29/08/2026
𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜́𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗘𝗫𝗜𝗚𝗘 𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗥, 𝗨𝗕𝗜𝗖𝗔𝗥 𝗬 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗥 𝗔 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗗𝗘𝗥𝗘𝗦𝗔 𝗗𝗘 𝗢𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗨́𝗡
La Defensoría del Pueblo expresa su profundo pesar y condena por el as*****to de la presidenta de la olla común “Virgen de Guadalupe”, del distrito de San Juan de Miraflores, quien, según información difundida por diversos medios de comunicación, habría sido víctima de actos de extorsión y perdió la vida tras recibir varios impactos de bala.
Este grave hecho evidencia una vez más el impacto de la criminalidad violenta y la extorsión sobre personas que cumplen una importante labor social en favor de las poblaciones más vulnerables. En este caso, la víctima era madre de cuatro niños y desarrollaba una labor solidaria destinada a brindar apoyo alimentario a familias en situación de pobreza y pobreza extrema.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo exige a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público desarrollar, con carácter prioritario y célere, todas las acciones de investigación necesarias para identificar, ubicar y capturar a los autores materiales del crimen, así como determinar la posible existencia de autores intelectuales y demás personas involucradas, a fin de que sean puestos a disposición de la justicia y este grave hecho no quede impune.
Asimismo, instamos al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú a fortalecer las acciones de inteligencia, prevención e investigación criminal frente a las organizaciones y personas dedicadas a la extorsión, especialmente cuando sus amenazas alcanzan a dirigentes de organizaciones sociales de base, comedores populares y ollas comunes.
Las autoridades competentes deben adoptar medidas específicas de prevención y protección para las personas que, por su condición de dirigentes o representantes sociales, se encuentren expuestas a amenazas, extorsiones u otras formas de violencia criminal.
En el marco de sus atribuciones constitucionales, la Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento de las actuaciones de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público en este caso, así como de las medidas preventivas y de protección que correspondan, exigiendo una respuesta estatal oportuna, articulada y efectiva.
La lucha contra la extorsión y la criminalidad violenta exige resultados concretos: identificar a los responsables, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia.