La garza rebelde

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Medio informativo

16/09/2020

LA ARBITRARIEDAD Y LA REPRESIÓN AVANZAN PELIGROSAMENTE

Por: Aquiles Córdova Morán

La historia, dice Marx, es la ciencia por excelencia, la única verdadera ciencia. Cervantes había escrito, más de dos siglos antes, que la historia es la maestra de la humanidad. Pero Marx veía en ella algo más hondo y esencial que la pura función pedagógica que le reconocía Cervantes. Según él, la historia es el desarrollo en el tiempo de todos los fenómenos de la realidad material (incluidos la sociedad y el pensamiento); por tanto, todo lo que existe, sin excepción, tiene una historia, y el conocimiento preciso, científico, de cualquier objeto real es imposible sin el conocimiento de su historia, sin remontarse a sus orígenes y, a partir de allí, seguir paso a paso su desarrollo hasta su configuración actual. Es lo que se conoce como conocimiento concreto de las cosas.

Hoy, en México, están teniendo lugar sucesos inusitados, inéditos, que están afectando negativamente la vida, la seguridad y la tranquilidad de toda la sociedad. Estos cambios se originan en la voluntad y la decisión de un solo hombre, el Presidente de la república, a cuyas órdenes y deseos se hallan sometidos el aparato completo de la administración pública, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial Federal, lo que significa la supresión factual de la división de poderes propia de toda democracia.

Juristas, columnistas, articulistas y politólogos de los más reconocidos están de acuerdo en que México y los mexicanos nos encaminamos hacia una dictadura. ¿Es realmente así? ¿A qué clase de dictadura nos precipitamos sin darnos cuenta? Para responder a estas preguntas, me parece oportuno echar mano de la tesis marxista sobre el conocimiento concreto. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que la dictadura no surge nunca de la nada, ni tampoco es fruto del capricho personal de un individuo; que todas brotaron de circunstancias materiales, económicas y espirituales que las hicieron necesarias y posibles y que representaron siempre los intereses de determinados grupos sociales dominantes, en abierta oposición de las clases trabajadoras de la ciudad y el campo.

Veremos que “dictadura” no es sinónimo de retroceso, de oscurantismo científico y cultural, de odio a la libertad personal y política; en suma, oposición a rajatabla al progreso y bienestar de la población. En efecto, hubo dictaduras por decisión popular, como la de Cincinato que salvó a Roma de la invasión extranjera; otras como las de los tiranos griegos que promovieron eficazmente el comercio, la industria y las libertades ciudadanas en las colonias del Asia Menor. Gracias al tirano Pisístrato, hoy disponemos de una versión depurada y confiable de la Ilíada de Homero. En sentido contrario, tenemos los ejemplos de corrupción, de decadencia moral, de despotismo y abuso de poder de algunos de los doce césares biografiados por Suetonio. Sin embargo, tras más de dos siglos de ensayos, no siempre exitosos, la humanidad se inclina hoy a vivir en un sistema democrático (con todas las variantes que sabemos) por considerarlo el mejor o el menos malo de los regímenes políticos conocidos.

Dos rasgos esenciales definen a la democracia: la aceptación del principio de que el poder reside originalmente en el pueblo y que es éste quien lo delega en los gobernantes para que lo ejerzan en su nombre y para su beneficio. Este primer principio implica necesariamente el derecho irrestricto del propio pueblo a elegir libremente a quienes considere dignos de ejercer el poder en su nombre. El segundo principio es que, tanto los gobernantes como los ciudadanos, deben regir su vida y su conducta de acuerdo con códigos y leyes previamente elaborados, discutidos y aceptados por todos los ciudadanos en capacidad de decidir. Cuando una de estas dos condiciones (o las dos) falta, o es violentada y transgredida por el gobierno, puede hablarse propiamente de dictadura.

