Movimiento Tierra y Libertad Perú

EMPRESAS PÚBLICAS PERUANAS: DISCUTIENDO CON LOS DATOS POR DELANTE
Habiendo debate sobre la situación actual de Petroperú, vale la pena analizar el tema más amplio de las empresas públicas. Sólo FONAFE, el brazo del MEF dedicado a su dirección, tiene 35 empresas públicas. Antes que devaneos ideológicos veamos las cifras. En los últimos diez años (entre 2015 y 2024) las empresas públicas no financieras tuvieron ganancias operativas por 30 mil 700 millones de soles e invirtieron 42 mil millones, según indican las series estadísticas del Banco Central de Reserva. Definimos ganancias operativas como Ingresos menos Gastos, incluyendo gastos en intereses, sin descontar amortización, dado los datos disponibles.
ElectroPerú, empresa que administra las centrales hidroeléctricas del Mantaro, ha tenido ganancias por 2 mil 150 millones e hizo inversiones por 1 mil 350 millones de soles con sus propios fondos. Las empresas regionales de electricidad (ElectroOriente, Electrosur, SEAL, etc) han venido siendo muy rentables, sumaron en esta década ganancias operativas por 11 mil 570 millones y con una parte de eso invirtieron 5 mil 230 millones en ampliar sus redes de distribución hacia nuevos pueblos y urbanizaciones.
Otro bloque de empresas públicas son las financieras, como es el caso de las Cajas Municipales. La mayoría de ciudadanos las ven como un banco privado más, pero sus dueños son, como su nombre lo indica, las municipalidades, que cada año se llevan la mitad de sus ganancias, mientras la otra mitad se destina a ampliar su cartera de préstamos y abrir nuevas sucursales. Las Cajas Municipales mantienen ahora 30 mil millones de soles de créditos otorgados a intereses bastante menores que los bancos a 2 millones de empresas, mayormente pymes, para que estas puedan invertir, mejorar sus tecnologías y elevar su productividad. Estas Cajas también han dado créditos de consumo e hipotecarios por 10 mil millones de soles. Son rentables: el 2024 sus ganancias antes de impuestos fueron de 545 millones de soles, pagando al fisco impuesto a la renta por 147 millones de soles. Estas cifras han ido consistentemente al alza por décadas. También tenemos en este bloque al Banco de la Nación, que el 2024 tuvo ganancias por 1,765 millones, de las cuales pagó al fisco 372 millones por impuesto a la renta. El 2025 arrojará cifras un poco mayores, ya que en noviembre superó los resultados del año pasado.
Así, en conjunto las empresas públicas peruanas han venido arrojando ganancias, a pesar del déficit que ha dado Petroperú por haber estado muy mal manejada, picoteada por la corrupción y boicoteada por políticas neoliberales. Las empresas públicas financieras han invertido con sus propios recursos, pero podrían haber dado mucho más crédito a emprendedores que lo necesitan. Si a las empresas regionales de electricidad les hubieran dejado el 80% de los 6 mil millones de soles que les quitó el gobierno central, ya hubieran podido dar electricidad a un millón 400 mil familias rurales que aún carecen de ella.
¿Es muy grande el sector de empresas públicas en el Perú? El Banco Mundial hizo un informe comparativo llamado “Business of the State” que analizó 91 países con 76 mil empresas públicas. Las empresas públicas analizadas tienen en promedio ingresos por el 17% del PBI y el 5% del empleo formal, mientras en el Perú llegan a 6% del PBI y ap***s 1% del empleo. En Latinoamérica el Perú es el último en cuanto al número de sectores económicos en los que hay empresas públicas. Eso no quiere decir que sea bueno meter al estado en aventuras empresariales sin viabilidad económica, como la propuesta que hizo López-Aliaga en CADE de crear una empresa pública para hacer carros eléctricos en base a litio. Eso no tiene sentido cuando ni siquiera hay un proyecto de ingeniería elaborado para extraer ese metal y en nuestro país la industria automotriz es nula. La batería, que es lo que se puede hacer con litio, es una parte muy minoritaria de un carro que no llega ni al 1 por ciento de su valor, y nos faltaría todo lo demás. Ningún país latinoamericano, ni uno solo, se plantea semejante tontería. Carece tanto de sentido que López-Aliaga ahora esconde su propuesta. Donde sí debiera intervenir el estado es en cortar los abusos de su empresa del ferrocarril a Machu Picchu, en la que López-Aliaga obtuvo el monopolio gracias a las privatizaciones de Fujimori y que mantiene pasado el plazo del contrato mediante malolientes fallos judiciales.
Un problema crítico es que en varias empresas públicas ha habido reiterados problemas de corrupción y mala gestión. Ahora mismo se ha denunciado que hay una guerra por apropiarse de Petroperú en la que uno de los congresistas “niños”, Ilich López, tendría mucho interés. La corrupción es un problema generalizado en todo el estado, pero no porque haya mal manejo en las obras públicas, el sector salud, la policía y las empresas de agua potable, que lo hay, vamos a dejar de tener inversión pública, hospitales, patrulleros y servicio de agua como bien público. Algunos piensan que privatizar es siempre lo mejor porque el estado es todo malo y las empresas privadas siempre y en todos los casos son mejores, pero eso no es así. En nuestra experiencia con Fujimori las privatizaciones significaron corrupción agravada con ventas amañadas o entrega de monopolios a empresas abusivas, como en su tiempo fue Telefónica. Hemos tenido luego decenas de obras públicas concesionadas a Odebrecht y otras empresas mafiosas. Por otro lado, si hay empresas públicas razonablemente bien manejadas, que dan ganancias y al mismo tiempo prestan servicios valiosos para la ciudadanía, ¿no es lógico que las buenas experiencias deban replicarse ahí donde la gestión está fallando? Debemos avanzar hacia empresas públicas con mejores sistemas de gobernanza, directorios y gerencias meritocráticas que aseguren gestiones probas y eficientes, que no dilapiden el dinero público y ayuden a promover una sana competencia.

