LITEMPO-4 terminó dirigiendo la DFS.

Y el presidente identificado como LITEMPO-2 encabezaba el gobierno mexicano cuando ocurrió Tlatelolco.

De Fidel a Tlatelolco hay apenas doce años.

Pero entre ambos acontecimientos se encuentra toda una época: la Guerra Fría, la inteligencia política, la relación México-Cuba, los vínculos con Estados Unidos y un régimen mexicano que podía tolerar determinadas expresiones revolucionarias en el exterior mientras consideraba una amenaza la movilización política de sus propios jóvenes.

Por eso, Tlatelolco no puede entenderse solamente desde la plaza.

Hay que mirar hacia arriba.

Hacia la cadena de mando.

Porque para comprender una tragedia de Estado no basta con saber quién estaba en el lugar de los hechos.

También hay que saber quién tenía el poder de decidir qué hacer con la información, qué hacer con los estudiantes y qué hacer con el Estado.

👀 Los leo 👇🏼

✍🏼 Su camarada Alejandro Valencia Rivero

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02/10/2026

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01/10/2026

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24/09/2026

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: ¿municipios fuertes o gobiernos rodeados de estructuras que no pueden resolver?

Hay momentos en la vida pública en los que no basta con anunciar inversiones millonarias.

También tenemos que preguntarnos cómo vamos a organizar al gobierno para que esos recursos realmente se traduzcan en mejores servicios para la gente.

El Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México representa una oportunidad histórica.

Diez municipios prioritarios, millones de habitantes y una estrategia que busca coordinar a la Federación, al Estado y a los gobiernos municipales para atender rezagos que durante décadas se fueron acumulando.

Pero precisamente por la dimensión de este proyecto tenemos que atrevernos a plantear una discusión de fondo:

¿Queremos municipios más fuertes o simplemente más oficinas del gobierno dentro de los municipios?

Porque una cosa es desconcentrar.

Y otra muy distinta es descentralizar.

Podemos tener oficinas, coordinaciones, representaciones y organismos distribuidos territorialmente, pero si los municipios no cuentan con suficientes facultades, recursos y capacidad administrativa para resolver, entonces seguimos teniendo gobiernos locales que cargan responsabilidades sin tener necesariamente todas las herramientas para cumplirlas.

Y el ejemplo está ocurriendo ahora mismo en .

Esta semana, la Comisión Federal de Electricidad suspendió el suministro de energía eléctrica a 10 pozos y cárcamos de agua potable y drenaje, una situación que, de acuerdo con información de ODAPASA, podía afectar a entre 70 y 80 mil habitantes.

Posteriormente, la informó que restableció el suministro en cinco pozos después de las gestiones realizadas con y señaló que el organismo mantiene un adeudo de 32 millones de pesos por suministro eléctrico. Se acordó un abono de 900 mil pesos para avanzar en la regularización.

Aquí no se trata de buscar culpables desde una columna.

Tampoco de desconocer que existen adeudos históricos.

Se trata de mirar el problema de frente.

Porque cuando una deuda administrativa termina provocando que un pozo de agua deje de funcionar, el problema deja de ser solamente financiero y se convierte en un problema de gobierno.

Y entonces surge una pregunta incómoda:

¿Qué tan fuerte es un municipio cuando tiene la responsabilidad de garantizar servicios básicos, pero sus organismos no cuentan con la capacidad financiera suficiente para sostenerlos?

Ahí es donde mi propuesta adquiere otra dimensión.

Tenemos que discutir seriamente la desaparición progresiva de los órganos desconcentrados cuyas funciones puedan ser transferidas o integradas a los gobiernos municipales.

No para desaparecer servicios.

No para dejar solos a los municipios.

No para concentrar todavía más poder.

Sino para fortalecer realmente al municipio.

Porque tampoco tiene sentido construir una arquitectura administrativa donde existen múltiples estructuras alrededor de un mismo territorio, mientras el gobierno municipal sigue enfrentando problemas elementales de operación, coordinación y financiamiento.

Si queremos municipios fuertes, debemos empezar por preguntarnos:

¿Qué funciones realmente necesitan una estructura independiente?

¿Cuáles se duplican?

¿Cuáles pueden integrarse?

¿Cuáles podrían ser administradas directamente por el municipio con mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas?

Y aquí el Plan Oriente puede convertirse en una oportunidad histórica.

Porque si vamos a invertir miles de millones de pesos en infraestructura, agua, movilidad, seguridad, vivienda y servicios, también tenemos que preguntarnos qué capacidad institucional tendrán los municipios para administrar, mantener y hacer funcionar todo lo que se construya.

De nada sirve inaugurar infraestructura si años después no existe capacidad financiera para mantenerla.

De nada sirve construir un pozo si después no podemos garantizar su operación.

De nada sirve transferir responsabilidades si no transferimos también recursos y capacidades.

Eso no es descentralización.

Eso es trasladar responsabilidades.

La verdadera descentralización significa que el municipio tenga facultades, presupuesto, capacidad técnica y responsabilidad frente a sus ciudadanos.

Y también significa algo más:

que quien recibe facultades tenga que responder por los resultados.

Porque hoy tenemos una administración pública donde muchas veces participan Federación, Estado, organismos, municipios y diferentes instancias.

Pero cuando algo falla, la ciudadanía solamente sabe una cosa:

el problema está en su municipio.

Por eso el debate debe cambiar.

No se trata de preguntar cuántas oficinas necesitamos.

Se trata de preguntar cuántas estructuras necesita realmente la gente para que el agua llegue, las calles estén iluminadas, las obras funcionen y los servicios no se detengan.

Acolman nos acaba de poner un ejemplo muy concreto.

Un adeudo histórico puede terminar afectando pozos.

Un problema financiero puede convertirse en un problema de agua.

Y un problema administrativo puede terminar afectando a decenas de miles de ciudadanos.

Eso debería obligarnos a revisar el modelo.

Porque si el municipio es el gobierno más cercano a la gente, también debería ser el gobierno con las herramientas suficientes para responderle.

El Plan Oriente no debería limitarse a transformar calles, hospitales, escuelas, sistemas de agua o infraestructura.

También debería transformar la manera en que gobernamos.

Menos duplicidad administrativa.

Más capacidad municipal.

Más coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Más recursos vinculados a resultados.

Y más responsabilidad frente a la ciudadanía.

Porque fortalecer al municipio no significa darle un cheque en blanco.

Significa darle facultades y exigirle resultados.

Y ahí está quizá la discusión más importante:

¿Vamos a aprovechar el Plan Oriente para construir municipios verdaderamente fuertes o solamente para llevar más estructuras administrativas a municipios que siguen sin tener capacidad suficiente para resolver sus problemas?

Porque el verdadero fortalecimiento municipal no consiste en tener más oficinas.

Consiste en tener más capacidad para gobernar.

Y si de verdad queremos transformar el Oriente del Estado de México, tal vez haya llegado el momento de dejar de preguntarnos cuántas estructuras podemos crear…

y empezar a preguntarnos:

¿Cuántas estructuras podemos eliminar para que el municipio finalmente pueda gobernar?

Los leo…

✍🏼 Su camarada Alejandro Valencia Rivero

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