Hoy no hay duda de que se está violentando la ley por parte del gobierno; de que está pasando por encima de ella; de que está creando nuevas leyes y reglamentos claramente violatorios de la Constitución y opuestos a los conceptos elementales del Derecho; que está haciendo una aplicación parcial y selectiva de sus preceptos para perjudicar a los enemigos y favorecer a los amigos de la 4ªT; que, a pretexto de “combatir la corrupción”, algo que la gente exige y aplaude indudablemente, está usando dolosamente la ley para perseguir y encarcelar a los opositores mientras protege descaradamente, echando mano de los peores sofismas, a los corruptos al servicio del régimen; que la UIF de Santiago Nieto está convertida en un temible Tribunal del Santo Oficio que embarga cuentas y fabrica denuncias al por mayor contra cualquiera que disienta de la 4ªT y, a renglón seguido, promueve el linchamiento mediático de la víctima. El colmo de la arbitrariedad y de la manipulación dolosa de la ley es el intento de someter al voto popular el enjuiciamiento de los ex presidentes de la república, previamente juzgados y condenados desde el púlpito de las mañaneras.

Por otra parte, el erario de la nación se está usando para organizar y controlar el voto de los sectores más necesitados; se está gastando dinero a porrillo en “programas sociales” como “jóvenes construyendo el futuro”, “becas Benito Juárez” y “sembrando vida”, acciones que, según INEGI y especialistas independientes, carecen de objetivos claros y de una normatividad precisa para su aplicación. Dinero a manos llenas en dádivas como tinacos, calentadores, despensas, cemento y fertilizante que reparten solo los candidatos y los promotores de Morena, una clara maniobra para comprar votos. El mismísimo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) está, como señalan los especialistas, cargado a las obras faraónicas y los programas clientelares del presidente, mientras dejan sin recursos a la salud, la vivienda popular y los servicios básicos. Mención especial merece el despojo a estados y municipios que, gracias a eso, no podrán hacer nada para paliar la pobreza y las carencias de sus gobernados. Y junto con todo esto, se ataca y debilita a las instituciones electorales, ya de por sí desprestigiadas por sus anteriores errores y complicidades.

En resumen: lo que todos vemos y vivimos es un intento por echar abajo el andamiaje legal que ordena y rige la vida democrática del país, por un lado; y por otro, el de forzar, distorsionar, manipular y corromper el derecho del pueblo a elegir libremente a sus servidores públicos. Estamos ante un ataque frontal al modelo democrático construido con la sangre del pueblo mexicano, sin su participación y sin su anuencia. Estamos pues, ante un amago de dictadura.

Se ataca y persigue la libertad de prensa y de opinión. Varios periodistas reconocidos, como Pablo Hiriart, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo (Brozo), han perdido sus empleos (y alguno ha optado por el exilio), por la hostilización permanente y las amenazas de los “chairos”. En la semana recién pasada, sin embargo, ocurrió un hecho de la mayor gravedad. El director del Fondo de Cultura Económica, un reconocido escritor por cierto, salió a defender las medidas represivas contra dos conocidos intelectuales mexicanos, los historiadores, editores y politólogos Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Al final de su mordaz discurso les “sugirió” que se busquen otro país a la mayor brevedad posible. Esto rebasa cualquier límite que le queramos poner a la discrepancia ideológica, natural en esos ámbitos. Estamos frente a un acto de intolerancia que tiene historia y nombre, la quema de libros organizada por Goebbels como señal de arranque para la persecución, expulsión y quema de los judíos alemanes en los hornos crematorios de Hi**er. ¿Otra vez el grito de Millán Astray contra Unamuno: ¡Muera la inteligencia!?

Pero la dictadura avanza y ensaya nuevos caminos. El 9 de septiembre, por órdenes del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, personal de la Fiscalía del estado respaldado por un destacamento de policía bien armado, allanó la casa de la cultura en la colonia Balcones del Sur, el área de mayor pobreza y marginación en la capital. Ante el reclamo de los vecinos afectados, los empleados de la Fiscalía dijeron que “tenían órdenes” de montar una oficina de la propia Fiscalía en ese recinto. Al día siguiente, 10 de septiembre, un vehículo del Ejército con 40 elementos a bordo allanó la unidad deportiva en la misma colonia con el pretexto de que “buscamos a un menor”. La gente volvió a encararlos. Los militares se retiraron pero se apostaron en los alrededores en plan amenazante. Barbosa, pues, está buscando enfrentar al pueblo uniformado y armado con el pueblo oprimido y marginado; está tratando de provocar una masacre. Desde ahora y desde aquí hago responsable al gobernador Barbosa si semejante crimen llegase a materializarse.

Y no es exceso de imaginación. El gobierno federal tomó con la fuerza armada la presa de La Boquilla, en Chihuahua. Los agricultores afectados y sus familias salieron a defender el agua, que es suya y significa la vida en esa desértica región, y vino, si no el choque frontal, sí una peligrosa fricción entre el pueblo y la fuerza armada. El saldo es una pareja baleada por la espalda, la esposa murió y el marido está grave. Y lo increíble en un gobierno racional es que la UIF de Santiago Nieto ya salió a congelar las cuentas (personales y del municipio) del presidente municipal de Delicias, del ex gobernador José Reyes Baeza y de varias personas e instituciones más, con las trilladas acusaciones que los antorchistas conocemos bien: “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Vea usted la credibilidad que merecen las acusaciones de la UIF.

Vamos hacia una dictadura y no es la dictadura de Cincinato ni la dictadura del proletariado, porque aquí los trabajadores y el pueblo organizado no se ven por ninguna parte; y si acaso se les toma en cuenta, es para acusarlos de huachicoleros y lavadores de dinero para poder reprimirlos y encarcelarlos. Es la dictadura de una clase media (media y baja) llena de rencores, revanchismo y ambición de dinero y de poder, representada por un gobernante autoritario dispuesto a cumplir puntualmente los deseos e intereses de sus representados. Ante una dictadura impuesta por el engaño, la manipulación y la violencia, el pueblo tiene pleno derecho a protestar y exigir que le devuelvan sus derechos legales y democráticos para elegir libremente el tipo de gobierno que desea.

09/09/2020

LA LEY, ESCUDO DE PAPEL FRENTE A GOBERNANTES ABUSIVOS

Por: Aquiles Córdova Morán

Ya los mayores sabios del Renacimiento y la Ilustración pensaban que ningún hombre sobre la tierra es lo suficientemente bueno, recto y libre de prejuicios e intereses mezquinos como para decidir sobre la libertad y la vida de otros hombres. Don Miguel de Cervantes, que es uno de esos sabios, lo dice de modo insuperable en la famosa aventura de Don Quijote y los galeotes:
Cuando Sancho Panza vio a 12 condenados a galeras, que iban ensartados en una cadena como las cuentas de un collar y custodiados por una guardia armada, dijo a su amo: “…esa es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras”. “¿Cómo gente forzada? –respondió Don Quijote– ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente?”. Aquí tenemos el primer punzante dardo contra la justicia de todos los tiempos. “No digo eso –aclara Sancho– sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza”. Pero Don Quijote no se deja convencer: “En resolución (...) como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza, y no de su voluntad”. “Así es, dijo Sancho”.

Con permiso de los custodios, el caballero interroga a los primeros galeotes: uno robó un cesto de ropa blanca, otro delató a sus cómplices en el tormento, otro más no tuvo diez escudos “para untar la péndola (pluma) del juez”, otro era alcahuete, etc. “De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos (nótese la plena identificación de Don Quijote con los galeotes) he sacado en limpio que (…) podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de este, el poco favor de otro y, finalmente, el torcido juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades.” Don Quijote, pues, no duda de que la justicia asiste a los galeotes, que estos son víctimas inocentes de sus circunstancias y culpa por su condena al “torcido juicio del juez”. Añade: “Todo lo cual (…) me está diciendo, persuadiendo y aun forzando a que muestre con vosotros el efecto para que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en la orden de caballería que profeso, y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores”. Así pues, los reos no son para Don Quijote más que “menesterosos y opresos” de los poderosos de su tiempo.

Antes de hacer uso de sus armas, trata de persuadir a los custodios para que los liberen voluntariamente: “…quiero rogar a estos señores y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz (…) porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuánto más señores guardas (…) que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado; Dios hay en el cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello”. Vemos aquí que el inmenso genio de Cervantes, que corre parejas con su humanismo, niega a los hombres en general el derecho a “hacer esclavos a quienes Dios y naturaleza hizo libres”; apela a la solidaridad del pueblo armado con el pueblo oprimido por el poderoso y afirma que los “hombres honrados” no pueden ni deben ser “verdugos de los otros hombres”. En otras palabras: quienes juzgan y encarcelan a los débiles no son los “hombres honrados” sino los perversos y sinvergüenzas que castigan el delito ajeno mientras cometen los suyos impunemente. Y opina que solo Dios es suficientemente bueno y justo para juzgarnos, premiarnos o castigarnos.

