Procuraduría General de la República del Paraguay

La parte actora había promovido una demanda contencioso administrativa contra una resolución emitida por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La PGR detectó y denunció la caducidad de instancia, argumentando que la demandante no realizó ninguna actuación procesal desde la última petición o resolución que impulsara el procedimiento.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, declaró la caducidad de instancia del proceso. En este caso, la inactividad fue atribuida exclusivamente a la parte actora, quien incumplió con su deber de impulsar el proceso en el plazo legal establecido.

La Procuraduría General de la República, por instrucciones del Excelentísimo Señor Presidente de la República, Don Santiago Peña, participó de la Asamblea Ordinaria de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO S.A.), acto en el cual se designaron autoridades, a quienes deseamos el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

La PGR participó en el encuentro organizado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) para dialogar y consensuar sobre la aplicación de la Ley N.° 4251/10 de Lenguas.

Esta iniciativa busca consolidar espacios institucionales bilingües y garantizar el respeto a los derechos lingüísticos, reconociendo al guaraní como un pilar fundamental de la identidad cultural del país.

La Procuraduría General de la República participó del acto de asuncion al cargo del Comisario General César Roberto Silguero Lobos, como Comandante Interino de la Policía Nacional.

​La ceremonia estuvo presidida por el Excelentísimo Señor Presidente de la República, Don Santiago Peña, y autoridades nacionales.

​Desde la PGR, reafirmamos nuestro apoyo a la reforma y modernización de la Policía Nacional, apostando por una fuerza más eficiente al servicio de todos los paraguayos.

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La parte actora promovió una demanda contencioso administrativa contra el Decreto emitido por el Poder Ejecutivo (Ministerio de Defensa Nacional - MDN), el cual dispuso el cese de sus funciones.

Al contestar la demanda, la PGR sostuvo que:
- El demandante fue nombrado por decreto como Asesor del MDN, cargo considerado de confianza y de conducción política. Por tanto, este cargo no genera estabilidad y permite la remoción sin necesidad de sumario administrativo.
- En consecuencia, el acto emanado de la administración no puede ser calificado de arbitrario, ya que fue dictado conforme al marco legal vigente.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió no hacer lugar a la demanda, confirmando así la regularidad y validez del Decreto. El Tribunal determinó que el cargo en cuestión es de confianza y que el acto administrativo impugnado goza de plena legitimidad, al haber sido dictado por la autoridad competente y dentro del marco legal establecido.

La parte actora –argumentando su petición resarcitoria– alegó haber sido privado de su libertad de forma irregular, pues en el marco de un proceso penal fue absuelto.

En primera instancia la demanda fue admitida parcialmente, sin embargo, dicha resolución judicial fue revocada –íntegramente– por un Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial. Esta última decisión fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ante la máxima instancia judicial, la PGR sostuvo que:
- No existió responsabilidad estatal, dado que el actor fue absuelto por duda razonable (in dubio pro reo) y no por una inocencia manifiesta, requisito indispensable para la indemnización según la ley.
- Además, resaltó la carencia de pruebas idóneas que acreditaran los daños reclamados.

Finalmente, la máxima instancia judicial resolvió confirmar el fallo del Tribunal de Apelación, ratificando el rechazo de la demanda. La CSJ determinó que la demanda presentaba un obstáculo de fuste, ya que la imputación de responsabilidad directa al Estado fue errónea; en este caso, la responsabilidad estatal es indirecta y subsidiaria, mientras que la responsabilidad directa recae sobre el agente fiscal interviniente.

Con esta resolución judicial, se evitó un perjuicio patrimonial al Estado de G. 5.210.887.743, monto que comprende el capital reclamado, intereses y otros rubros.

Reunión interinstitucional entre la PGR y la Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a fin de analizar líneas de acción que fortalezcan la gestión jurídica del Estado.

La Procuraduría General de la República participó del acto de inauguración de las obras de reforma integral del Colegio Nacional de la Capital “Gral. Bernardino Caballero”.

El evento contó con la presencia del Presidente de la República, Don Santiago Peña y demás autoridades nacionales.

Desde la PGR reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento a iniciativas que impulsan la educación y el desarrollo del país. 🇵🇾

En esta celebración de Pascuas, la Procuraduría General de la República del Paraguay extiende sus más sinceros deseos de paz, esperanza y renovación a toda la ciudadanía.

Que este tiempo nos inspire a fortalecer nuestro compromiso con la justicia, la integridad y el servicio al país, trabajando unidos por un Paraguay más justo y solidario.

¡Felices Pascuas!

Reunión interinstitucional entre la PGR y representantes de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) con el propósito de colaborar en el desarrollo y optimización de sistemas informáticos.

La parte actora promovió una demanda contencioso administrativa contra las resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, mediante las cuales se le impuso una sanción por infringir la ley nacional de tránsito y seguridad vial.

Al contestar la demanda, la PGR sostuvo que:
- Las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente motivadas y fueron emitidas en estricto cumplimiento del marco legal vigente.
- El procedimiento administrativo sancionador respetó las garantías del debido proceso, asegurando al accionante el pleno ejercicio de su derecho a la defensa.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió rechazar la demanda y confirmar los actos administrativos, al concluir que los mismos fueron dictados conforme a derecho, respetando las disposiciones legales vigentes y sin presentar irregularidad alguna en la sustanciación del sumario.

La parte actora promovió una demanda contencioso administrativa contra la resolución del MIC que le impuso una multa. Dicha sanción se originó tras la negativa del accionante a permitir que los funcionarios del Ministerio fiscalizaran su establecimiento.

La PGR sostuvo que:
- En primer lugar, los funcionarios del MIC se encuentran plenamente facultados para inspeccionar establecimientos comerciales en el territorio nacional.
- En ese sentido, la negativa a permitir el ingreso de los fiscalizadores constituye una falta administrativa, la cual quedó debidamente acreditada en el sumario.
- Por lo tanto, al reunir el acto administrativo los elementos de regularidad y validez, el mismo debe ser confirmado.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió no hacer lugar a la demanda y confirmar la resolución ministerial al considerar que el acto administrativo impugnado se ajusta a derecho, ya que la administración actuó dentro de sus facultades para garantizar el cumplimiento de las normas y proteger a los consumidores.