En Voz Alta

o, nos movilizamos para visibilizar la vulneración de los derechos que afectan principios y garantías legales universales, como lo son la irretroactividad de la ley penal, la prescripción, la seguridad jurídica, el debido proceso, la aplicación de medidas de coerción y el sistema de libertades, entre otros, que padecen los militares, policías y civiles imputados por presuntos delitos ocurridos entre 1968 y 1985 y, por ende, todos nosotros. La imposibilidad de acceder a la carpeta investigativa a todos los indagados, por lo menos desde que la investigación se hace pública en los medios de comunicación.

2. Los procesamientos y formalizaciones que no atienden a las condiciones objetivas establecidas por Ley. La privación de libertad solo puede responder a una pena dictada por sentencia de condena y no como adelanto de pena.

3. Que ante las solicitudes de las defensas de aplicación de régimen de medidas alternativas a la prisión (como ser prisión domiciliaria) o de concesión de régimen de libertades, la fiscalía actuante se opone sistemáticamente sin justificar con hechos concretos las razones de su oposición.

4. Que no se sustituyen las medidas privativas de libertad ambulatorias por otras medidas de coerción limitativas de la libertad, como ser prohibición de salir del país, presentarse periódicamente ante la autoridad, prestación por sí o por un tercero de cauciones que garanticen el sometimiento al proceso, prohibición de abandonar el domicilio en determinados horarios, etc. Trabajamos unidos y organizados por la Libertad de los Prisioneros Políticos en Uruguay, para el regreso al imperio del estado de derecho indispensable para la democracia y República.