Aníbal González Pedraza

También las cosas buenas se cuentan, con orgullo les comparto que mi hijo fue aceptado en la Facultad de Derecho Uaemex DE MI Alma Mater UAEMéx

¿Blindarse del narco… después de abrazarlo?: el balazo electoral de Morena

Después de casi una década normalizando la presencia del crimen organizado en procesos electorales, tolerando candidaturas impresentables, minimizando ejecuciones políticas y relativizando la captura territorial del país por parte de los cárteles, Morena ha descubierto —de pronto y casi milagrosamente— que existen los “narcocandidatos”. La revelación llegó tarde, pero llegó. Y como suele ocurrir con los gobiernos atrapados por sus propias contradicciones, el remedio propuesto parece más un instrumento de control político que un verdadero acto de higiene democrática.

El oficialismo impulsa ahora una reforma electoral para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, con apoyo de la UIF, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y otras instancias del Estado. El argumento suena impecable: impedir que personajes vinculados al crimen organizado lleguen al poder. El problema no es el discurso. El problema es quién lo dice, cuándo lo dice y para qué lo dice.

Porque la pregunta inevitable no es si México necesita blindarse del narco. Claro que lo necesita. La verdadera pregunta es: ¿por qué Morena decidió hacerlo justo ahora, cuando el país acumula años de denuncias por presuntos vínculos entre operadores políticos y grupos criminales en estados gobernados por el propio oficialismo? ¿Por qué ahora sí preocupa la infiltración criminal, después de campañas enteras marcadas por asesinatos de candidatos, control territorial del voto y pactos silenciosos en regiones dominadas por el narcotráfico?

La memoria política en México suele ser corta, pero no inexistente. Ahí están los reportes de organizaciones como México Evalúa, Integralia y Data Cívica, que desde hace años documentan cómo el crimen organizado dejó de ser un actor periférico para convertirse en un poder de facto capaz de definir candidaturas, financiar campañas y operar intimidación territorial. Tan solo en el proceso electoral de 2024 se registraron decenas de asesinatos y agresiones contra aspirantes y funcionarios locales, particularmente en estados donde Morena concentra poder político. Pero entonces el discurso oficial no hablaba de “blindaje democrático”; hablaba de “campañas de desprestigio”.

Y no hace falta hacer un gran esfuerzo intelectual para identificar las regiones donde la injerencia del narco en la política es ya un secreto a voces. Michoacán, Sinaloa, Guerrero y amplias zonas del Estado de México llevan años operando bajo dinámicas donde el crimen organizado no solo disputa territorios, sino también candidaturas, presupuestos municipales y estructuras de poder local. El problema nunca fue la falta de evidencia; el problema fue que nadie quiso hablar de ello mientras políticamente resultaba conveniente guardar silencio. Hoy, de manera tardía y hasta hipócrita, el oficialismo pretende presentarse como descubridor de una enfermedad que ayudó a normalizar.

Por eso, más que una comisión de coyuntura o una herramienta de control político-electoral, México necesita discutir un verdadero tamizaje electoral y político. Un filtro institucional serio, autónomo y transparente que no dependa del humor del gobierno en turno ni de fiscalías subordinadas al poder presidencial. Un mecanismo que investigue patrimonios, redes financieras, antecedentes criminales, operadores políticos y vínculos territoriales de absolutamente todos los aspirantes, sin importar colores partidistas ni cercanías con Palacio Nacional. Porque si el “blindaje” solo se utiliza para bloquear opositores incómodos mientras se protege a perfiles afines al régimen, entonces no estamos frente a una reforma democrática, sino ante una depuración selectiva del sistema político.

Y ahora, de forma casi caricaturesca, el partido que construyó buena parte de su narrativa acusando al pasado de autoritario propone una reforma que abre la puerta a la discrecionalidad política más peligrosa de los últimos años: anular elecciones por “injerencia extranjera”, “manipulación mediática”, “desinformación digital” o “presión internacional”. Conceptos ambiguos, amplísimos y peligrosamente interpretables por autoridades electorales cada vez más sometidas al poder político.

Traducido al lenguaje real: si una elección incomoda al oficialismo, siempre podrá argumentarse que hubo “intervención externa”. Un reportaje internacional incómodo podría convertirse en “injerencia”. Una campaña digital viral podría interpretarse como “manipulación”. Una crítica desde organismos internacionales podría calificarse como “presión extranjera”. La democracia mexicana corre el riesgo de entrar en una etapa donde el gobierno no solo quiera competir, sino también definir qué tipo de crítica es válida y cuál debe castigarse.

La ironía es brutal. Morena, que durante años defendió la intervención discursiva de gobiernos aliados y celebró la cercanía ideológica con Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia, ahora pretende vender soberanía electoral como si nunca hubiera existido una alineación política internacional explícita desde Palacio Nacional. ¿O ya se olvidó la asesoría política y propagandística importada desde La Habana y Caracas? ¿Ya desaparecieron las afinidades estratégicas con regímenes que llevan décadas persiguiendo opositores, controlando medios y utilizando elecciones como simulación democrática?

Si el gobierno realmente quisiera empezar una limpieza profunda sobre injerencias e intereses oscuros, tendría que comenzar por revisar las estructuras de propaganda ideológica financiadas desde el extranjero, los convenios opacos de cooperación política y la utilización sistemática de narrativas regionales importadas del viejo socialismo latinoamericano. Pero no. El problema no parece ser la intervención extranjera en sí misma; el problema es quién interviene y a favor de quién.

Y ahí es donde esta reforma empieza a parecer menos una herramienta contra el narco y más un sofisticado mecanismo de contención electoral contra la oposición. Porque en un país donde las instituciones de procuración de justicia han sido progresivamente politizadas, entregarles la facultad de “determinar riesgos” sobre candidaturas equivale a darle al gobierno la posibilidad de decidir quién compite y quién no.

La pregunta ya no es si habrá blindaje. La pregunta es: ¿blindaje para quién?

Porque si el filtro se aplica selectivamente, si los expedientes aparecen solo para adversarios incómodos y si la narrativa de “integridad” se convierte en arma electoral, entonces México no estará construyendo una democracia más segura. Estará construyendo una democracia vigilada.

Y quizá ese sea el verdadero fondo de esta reforma: no combatir al crimen, sino administrar políticamente el miedo.

Morena se está dando un balazo en el pie. Durante años alimentó la polarización, debilitó árbitros electorales, desacreditó instituciones y convirtió cualquier crítica en conspiración. Hoy pretende erigirse como guardián moral de elecciones limpias, cuando buena parte del deterioro institucional que vivimos fue alentado desde su propia narrativa de poder absoluto.

La tragedia no es que el gobierno quiera blindar elecciones. La tragedia es que quiera hacerlo después de haber normalizado exactamente aquello que ahora dice combatir.

Porque cuando un régimen intenta regular la democracia desde el miedo, la sospecha y la discrecionalidad, lo que está blindando no es al país.

Está blindándose a sí mismo.

Gracias a Dios un año más festejando a mi Madre Ma Elena Pedraza y mi hermana!!