¿PORQUÉ LA CONFIEP NO REACCIONA CON FUERZA ANTE LA OLA DE CRIMEN?

La ola de extorsiones en Lima es terrible. Lo peor es la forma como las bandas organizadas imponen sus cupos: asesinando a mansalva, ametrallando micros llenos y sin importarles matar a varios pasajeros. Los secuestros no se quedan atrás, con torturas brutales a las personas capturadas. ¿Cómo es posible que a Dina y sus ministros y a la mayoría de congresistas fujiacuñistas eso no les mueva un pelo? Es porque son una casta, un grupo que vive en su propia burbuja y cuyo único propósito real es mantener sus privilegios y reducir las posibilidades de terminar en la cárcel.

Como escribí hace unas semanas, esta ola de violenta delincuencia es algo que viene de atrás y luego de varios años de empobrecimiento urbano y desgobierno creciente. Hay que tener eso claro porque esta ola seguirá creciendo si las condiciones sociales, políticas e institucionales no cambian, lo que viene sucediendo hasta ahora con esta dictadura Dina-congresal consiguiendo mantenerse en el poder. Esta situación crítica de inseguridad ciudadana ya se vive desde hace varios años en ciudades del norte como Trujillo y Sullana, y ahora ha llegado con fuerza a Lima. Por mal que estamos ahora, la situación puede dar saltos hacia peor, ya que las pequeñas bandas que tenemos hoy atacando cada una en una zona, pueden pasar a un proceso de consolidación – posiblemente matándose unas a otras – para avanzar hacia grupos de mayor tamaño y alcance. Con mayor nivel organizativo y poder de fuego, y avanzando hacia mayor inteligencia e infiltración en la policía y los poderes públicos, pueden ser mucho más efectivas y letales. Eso es lo que se ha visto en otros lugares de Latinoamérica y del mundo en estos años y también, guardando las distancias, en otros momentos históricos.

Los ciudadanos hoy estamos asustados e indignados. Unos políticos en el poder que tuvieran un mínimo sentido de responsabilidad estarían hoy compartiendo, al menos en parte, ese sentimiento, y tomando acciones. Pero no es así. Por un lado, a ellos no les afecta: tienen su seguridad personal con policías asignados e influencias que les permiten tener una protección especial. Por otro lado, muchos de esos congresistas, el ministro del interior y la presidenta tienen acusaciones o investigaciones en curso que pueden fácilmente terminar en un juicio que los condene, y por eso en vez de dar leyes que ayuden a combatir el crimen, hacen exactamente lo contrario. El fujimorismo habla de “mano dura” pero ellos han aprobado la ley para que la policía y el fiscal no puedan allanar una casa si no está su abogado presente: con esa ley no hubieran podido ni capturar a Abimael Guzmán. César Acuña gobierna la región donde las bandas criminales extorsionan a su antojo pero junto al fujimorismo han hecho que eso no sea “crimen organizado” y un miembro de la banda no pueda ser acusado si no se puede demostrar que estuvo directamente involucrado en el delito. Keiko cuenta en este empeño con el apoyo decidido de Vladimir Cerrón, el corrupto prófugo, del que hay fuertes indicios que ha sido trasladado en el “cofre” presidencial para escapar. A Cerrón sólo le interesa sobrevivir fuera de la cárcel, a pesar de sus delitos, sin importarle nada más. Esta mafia es una casta que vive del estado, es protegida de sus delitos por el gobierno y saca leyes que dificultan perseguir y enjuiciar el crimen porque saben que la justicia los puede condenar en cualquier momento.