Estas palabras cervantinas tienen hoy plena vigencia en México. El uso faccioso de la ley con fines distintos al de impartir justicia, su aplicación sesgada para cobrar venganzas y reprimir a los opositores políticos, son hechos cotidianos, que brotan todos los días por todas partes y a todas horas. Quienes hacen esto no son los mejores hombres del país, los “hombres honrados” que dice Cervantes, sino, justamente como nos previene, gente perversa y carente de autoridad moral para juzgar. Los antorchistas estamos sufriendo una encarnizada persecución “legal” por delitos inexistentes, absolutamente prefabricados; y aunque no lo haga exclusivamente por su libre y espontánea voluntad, el hecho probado es que Miguel Barbosa Huerta, gobernador (?¡) de Puebla, es la punta de lanza de este ataque artero a nuestras libertades y derechos. Y, ¿quién es Miguel Barbosa visto a través de la lente cervantina? ¿Cuáles son sus credenciales éticas y morales para tratarnos públicamente como delincuentes contumaces?

Como dije en artículo anterior, este Savonarola que pide la hoguera para los antorchistas, ha sido señalado como dueño de una mansión valuada en treinta millones de pesos, propiedad que omitió en su declaración patrimonial, lo que constituye un delito según la normatividad vigente. El “testigo colaborador” del momento, Emilio Lozoya, señaló a Barbosa como culpable de haber recibido de su mano un soborno por 100 mil dólares a cambio de controlar a su bancada en el Senado (era coordinador de los senadores del PRD) para que no se opusiera a las “reformas estructurales” de Peña Nieto. Hemos exigido y seguiremos exigiendo que el “señor gobernador” sea investigado con todo rigor por tales presuntos y graves ilícitos. Pero hay más. MILENIO del 20 de agosto asegura que Barbosa “fue borrado” en la declaración escrita de Lozoya. ¿Quién lo borró o quién ordenó borrarlo? ¿Por qué? Sea como sea, esta maniobra gangsteril no demuestra su inocencia sino todo lo contrario: prueba elocuentemente que Barbosa y sus amigos saben que es culpable y lo “borraron” para salvarlo de una investigación judicial que probaría su delito. Pero esto también constituye un delito grave que debería ser esclarecido y castigado.

Suma y sigue. El 21 de agosto, MILENIO dijo que, al enterarse Barbosa de la acusación de Lozoya, “…raudo y veloz, puso en marcha una estrategia de contención que incluyó mensajes directos a los celulares de millones de poblanos. Desde el pasado miércoles, y a través de mensajería instantánea, el gobierno del Estado de Puebla comenzó el envío masivo del video titulado ‎«Barbosa votó contra la reforma energética: Checa el video que lo prueba. NO te dejes engañar»‎”. Sigue MILENIO: “Al mismo tiempo puso a trabajar una pauta publicitaria gubernamental que alcanza los 19.8 millones de pesos, es decir, 25% del presupuesto total de la Coordinación de Comunicación y Agenda Digital del estado”. Así pues, Barbosa se ha gastado, como mínimo, 20 millones de pesos del dinero público para “limpiar” su imagen, o sea, para su promoción personal, lo cual también es un delito que debe ser sancionado con todo rigor.

Y hay más. El diario digital alcancediario.mx publicó el 26 de agosto la nota de Gerardo Pérez, “Florencio Madariaga, encarcelado por asociación delictiva, el operador de Barbosa para armar expedientes vs Esparza, Manzanilla y antorchistas”. El texto empieza así: “¡Que viva Chiapas y la 4T! ¿Por qué…? Por una sencilla razón: «El grupo Chiapas», de dicho y hecho, se apoderó del gobierno de Puebla; ellos ordenan y mandan, gritan, vociferan y cesan a quien no acate sus órdenes; no hay poder que los frene o contenga, pues todo lo ejecutan a nombre del mandatario estatal.” Según el reportero citado, el “grupo Chiapas” es “el grupo compacto de Juan Sabines Guerrero”, ex gobernador de Chiapas y cuya campaña fue coordinada por Miguel Barbosa, enviado por Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente del PRD. “… ahí nace una amistad, que conservan hasta el día de hoy, Juan Sabines-Miguel Barbosa.” Pero ¿quiénes son los “tres reyes magos” que hoy gobiernan en Puebla? Esto dice Gerardo Pérez.

