10/01/2026
Mientras día a día mueren personas producto de la delincuencia, la leyes pro crimen se mantienen en el país paga las consecuencias.
Las leyes PRO CRIMEN no nacen por error, favorecen a quienes quieren impunidad y silencio.
📢 Este martes, conversemos con quienes sí se atreven a decirlo.
🎙️ Ruth Luque, Harvey Colchado y Walter Lozano
📅 13 de enero | 🕕 18:00
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09/01/2026
Nueva Tv Nacional RUTH LUQUE DENUNCIA A TOMÁS GÁLVEZ: “DESACTIVACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES BUSCARÍA DEMORAR Y GENERAR IMPUNIDAD”
La congresista Ruth Luque Ibarra presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, a quien acusa de presuntamente vulnerar la Constitución tras ordenar la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público encargados de investigar casos emblemáticos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Según el documento ingresado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la parlamentaria sostiene que esta decisión no sería casual, sino que habría generado retrasos, redistribución de carpetas fiscales y riesgo de impunidad, afectando investigaciones de alta sensibilidad.
“Esto no es una medida administrativa cualquiera, esto genera demora y favorece la impunidad”, advierte Luque en su denuncia, al cuestionar que las carpetas fiscales sean reasignadas a nuevos fiscales que no han llevado los casos desde su inicio, lo que —según señala— debilita el avance de las investigaciones.
Uno de los puntos más sensibles es la desactivación del Equipo Especial de Fiscales que investigaba las muertes y graves hechos ocurridos durante las protestas sociales, creado tras los sucesos posteriores al 7 de diciembre de 2022, cuando asumió la presidencia Dina Boluarte.
La denuncia señala que Gálvez habría infringido los artículos 39, 44, 103, 139 inciso 3 y 159 de la Constitución, al afectar la tutela judicial efectiva y el rol constitucional del Ministerio Público en la persecución del delito.
Para Luque, esta decisión no solo debilita la lucha contra la corrupción, sino que también pone en riesgo investigaciones clave vinculadas a violaciones de derechos humanos y redes criminales de alto nivel.
Ahora, será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que determine si la denuncia procede y si el fiscal interino deberá responder políticamente por esta polémica decisión que ya genera fuerte debate en el escenario nacional.