Una pregunta pendiente es: ¿Por qué tampoco ha habido mayor respuesta de los grandes ´capitanes de empresa´, los dueños de nuestros grandes monopolios y directivos de la Confiep, cuyo presidente ap***s ha atinado a balbucear algunas frases en un artículo publicado en un periódico dirigido a la élite económica y no han hecho ninguna manifestación real? Esta es una pregunta importante, porque el comportamiento de quienes tienen mucho poder, en este caso económico, es muy influyente sobre nuestra situación como país. Una primera razón de porqué prefieren celebrar la APEC que preocuparse por el difícil momento que el Perú atraviesa, es que no quieren atacar a su gobierno. Es que es imposible enfrentar la inseguridad sin criticar las pésimas leyes y la absolutamente ineficaz acción del ministro del interior, a quien fujimoristas, acuñistas y cerronistas se niegan a censurar. A los grandes grupos monopólicos Dina y el congreso les han regalado miles de millones de dólares en exoneraciones de impuestos, perdones de deudas tributarias y multas ambientales, y facilidades especiales para deforestar, y quieren seguir sacando muchos millones más de beneficios adicionales. Una segunda razón es que quienes sufren las extorsiones y secuestros son los empresarios emergentes de los barrios populares, no la cúpula extractivista de la Confiep. Pero su cortoplacismo es de una estupidez mayúscula. No son el blanco por ahora, viviendo en barrios ricos detrás de rejas y con fábricas amuralladas cual castillos medievales. Pero están muy engañados soñando que las bandas extorsionadoras de hoy no van a crecer, ganar inteligencia y poder de fuego, y con esa base ir en busca de peces mucho más gordos, si se deja las cosas como están. Los poco menos de dos años que faltan hasta el 28 de julio de 2026 pueden ser mucho, demasiado, tiempo, en esta historia.

Otra interrogante que puede ser incómoda es la siguiente: ¿Por qué en estos paros de protesta las movilizaciones salieron de las zonas periféricas de Lima y no hubo ninguna en los barrios blancos que están en la zona más central de la metrópoli? Una posible respuesta: resulta que en San Isidro por cada habitante hay diez veces más policías que en San Martin de Porres y trece veces más que en Santa Anita. Así como sucede con la riqueza, la salud, la educación y la justicia, la desigualdad es evidente. Si lo pensamos bien, es algo curioso que los problemas de inseguridad ciudadana se están concentrando en los distritos donde hay menos riqueza y por lo tanto menor capacidad de pagar cupos. Pero hay un factor que contrapesa esa menor capacidad de pago de los extorsionados y secuestrados: en esos distritos hay mucho menos policías y comisarías. Sus municipios distritales tienen mucho menos presupuesto y con eso tienen pocos serenazgos, carros, motos, bicicletas y cámaras de seguridad. Las bandas malditas han preferido hasta ahora ir por las víctimas que les parecen más fáciles de atacar aunque no tengan mucho; le quitan lo suyo a quienes a costa de décadas de esfuerzo ap***s han logrado acumular alguito. Mientras esto sucede, el alcalde Lima Rafael Lóipez-Aliaga opta por irse de viajecito a Madrid y apoyar a Chibolín en vez de hacer algo por la seguridad de la ciudad. Se encuentra entre los privilegiados a quienes la ola de delincuencia no afecta, su círculo de amistades y medio social, su base inmediata de poder, no está en las zonas periféricas de la ciudad. Pero, nuevamente, es tonto confiar que, con el gobierno y las leyes que tenemos, esto no va a escalar y golpear a todos.