El primero es Yassir Vázquez Hernández, ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, quien renunció al cargo acusado de desvío de recursos del erario municipal. Llegó a Puebla para coordinar la campaña de Barbosa en la capital. El premio es la Subsecretaría de transporte del estado a pesar de estar inhabilitado por una orden de aprehensión según la causa penal 153/2015. El segundo es Raciel López Salazar, ex procurador de Justicia y Fiscal General del estado de Chiapas durante 10 años seguidos. Salió del cargo “en medio de señalamientos de corrupción, persecución y presuntas ligas de protección con la mafia de trata de personas.” Hoy está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, designado por su amigo Miguel Barbosa.

El tercero es Florencio Madariaga Granados, ministro sin cartera que despacha en el Edificio Ejecutivo del CIS. Según Gerardo Pérez: “Ahí está el bunker del poderoso dueto chiapaneco: el «secretario sin cartera» Florencio Madariaga y el «secretario con cartera» Raciel López. Don Florencio hace las funciones del –inexistente– Secretario de Gobernación, David Méndez Márquez y del –gris– consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz”. Madariaga fue detenido por la Interpol en febrero de 2006, en Madrid, acusado por el gobierno de Chiapas de asociación delictiva y malversación de 900 millones de pesos. Estuvo preso en España un año y siete meses y, extraditado a México, pasó dos años en una cárcel de Chiapas hasta que lo sacó de ahí su amigo Juan Sabines Guerrero que lo premió, primero, con una notaría, y luego con la presidencia del Consejo Estatal de Derechos Humanos. Hoy, Madariaga Granados es el que “arma e integra las carpetas de investigación contra Fernando Manzanilla, Jorge Benito Cruz Bermúdez, Juan Celis y Soraya Córdova”. “Y le ordena al Fiscal General del Estado Gilberto Higuera Bernal, que los presente y sean ejecutados”.

Hoy sabemos, con toda seguridad, que la solicitud de orden de aprehensión contra la compañera Rosario Sánchez Hernández y otras dos personas, fabricada en este búnker, fue denegada dos veces por el juez ante la absoluta inconsistencia de las acusaciones, y tuvo que concederla en una tercera ocasión por órdenes directas del gobernador Barbosa. Y bien: estos son los “personajes” que acusan, juzgan y sentencian a quienes tienen la desgracia de caer bajo su férula; en estas manos está la justicia que imparte el gobierno de Barbosa a toda la ciudadanía poblana. ¿Tenía, o no, razón Don Quijote al liberar a los galeotes por considerarlos mejores que sus jueces?

02/09/2020

¡SÍ SOMOS VÍCTIMAS DE PERSECUCIÓN POLÍTICA!

Por: Aquiles Córdova Morán

Hay quienes, de buena fe, se han dejado impresionar y confundir por las fantásticas cifras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura haber descubierto en las cuentas de varios “líderes antorchistas”, y se resisten a creer que todo se reduce a un linchamiento mediático, orquestado desde las altas esferas del poder, para liquidarnos como corriente política opositora. Para probar que tenemos razón, hoy recurro al testimonio irrecusable de la misma prensa que los orquestadores del plan están utilizando para ejecutarlo. Avanzaré cronológicamente.

19 de agosto de 2020. El columnista (¿en serio?) Carlos Gómez de retodiario.com encabezó su nota así: “Jugada maestra de Morena: hundir al PRI y a Antorcha para dejar solo al PAN”. En rigor, esto basta para mi objeto de aclarar la esencia de la cuestión. Sin embargo, no debo pecar de un laconismo que pudiera hacer dudar a más de uno. Sigue Gómez: “Morena juega con maestría rumbo al 2021 para ganar las elecciones federales y locales. No se puede entender de otra forma a nivel nacional el perverso juego político de la detención de Emilio Lozoya y sus «revelaciones» sobre sobornos a priistas y panistas…”. Carlos Gómez, pues, señala como un “perverso juego político” el manejo que el Gobierno federal está haciendo del caso Lozoya, y asegura que “Morena sabe que para evitar la alianza del PAN y PRI debe dinamitar cualquier posibilidad y los videoescándalos que ya empezaron –y que seguirán– son la mejor muestra.” ¿Alguna duda?