Hoy que tenemos miles de policías dedicados a cuidar a las grandes empresas mineras y a reprimir las manifestaciones de protesta, en vez de cuidar las calles, traigo a colación a los ganadores del premio nobel de economía anunciados esta semana, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. Ellos lo dijeron bien clarito varios años atrás: con instituciones extractivas y excluyentes, organizadas para concentrar la riqueza y excluir a la gran mayoría, agravando la desigualdad y la pobreza, no hay progreso sostenible. La historia reciente del Perú les da la razón.

https://www.youtube.com/watch?v=ei3-IloiBpM

#EconomíaConCalle | Puntos críticos de la Ley fujimorista que beneficia a las AFPs 🤔 ¿Sabías que el Congreso aprobó una nueva ley de reforma previsional que favorece a las AFPs?⚠️ La última semana de setiembre de este año el Ejecutivo publ...

INDUSTRIA POR LOS SUELOS Por gran coincidencia, mi último artículo que salió publicado el viernes se relaciona al gran mensaje de los hoy premios nobel Acemoglu, Robinson y Johnson: el extractivismo no nos lleva al desarrollo.

Acá el artículo:

Las cifras de producción industrial del Perú durante este gobierno son una lágrima. Durante este 2024 las diversas industrias no primarias orientadas a nuestro consumo, insumos y maquinaria, produjeron 8 por ciento menos que el 2022. Estamos produciendo en este sector ocho mil millones de soles anuales menos, lo que obviamente ha generado despidos y mayor pobreza. No es algo que siempre haya sido así ni que sea inevitable: aunque la pandemia trajo toda la economía abajo el 2020, gracias a las políticas de reactivación del 2021 llegamos a recuperar toda la caída industrial y a fines de ese año y comienzos del siguiente ya nuestra producción industrial estaba bastante por encima de las cifras del 2019. Ya todo ese avance se ha perdido.
La producción de alimentos y bebidas, un sector fundamental para la alimentación popular, ha estado este año 9 por ciento debajo de hace dos años; hemos producido 14 por ciento menos de fideos y 17 por ciento menos panes y productos de panadería. Es que la caída de los salarios reales y el aumento de la pobreza ha hecho que mucha gente ni siquiera pueda comprar estos productos básicos que dan bastante energía a bajo costo, y ¿quién va a producir panes que no se venden? En el sector textil producimos este año 15 por ciento menos prendas de vestir que hace dos años y en zapatas 17 por ciento menos. Es que mucha gente ya no puede reemplazar la ropa que se le desgasta y además las pequeñas empresas se ven afectadas por la competencia desleal asiática. La industria de papel e imprenta ha caído 11 por ciento, la producción de vidrio en 41 por ciento y los productos metálicos y equipos en 19 por ciento. Un desastre. Se salvan de la debacle, a duras p***s, los productos químicos que crecieron 2 por ciento y los muebles y madera en 5 por ciento frente al 2022. Pero los retrocesos son mucho mayores y más extendidos que los avances. Ese es el resultado de una pésima política económica que recorta los salarios reales de los trabajadores dejándolos caer en la licuadora de la inflación, regala millones en impuestos a quienes tienen grandes fortunas y mantiene el crédito escaso y caro para las pymes.
INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA
Algunos pensarán que esto no importa mientras otros sectores, como la minería y la agricultura de exportación, sigan creciendo. Sólo que no es igual. Hay investigaciones mundiales muy sólidas señalando que los países que mantienen buenos ritmos de crecimiento económico, tienen una base en los sectores productivos con mayor avance tecnológico. Se trata de sentido común: todos sabemos que los países con mejor nivel económico son los que han logrado producir con mayor tecnología, que si China ha avanzado es porque ha pasado a ser una potencia industrial en sectores como celulares, computadoras, paneles solares y vehículos eléctricos”. El gobierno de Estados Unidos tiene una potente política industrial, elevando barreras a la competencia china y con trillones de dólares de apoyo para que su industria de vehículos eléctricos y de microchips se mantenga a la vanguardia. La Unión Europea encargó un reporte especial sobre su futuro competitivo a Mario Draghi, un expresidente del Banco Central Europeo categorizado como uno de los pensadores económicos del viejo continente, y su informe indica claramente que requieren apoyar fuertemente a sus industrias de tecnología avanzada. El despegue de países como Japón, Taiwán y Corea del Sur tuvo base similar.
La Universidad de Harvard ha investigado este tema y ha llegado a publicar anualmente un “Atlas de la Complejidad Económica” que resume cuán avanzada tecnológicamente es cada estructura productiva. Sus investigadores demostraron estadísticamente que los países de mayor crecimiento económico son los que tienen mayor conocimiento tecnológico, expresado en productos más complejos. El neoliberalismo decía (debe haber algún obtuso que aún lo dice) que cualquier cosa que produzca un país da lo mismo; que exportar rocas es lo mismo que producir aviones. En Harvard demostraron que no, produjeron un ranking de la complejidad económica de los diversos productos y sobre esa base hicieron un cálculo para cada país.
¿Cómo va el Perú? El último reporte del Atlas de Complejidad Económica muestra que nuestro país está ahora en el puesto 107 de 133 países, bien a la cola. Tenemos un puntaje negativo en el índice de complejidad económica de -0.86. En el año 2000 estábamos en el puesto 79, hemos perdido 28 puestos porque nuestra complejidad económica ha retrocedido fuertemente. Este es el resultado de las políticas neoliberales que han sacrificado nuestra industria, permitiendo que las importaciones chinas barran con sectores completos de producción nacional y ninguneado el necesario soporte a la innovación tecnológica, mientras insisten en una propuesta primario-exportadora. Creen que nuestro futuro está en sobreexplotar nuestra naturaleza, sin límite ni medida, un error tremendo.
Es interesante revisar como el “Atlas de Complejidad Económica” categoriza a nuestros principales productos de exportación. Lo hace calculando a nivel mundial para cada producto su índice de complejidad económica (ICE); mientras éste sea más positivo es mejor, si es negativo es más atrasado tecnológicamente. Nuestra principal exportación son los concentrados de cobre, que tienen un ICE de -2.19, fuertemente negativo. Es a esta producción a la que el actual gobierno y la ultraderecha quieren apostar nuestro futuro. El oro, nuestro segundo mineral más exportado, tiene un ICE de -2.52, también fuertemente negativo. El hierro un ICE negativo de -1.97, el zinc de -1.53 y la harina de pescado de -1.65. Esos son los productos tradicionales de nuestra canasta exportadora, la que llamamos “primaria” precisamente por no tener mayor procesamiento industrial. A ellos en las últimas décadas se ha sumado nueva agroexportación, algo positivo donde es sostenible y no agota el agua, pero hay que tener en claro qué perspectivas nos abre ese sector: el índice de complejidad económica ICE de las uvas es un negativo de -1.21.
Nuestra producción más compleja y avanzada tecnológicamente, lo que exportamos con un ICE positivo son baterías, partes de vehículos, partes de maquinaria de excavación, fibras textiles, bombas de líquidos. El Atlas de Complejidad económica nos informa que lo que más ha crecido, de buen ICE, en los últimos 10 años en Perú, son computadoras y equipos relacionados. Pero lamentablemente se trata de industrias marginales cuyos valores exportados son bajos. En los últimos 15 años nuestros nuevos productos de exportación son “otras frutas frescas” en un 44 por ciento del total con un ICE de -1.48 negativo; y gas en un 45 por ciento con un el índice de complejidad económica ICE de -2.34, fuertemente negativo.
El “Atlas de complejidad económica” también analiza las opciones de cada país. ¿Qué producciones, dadas las tecnologías que requieren, pueden ser más fáciles de desarrollar en el Perú? Para países como México o Brasil, que tienen más industrias, sugieren aprovechar las oportunidades que eso les da avanzando hacia productos algo más complejos. En el Perú la herencia neoliberal ha hecho que tengamos poca industria que nos sirva de base. Por eso la propuesta de este grupo de Harvard es que procuremos dar “largos saltos coordinados hacia áreas de producción estratégicas con mayor potencial de diversificación”. Pero eso necesita un estado con un mirada de futuro, estabilidad y capacidad. Quizás algún día podamos hacerlo, con otro gobierno. Mientras tanto, bien haríamos en defender nuestra industria y promover nuevas tecnologías con ahínco.

Seguimos con un déficit fiscal de 4% del PBI. Sobre el tema general de la política macro-fiscal y las reglas fiscales, tengo este video educativo

Política macrofiscal y reglas fiscales en Perú - setiembre 2024 Presento acá brevemente la problemática del déficit fiscal y la deuda pública peruana, como recientemente (2023-2024) se explica por menores ingresos y no po...

ENTENDIENDO LA RAÍCES DE LA OLA DE DELINCUENCIA AGRAVADA

Estos sicarios y mafiosos son unos malditos inhumanos, pero ¿por qué ahora se han multiplicado y son más brutales? Creer que es sólo un asunto de maldad que crece porque el diablo se les metió dentro justo ahora, no tiene ninguna lógica. Debemos sobrepasar las reacciones viscerales y poner a trabajar nuestras mejores inteligencias para tener buenas estrategias de lucha, y para eso hay que empezar con un buen diagnóstico.

Sobre las barbaridades de este congreso y la pésima gestión del ministro del interior ya se ha dicho bastante. Me propongo aportar escarbando en las causas sociales, políticas y económicas, partiendo de tres ideas centrales. Uno: que los extorsionadores y secuestradores lo hacen por dinero. Dos: que la delincuencia se sustenta en la ideología de que los demás no importan llevada al extremo. Tres: que se trata de acciones contra un Estado mermado en su capacidad y legitimidad.

Tenemos hoy una dictadura sostenida mediante el amedrentamiento y por eso el ministerio del interior prioriza perseguir opositores sociales y encubrir los delitos de la presidenta y el ministro. El cogobierno Congreso -Dina ha aprobado varias leyes para protegerse ellos mismos, extendiendo ventajas a todos los grupos criminales. Han hecho inútiles los allanamientos al exigir que primero se avise al abogado de los delincuentes y han desvirtuado totalmente el delito de crimen organizado, favoreciendo a las bandas. Añado otros dos elementos: el primero es la crisis económica y aumento del desempleo, que le cierra oportunidades a muchísimos jóvenes y produce una acumulación de desesperanza, frente a la cual algunos sienten que delinquir es su mejor opción. El segundo es la corrupción descarada y protegida por el gran poder económico. La presidenta muestra sus Rolex que nos hinchan el hígado. Chibolín ayuda a traficantes ilegales de oro mientras tiene horas en prime time de la televisión, espacio en el que hace propaganda a Rafael López-Aliaga luego que este le dio 650 mil soles de dinero público. Con robos tan descarados ¿qué ejemplo se está dando a la juventud?.

Recordando el antes, durante y después de la pandemia

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este escalamiento de la delincuencia organizada lleva ya varios años. Con PPK y la masiva inmigración venezolana el número de pobres en Lima entre 2016 y 2019 aumentó en 300 mil personas. Ya entonces se sentía el despegue de una delincuencia organizada y más salvaje.
La pandemia agravó esas condiciones; hoy tenemos 3 millones de pobres en las ciudades más que el 2019 y el hambre se ha extendido enormemente. La pandemia puso en evidencia un estado absolutamente ineficaz, tanto para atender la emergencia sanitaria como para hacer cumplir las disposiciones de orden público: la cuarentena y el uso de mascarillas fueron desconocidos por muchos peruanos. Se agudizó también la ilegitimidad del estado: si éste no puede proteger ni nuestras vidas en momentos críticos, es fácil entender que muchos se cuestionen si deben respetarlo cuando les imponen regulaciones, por buenas que estas sean para el bien común.

La pandemia también reforzó la idea de que el esfuerzo colectivo es inútil y que sólo importa lo que uno pueda conseguir para sí mismo: en medio de un sálvese-quien-pueda vimos cómo dueños de empresas especulaban con oxígeno y camas UCI aunque hubiera vidas de por medio. Se permitió que se enriquecieran sin límite ético alguno, y ahora la idea de que eso es permisible se encuentra difundida y arraigada, sustentando desde los miles de millones regalados por el Tribunal Constitucional a los grandes deudores tributarios hasta la delincuencia pura y dura.
Las semillas del fujimorismo neoliberal.

Añado unas reflexiones sobre problemas más de fondo empezando por una idea clave: la desigualdad extrema genera descontento y desorden social. Mi maestro Adolfo Figueroa insistía en este punto buscando explicar la crisis de los años 80: “En una crisis distributiva (…) las masas considerarían que la distribución del ingreso es injusta y se rebelarían contra el orden social. También se incrementarían las prácticas del ingreso no contractual, es decir, la corrupción. (…)”. Para ponerlo de otra manera: extrema injusticia junto a un estado ilegítimo en extremo genera rechazo, que se puede expresar en movimientos colectivos por el cambio pero también puede alimentar acciones individualistas anti-sociales de algunos para hacerse de riquezas.