Y Gómez no inventa. Nadie se atrevería a hacerle eso al supremo poder, y menos en tiempos de la 4ªT. Después de lo dicho, uno esperaría una enérgica condena a semejante prostitución de la ley y del Estado de Derecho; pero Gómez, sin ruborizarse, afirma: “Lo que es extraño es que dentro de la estrategia se quiera incluir al gobernador poblano, Miguel Barbosa”. ¡Aquí está el busilis! La tarea de Gómez no es defender la ley sino lavarle la cara a Barbosa, bastante sucia con las denuncias de Lozoya. Ahora sabemos, además, la fuente de la información que maneja. Gómez es un peón mediático de Barbosa, y es en cumplimiento de ese papel que asegura que las acusaciones en contra de Antorcha son una “jugada maestra” para ganar en el 2021. Dice más: “Y el reciente congelamiento de las cuentas bancarias de líderes de Antorcha Campesina es el preámbulo a la detención de varios de ellos ante la corrupción, los delitos y toda la estela de ilegalidad que tiene ese sector”. Añade: “Antorcha Campesina es sinónimo de delincuencia y corrupción y solo basta revisar un poco para encontrar toda la porquería de la que está hecha esa mafiosa organización”. Gómez es, pues, un linchador profesional.

Linchar, dice el Pequeño Larousse (la definición de la Real Academia contiene una contradicción evidente), es ejecutar sumariamente, sin garantía jurídica ni procesal de ninguna clase, al supuesto transgresor. Y por extensión, maltratar la multitud a alguien. Linchar, pues, no exige revelar el contenido de una investigación en curso (aunque no son excluyentes) que por ley debe ser secreto; puede hacerse sin esa revelación porque su esencia es golpear, masacrar, despedazar a la víctima sin haber demostrado su culpabilidad. El linchamiento mediático persigue un doble propósito: provocar el rechazo y la condena del público contra el incriminado y quebrantar su entereza anímica, moral e intelectual hasta reducirlo a la parálisis total por miedo, como ocurre con el ciervo acorralado por la jauría. Para eso, el linchador debe emplear las injurias más sangrientas y degradantes, las acusaciones más vergonzosas e infamantes, las amenazas más brutales y temibles; necesita palabras que golpeen, hieran, quebranten y maten, como las pedradas de los antiguos lapidadores judíos. Eso es lo que hace Carlos Gómez con los Antorchistas. Su nota es un modelo clásico de linchamiento mediático y por eso me he detenido un poco más en él, lo que no podré hacer con los que siguen.

20 de agosto. Martín Hernández Alcántara cabeceó en La Jornada de Oriente: “Pemex quitó contratos a cuatro gasolineras antorchistas ante sospechas de huachicol”. La nota asegura: “En junio de 2017 PEMEX canceló definitivamente sus contratos con al menos cuatro gasolineras de Antorcha Campesina ubicadas en Tepexi, Libres y la capital de Puebla” porque “no pudo acreditar la procedencia del combustible que vendían…”. Esto es una mentira pura y simple. Antorcha no posee ninguna gasolinera en Libres, y la única suya que ha sido suspendida es la de Tepexi, acción que, por cierto, aún está sub judice. Además, como dice la nota, esto viene desde 2017, lo que prueba que se trata de un refrito, corregido y aumentado por Hernández, para lanzar su propia piedra contra los antorchistas.

“Las fuentes explicaron que cada estación tiene un control volumétrico que crea archivos de forma automática cada cuatro horas y cada 24 horas los transmite a PEMEX. Si la empresa no los recibe, al otro día envía un correo electrónico advirtiendo que el expendio no mandó archivo y debe enviarlo de inmediato”. ¡Exacto! Por tanto, Hernández debería aclarar, sobre esta base, la “sospecha” de que habla, ya que resulta imposible frente a una tecnología infalible que detecta el fraude en 24 horas. Y también por qué, en más de 20 meses de un Gobierno que lucha contra la corrupción, no han suspendido una sola gasolinera antorchista por robo probado de combustible. Acusa a “funcionarios” de pasados sexenios de darnos “trato privilegiado”; convierte en prueba de delito la compra de una gasolinera en Puebla en “años duros para el sector”; nos acusa de usar indebidamente “influencias” ante “las autoridades” para conseguir permisos de construcción, etc. Pura saliva y ninguna prueba creíble. Esto se llama linchamiento mediático.