Las expresiones de violencia anti-social son distintas a lo largo de la historia. Si en los años ochenta del siglo pasado Sendero Luminoso pudo crecer hasta donde llegó fue gracias a la “acumulación de agravios” que habían sufrido el campesinado y los pueblos indígenas por muchas décadas, lo que Abimael Guzmán usó como coartada para su salvajismo. El fujimorismo en los años 90 aprovechó la restitución de una paz que la sociedad peruana anhelaba para, junto al aplastamiento de Sendero, asesinar a cualquiera que protestara y destruir todos los sindicatos, generando un miedo tan amplio que controló también la delincuencia. Después de todo, si te agarraban con una pi***la podías ir 25 años a Yanamayo por terrorista aunque fueras un ladrón común. Esa es la explicación sociopolítica de porqué, durante varias décadas, el Perú comparado con el resto de Latinoamérica tuvo índices de homicidios y robos bastante menores.

El asunto es que al mismo tiempo, la desigualdad y la injusticia se profundizaron. En las últimas décadas consistentemente la población peruana en más del 85% piensa que el Perú “está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio” y una amplia mayoría considera que el acceso a justicia, a salud y a educación son muy desiguales. Poco a poco el miedo social impuesto por el fujimorismo se fue desvaneciendo. Los agravios de la desigualdad y la injusticia crecieron con la campaña del “fraude” del 2021 y sus intentos de anular masivamente votos rurales, las amenazas de vacancia al presidente electo y finalmente la imposición de Dina y su co-gobierno derechista con 50 asesinatos y más de 1,400 heridos (cifras de Amnistía Internacional), mientras el 90% de la población opinaba que debía haber elecciones adelantadas. El repudio no es sólo de Dina y este congreso, es de la continuidad de la injusticia. La protesta social regresa, el pueblo no se rinde. Pero ante tantos mu***os y heridos, una parte de la población transita a la ilegalidad como una respuesta individualista extrema y socialmente destructiva ante tanta injusticia y falta de oportunidades.

Se ha acumulado también, en este largo plazo desde los 90s, el sentido común del neoliberalismo, para quien solo importa el éxito individual. Esto se ha ido extendiendo a tal punto que hoy el sentido común impuesto es que si logras ganar mucho dinero no importa cómo lo hiciste. Siguen siendo destacados empresarios todos los que conformaron el “club de la construcción”. No debemos extrañarnos que sean muchos quienes creen que ser respetuosos de la ley y el interés público es de “cojudignos”, la palabra con la que se ha encumbrado que ser honesto o tener sentimiento social es ser un tonto. Todo vale. Es así como se ha sembrado en el Perú el tsunami de delincuencia que nos arrasa hoy.

LA ECONOMÍA DE FUJIMORI BIEN COMPARADA: "VERDADES SOBRE EL "MILAGRO ECONÓMICO FUJIMORISTA"

Se mantiene circulando la idea de que el gobierno de Alberto Fujimori habría sido muy exitoso en su gestión económica. Varios lo ven desde una perspectiva muy ideologizada: como impuso un modelo de “libre mercado” contra los “estatistas”, fue bueno. Este punto de vista neoliberal es ahorrativo en el uso de neuronas, no les hace falta pensar, solo repetir el mantra; no vale la pena detenerse en lo que es pura consigna, repetición sin fin, coro de una bandada de loros. Pero hay quienes sostienen una apreciación positiva por comparar la economía peruana de los años noventa con el periodo inmediatamente anterior, el desastre de fines de los ochenta. Discuto acá que esa mirada es demasiado estrecha, con anteojeras. Es necesario tener una visión más amplia, que vea la economía durante el gobierno de Alberto Fujimori también en comparación con otras décadas de nuestra historia y otros países del mundo, y que considere además otros factores esenciales para entenderla, como el fin del conflicto armado interno.

Veamos primero la razón, que la hay, de considerar a los años noventa como mucho mejores para nuestra economía que los años ochenta. Estos son conocidos como la “década pérdida” para Latinoamérica, y dentro de la región nuestros gobernantes Belaunde y García se las arreglaron para que fuéramos los peores del desastre regional. Belaunde nos dejó con un PBI per cápita que en 1985 fue 9 por ciento menor al de 1980 y una inflación de 158 por ciento anual, resultado de una política económica que redujo aranceles, golpeó muy duro la industria nacional y agravó los choques de una crisis financiera internacional y el Fenómeno El Niño. Con todo lo mal que está nuestra economía ahora, con pobreza y desempleo crecientes, eso fue mucho peor. Fue malísimo. Pero el quinquenio siguiente fue aún más crítico: bajo la presidencia de Alan García el PBI per cápita cayó en 1988 y 1989 en 24 por ciento, mientras en esos años los precios se multiplicaron por 500 veces. No cabe duda que ese gobierno hizo la peor administración económica de nuestra historia. En suma, en términos económicos los años ochenta fueron la peor década de todo nuestro siglo XX, y esa tremenda caída económica se dio cuando Sendero Luminoso inició sus acciones armadas así que el empobrecimiento masivo y la pérdida de esperanzas fue como gasolina alimentando ese incendio de la pradera.

COMPARACIONES INDISPENSABLES

Frente a eso, cualquier cosa que comparemos resulta favorable. Cualquiera. No es de extrañar por eso que los años noventa fueran mejores que los ochenta en términos económicos. Pero cualquier otra década de paz lo fue. Reducir el análisis del periodo de Fujimori a esa comparación con los ochentas es de una estrechez extrema.

Veamos otras comparaciones. El crecimiento del PBI de 3,9 por ciento promedio en los noventas resulta menor al 5 por ciento anual que hubo durante los 25 años entre 1950 y 1975; con Velasco - esa bestia negra para la derecha oligárquica - el crecimiento fue de 5.2 por ciento anual en promedio. La diferencia es bien grande cuando se acumula por varios años. Entre 1990 y el 2000 el PBI per cápita creció 22 por ciento, entre el 2001 y el 2010 creció 58 por ciento, más del doble. Aunque los noventas era un periodo de recuperación, el año 2000 el PBI per cápita todavía era 16 por ciento menos al de 1975, el último año de Velasco. En ese mismo periodo, entre 1990 y el 2000, China aumento su PBI per cápita en 87 por ciento y Corea del Sur en 80 por ciento, frente al Perú de Fujimori con 22 por ciento.

Pensemos en poner calificaciones al estilo de notas de un curso, del uno al veinte, a nuestro crecimiento económico. Sin duda en los años noventa la nota debe ser mayor que la de los ochentas, tal como un 09 de nota es mayor que un 03, pero mucho menor que un 18, como podemos calificar a China y Corea del Sur. ¿Crecer al 2,2 por ciento anual como sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori puede calificarse como un 09 de nota, no estoy siendo demasiado duro? Pensemos un poco que significa ese crecimiento del 2,2 por ciento anual. A ese ritmo ¿Cuánto nos hubiéramos demorado en alcanzar el nivel que tenía Corea del Sur en el 2000, suponiendo que ese país asiático se estancaba y dejaba de crecer? 71 años. Más de siete décadas. Más de lo que cualquier adulto puede esperar vivir. Difícil decir que ese es un resultado adecuado mínimamente aceptable. 09 está bien, ese resultado no califica ni para un 10.

RECORDANDO EL PRINCIPIO Y EL FIN

Recordemos además que los últimos años de Fujimori fueron bastante malos para la economía. En 1998 el PBI per capita cayó 2,1 por ciento, en 1999 volvió a caer otro 0,1 por ciento – peor que Dina. El 2000 no logró recuperar ni la mitad de la caída previa y el 2001 volvió a irse para abajo con un negativo de menos 0.6 por ciento. La construcción estaba aún peor: cayó 10 por ciento en 1999 y otro 7 por ciento el 2000. La inversión privada, esa variable que tanto resaltan los neoliberales admiradores del fujimorismo, al tercer trimestre del 2000, el último de Fujimori, había caído 22 por ciento menos en relación a cuatro años antes. No nos dejó con una economía creciendo, en alza y despegue, acelerándose; terminó con una economía recesada, desempleo creciendo y pobreza aumentando. No fue un crecimiento sostenido, fue parada de borrico.

Hay que revisar también como se dio el crecimiento antes de eso, en su primer quinquenio. Tampoco le fue bien al inicio. El PBI per capita cayó en 1990 (año compartido entre García y Fujimori) y aun así en 1991 no creció y en 1992 (el año del autogolpe) volvió a caer otro 2,5 por ciento. Cuando la economía peruana empezó a crecer fue recién en 1993 y 1994, luego de la captura de Abimael Guzmán y la cúpula senderista y el derrumbe de Sendero Luminoso. Ese hecho, que le debemos al GEIN y no a Fujimori, fue fundamental para que se detuvieran los “paros armados”, el transporte volviera a la normalidad, los negocios pudieran abrir sin miedo, se recuperara la confianza de los inversionistas y la economía volviera a crecer. Esto que es obvio suele ser dejado de lado por quienes defienden la política económica de Fujimori, su shock que empobreció a millones y aplastó sueldos y pensiones, y su política de “libre mercado” que nos dejó un transporte urbano desastroso e informalidad rampante.