21 de agosto. El diario “Cambio” publicó nota de David Meléndez: “Antorcha se despachó con la cuchara grande en Tecomatlán”. Meléndez se aplica en su texto a puntualizar las obras y los montos asignados a las mismas que el Ayuntamiento de Tecomatlán asignó a Acabados Arquitectónicos Frank, “ligada al líder antorchista Rodolfo de la Cruz Meléndez”. Para ilustrar el rigor demostrativo de Meléndez, cito esta perla: “La segunda parte de la Casa de la Cultura de Tecomatlán requirió de una inversión de 27 millones 542 mil 738 pesos, quedándose dentro de las arcas de la organización antorchista”. ¿En serio? ¿No se realizó la segunda etapa del inmueble o su calidad no justifica el monto asignado? Meléndez guarda absoluto silencio al respecto. Al final de la nota, tras enlistar obras grandes y pequeñas dentro y fuera de Tecomatlán y en un gráfico destacado en rojo y negro para llamar la atención, se repite el mismo juego de manos: total de los montos asignados a las obras: 176 millones 459 mil 532 pesos que, según el método demostrativo de Meléndez, se quedaron “dentro de las arcas” de Antorcha. ¿Y las obras? ¿No se hicieron o no costaron nada? Esto no es probar nada sino linchamiento mediático puro y simple. De paso aclaro que Rodolfo de la Cruz no tiene nada que ver con la empresa acusada y que todas las obras fueron debidamente licitadas.

26 de agosto. El portal qsnoticias.mx en la columna Letras (letrinas debería decir) de Juan Gabriel, dice en 3 balazos relativos al tema: “PRI le dice a Antorcha «a la hora que yo quiera te detengo»”; “Rijosa y mantenida organización vuelve a los brazos tricolores” y “Espantados por la UIF, líderes antorchistas botan al PAN”. Luego, el señor de las letrinas relata, en versión libre, la servil y diligente sumisión con que los líderes antorchistas acudieron a rendirse ante el gobierno y la presidenta del PRI mexiquenses, sugiriendo que con ello se confiesan tácitamente culpables y temerosos de ir a parar a la cárcel. ¡Pura basura! Pero voy al párrafo clave: “Vaya que las relaciones y acuerdos entre los que mandan en el Edomex y en la federación están en su mejor momento. La Cuarta Transformación y el temible Santiago Nieto aplacaron a Antorcha y lo volvieron a meter al redil priista”. ¿Acaso no está claro el cuento?

27 de agosto. Digitalmex.mx (redacción) dice: “Intrigas palaciegas cuentan sin rubor alguno que el regreso de Antorcha a las filas del PRI fue una jugada magistral de triple banda, como dirían los billaristas, orquestada desde Palacio Nacional”. El anuncio de que Antorcha salía del PRI para aliarse con el PAN, “generó preocupación a los altos mandos políticos, por lo que se ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera que revisara cuentas bancarias de Antorcha y encontraron mucho dinero allí, que difícilmente podría justificarse, por lo que fueron bloqueadas”. ¿Es gratuita la coincidencia en las historias?

28 de agosto. E-consulta.com publica en la columna de Antonio Madrid “El hijo de Mocorito vs. el hijo de doña Cuquita”: “No cabe duda, como al narcotráfico, cuando realmente se quiere eliminar una organización, del tipo que sea, hay que pegarle en el ala financiera. Y eso es lo que está haciendo el gobierno federal contra Antorcha Campesina, la organización familiar (una familia de más de dos millones de mexicanos, ACM) de Aquiles Córdova Morán”. Siguen los insultos, las acusaciones y las simples imputaciones infamantes como corresponde a linchadores profesionales.

Si tomamos las tres últimas notas y les sumamos la primera de Carlos Gómez, no queda duda de que la congelación de cuentas a “líderes antorchistas” y el linchamiento mediático en nuestra contra no obedecen al combate a la corrupción, sino a una maniobra electoral ordenada “desde Palacio Nacional”, tal como lo hemos sostenido desde un principio. Es decir, que tenemos razón al asegurar que somos víctimas de una encarnizada persecución política por el Gobierno de la 4ªT. Si esta maniobra fue pactada con el PRI, o no, no me toca a mí responderlo, aunque lo dicho por Alejandra del Moral y los famosos “brazos abiertos” del PRI de que se burla la prensa son verdades del dominio público. Pero su interpretación la dejo a los (malos) discípulos de Maquiavelo, especialistas en hozar en los lodos de la política. Repito que ninguno de los medios y columnistas citados es, ni de lejos, “crítico” de la 4ªT. Ni siquiera neutral. Todos son miembros de la falange mediática morenista y, por tanto, insospechables de calumniar al Gobierno al que sirven ni de inventar la trama oculta que relatan. Su testimonio, como dije, es irrecusable.

Pero la base de nuestra defensa es la falsedad de las acusaciones de la UIF. El Sol de Puebla, el diario más serio y de mayor circulación en el estado, publicó el 29 de agosto una columna de María de los Ángeles García cuya parte relativa se titula “Ni la UIF ni Antorcha presentan pruebas de sus dichos” y dice: “Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha dado un duro golpe a la organización Antorcha Campesina congelando las multimillonarias cuentas bancarias de ésta y de sus líderes principales (dice que son más de mil millones de pesos), aún no ha dado información suficiente sobre las pruebas, por lo menos incipientes, que demuestren que dichas cantidades son producto de actos ilícitos. De ahí que los dirigentes denuncien una y otra vez que se trata de una «persecución política» y que su millonario capital manejado y depositado en efectivo fue obtenido legalmente. No obstante, igual que su acusador, no presentan pruebas o dan una explicación convincente sobre cómo lograron acumular esa fortuna.”

Aplaudo el esfuerzo de objetividad y de equilibrio de doña María de los Ángeles y por eso aclaro, sin afán de polémica, primero: doña María reclama a la UIF no haber probado el origen ilícito de los más de mil millones de las cuentas congeladas. Esto implica que da por cierta esa cantidad. Pero justo lo que nosotros alegamos es que es falsa la cifra misma y no solo su origen ilícito. Y siendo falsa la cifra, no se nos puede pedir que demostremos su carácter lícito. Además, sí damos pruebas de nuestro dicho: la suma total de los saldos de las veinte cuentas congeladas es apenas de poco más de 27 millones de pesos. Nadie nos ha desmentido. La cifra estratosférica que maneja la UIF la obtuvo sumando los ingresos de un período de diez años (de 2010 a 2019) con la clara intención de abultar la cifra para impactar a la opinión pública y no para probar su dicho.

Sin embargo, son reales los negocios y las cuentas congeladas. ¿De dónde surgieron ambos? Respondemos: las cuentas, que en promedio arrojan un saldo de 1 millón y 350 mil pesos cada una, son el registro de las operaciones normales propias del negocio que representan. Y para sopesar correctamente nuestra versión sobre el origen de los negocios, hay que entender primero que no surgieron de golpe, todos juntos a la vez, sino que se fueron creando paso a paso, a lo largo de treinta años de actividad financiera del Antorchismo nacional. Ahora bien, el primero fue la pequeña (entonces y ahora) gasera “El Paraíso”, en la Sierra Norte de Puebla, una inversión muy modesta que fue posible financiar con las cuotas, las aportaciones voluntarias y la colecta pública de miles de antorchistas en todo el país. ¿Cómo lo demostramos? Con el testimonio de quienes participaron en la operación. Aunque muchos de ellos ya murieron y otros ya no están con nosotros, aún quedan vivos y actuantes varios cientos, miles quizá, de los fundadores de este primer negocio, y los podemos reunir y presentar ante quien los requiera como testigos. El resto son reinversión de utilidades básicamente, y las únicas inyecciones de capital nuevo fueron y son las colectas, cuotas y aportaciones de los antorchistas. Si alguien afirma que han recibido cientos o miles de millones de pesos de origen turbio, lo tiene que demostrar con pruebas documentales, escritas o grabadas, que es lo que no hace, ni puede hacer, la UIF. Pero es claro que, a quienes les han encargado hallar pruebas en nuestra contra a como dé lugar, estas verdades obvias y elementales solo les provocarán una sonrisa de burla, que no es lo mismo que refutarlas.

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